La nueva entrega del Observatorio Trump analiza el pulso público que Donald Trump mantiene desde hace más de una semana con su propia fiscal federal en la capital, después de que ella retirara, por falta de pruebas, la acusación de vandalismo contra un exdeportista olímpico.
El caso se remonta al 19 de junio pasado, cuando agentes de la Policía de Parques acusaron a David Hearn, un excanoísta olímpico, de arrancar con las manos una parte del revestimiento del Estanque Reflectante, recién renovado por la Administración, y de continuar haciéndolo pese a que un empleado del Servicio de Parques Nacionales le pidió que parara. Un gran jurado lo acusó formalmente el 2 de julio de un delito grave de destrucción de propiedad. La fiscal Jeanine Pirro, exjueza y presentadora de Fox News nombrada por Trump para el cargo de fiscal federal del Distrito de Columbia, sostuvo en la comparecencia inicial, que contaba con «pruebas contundentes» de que Hearn había causado deliberadamente más de mil dólares en daños, el umbral que convertía el caso en delito grave y no en falta.
Pirro retiró a finales de julio esa única acusación grave. Según recoge PBS News, la propia Pirro reconoció en su escrito que resultaba difícil atribuir el daño a un acto de vandalismo «más allá de toda duda razonable», tras recibir información que su oficina no había tenido inicialmente.
El presidente no ha aceptado esa conclusión. Según ha informado NBC News, Trump acusó a Pirro de haber «cedido como un paraguas» y evitó en varias ocasiones garantizar que mantendría su puesto. El pasado fin de semana, el presidente elevó la presión publicando en su red Truth Social lo que presentó como el testimonio de un empleado del Servicio de Parques Nacionales, y añadió entre paréntesis una referencia a ActBlue, la plataforma de financiación demócrata, junto al nombre de Hearn, sin relación acreditada alguna con los hechos investigados. Según The Hill, Trump acompañó la publicación con nuevas fotografías que, a su juicio, prueban el vandalismo.
El episodio no enfrenta al Gobierno con la oposición demócrata, sino con una pieza de su propia estructura de justicia: el secretario del Interior, Doug Burgum, respaldó públicamente la versión del vandalismo, en contradicción directa con la conclusión alcanzada por los propios fiscales de Pirro. Los abogados de Hearn han ido más allá y han pedido a la jueza que archive el caso de forma definitiva, alegando que la Administración «ha demostrado repetidamente su disposición a presentar o reinstaurar cargos penales para satisfacer al presidente, con independencia de la ley o los hechos», según el escrito citado por NBC News.
Se trata de un caso inusual dentro del segundo mandato de Trump: una funcionaria designada por él y leal a su Administración se resiste, al menos por ahora, a doblegarse ante la presión presidencial directa sobre una decisión de fiscalía concreta. Es, en ese sentido, un ejemplo de la resistencia democrática que este Observatorio distingue de la oposición partidista formal: no interviene aquí el Partido Demócrata, sino el propio aparato de justicia designado por el presidente, actuando —de momento— conforme a la evidencia disponible.
El desenlace, con la continuidad de Pirro en el cargo aún en el aire, se produce mientras las encuestas de opinión pública siguen situando la confianza en la independencia del sistema judicial como uno de los indicadores más vigilados de cara a las midterms del 3 de noviembre de 2026: los electores que valoran los controles institucionales frente al Ejecutivo constituyen un bloque cuyo comportamiento en las urnas los analistas consideran clave para el resultado final.
- Pie de foto: Estanque reflectante y monumento a Lincoln en Washington
