El condado de Arlington, en Virginia, ha demandado a la Administración del presidente Donald Trump para impedir que comiencen las obras de su arco monumental de 76 metros junto al Cementerio Nacional de Arlington hasta que se complete una evaluación ambiental adecuada.
La acción presentada ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia convierte a la Junta del Condado de Arlington en la primera administración pública que acude a los tribunales contra el proyecto. Hasta ahora, la oposición judicial procedía de tres veteranos y un historiador de la arquitectura, quienes sostienen en otro procedimiento que la construcción necesita autorización del Congreso.
La nueva demanda se dirige contra el Departamento del Interior, el Servicio de Parques Nacionales (NPS), el secretario del Interior, Doug Burgum, y Jessica Bowron, responsable con autoridad delegada de la dirección del NPS. Arlington está representado por su asesoría jurídica y por la organización Democracy Forward.
Una evaluación ambiental que el condado considera insuficiente
El litigio acusa al NPS de incumplir la Ley Nacional de Política Ambiental al examinar de forma superficial las consecuencias del arco. El condado solicita que el tribunal impida cualquier demolición, excavación o construcción mientras el organismo federal no complete el análisis exigido por la ley.
El Servicio de Parques Nacionales ha publicado una evaluación ambiental y una declaración según la cual el proyecto no produciría efectos significativos. El propio organismo reconoce, sin embargo, que ese documento no constituye una decisión ni una autorización definitiva.
Todavía quedan componentes pendientes, entre ellos el cumplimiento del procedimiento de protección del patrimonio histórico, la determinación de que el proyecto no perjudicará los recursos del parque y la aprobación final correspondiente. El NPS prevé emitir más adelante un documento de decisión independiente.
Arlington sostiene que la revisión federal no estudió con suficiente detalle las alternativas, las medidas de mitigación ni el impacto sobre los residentes. La demanda considera que la rapidez del procedimiento responde a las instrucciones de Trump y no a una evaluación ordinaria de las consecuencias del proyecto.
Tráfico, emergencias y seguridad aérea
El arco ocuparía más de 1390 metros cuadrados en Memorial Circle, una glorieta situada entre el extremo occidental del puente conmemorativo de Arlington y la entrada al cementerio militar. El lugar pertenece al Gobierno federal y se encuentra formalmente en Washington, pero está a pocos cientos de metros del condado demandante.
Según la documentación de Arlington, el corredor soporta un tráfico intenso de vehículos particulares, comerciales y de emergencia, además de peatones y ciclistas. El condado teme que las obras y el aumento de visitantes dificulten la circulación y el acceso de ambulancias y otros servicios al Cementerio Nacional de Arlington.
La altura también ha provocado objeciones relacionadas con el cercano Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Los técnicos del condado sostienen que la estructura superaría las limitaciones establecidas para proteger las operaciones aéreas. La Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA ha advertido, por su parte, de que el arco estaría situado bajo la trayectoria final de aproximación al aeropuerto.
La presidenta del sindicato, Sara Nelson, vinculó su preocupación con las cuestiones de seguridad que permanecen abiertas después del accidente ocurrido sobre el río Potomac en enero de 2025, en el que murieron 67 personas. El sindicato también cuestiona la propuesta de Trump de convertir la estructura en un complejo militar capaz de albergar drones, francotiradores y munición.
Un monumento de 76 metros en un eje histórico
Trump presentó el arco como una conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos. Con 76 metros de altura, equivaldría aproximadamente a un edificio comercial de 25 plantas y mediría más del doble que el monumento a Lincoln situado al otro lado del puente.
El emplazamiento forma parte del eje visual y ceremonial que conecta el monumento a Lincoln, el puente de Arlington, el cementerio militar y Arlington House. El NPS ha reconocido que la construcción podría causar efectos adversos sobre varias propiedades históricas, aunque mantiene que esos daños pueden gestionarse.
La Comisión de Bellas Artes concedió una aprobación inicial al diseño. Todos sus integrantes fueron designados por Trump. La Comisión Nacional de Planificación de la Capital todavía debe intervenir y tiene prevista una reunión para el 5 de noviembre, dos días después de las elecciones legislativas.
El proyecto ya se enfrentaba a una demanda de veteranos y familiares de militares enterrados en Arlington. Ese procedimiento se centra en la falta de autorización del Congreso. La reclamación del condado añade una vía distinta: los efectos ambientales y operativos que recaerían directamente sobre una comunidad vecina.
El primer contrapeso gubernamental al proyecto
El presidente de la Junta del Condado de Arlington, Matt de Ferranti, afirmó que su comunidad es la que más puede perder con el proyecto. El condado asegura que participó de buena fe durante meses en las consultas y que sus advertencias sobre seguridad, tráfico, patrimonio y calidad de vida no fueron atendidas.
La Casa Blanca y el Departamento del Interior no habían respondido inicialmente a las solicitudes de comentarios recogidas por The Associated Press. La demanda contiene las alegaciones del condado y no supone todavía que un juez haya declarado ilegal la construcción o haya ordenado paralizarla.
La acción judicial actualiza el conflicto abierto cuando Trump presentó el arco como un complejo militar equipado con drones, francotiradores y munición. Desde entonces, la oposición ha incorporado a veteranos, especialistas en conservación, trabajadores de la aviación y ahora al gobierno local más directamente afectado.
No existe una encuesta nueva que mida específicamente la demanda de Arlington. Como contexto, un estudio de Reuters/Ipsos, elaborado entre el 11 y el 14 de septiembre con 1143 adultos, situó en el 58 por ciento el rechazo al conjunto de proyectos de Trump que incluía el arco, el salón de baile de la Casa Blanca y la remodelación del estanque reflectante, frente a un 28 por ciento de apoyo. La pregunta agrupaba las iniciativas y no permite aislar la valoración del arco.
La proximidad de las elecciones del 3 de noviembre introduce un calendario especialmente estrecho. El tribunal deberá decidir si existe urgencia suficiente para suspender cualquier movimiento de tierras, mientras la principal aprobación urbanística pendiente está prevista para después de la votación. Hasta entonces, el proyecto continúa en fase administrativa y judicial, sin autorización final.
