Dirigentes republicanos se han sumado a las críticas contra tres anuncios protagonizados por Donald Trump y financiados por el Gobierno estadounidense. La campaña supera los 1,4 millones de dólares, según AdImpact, pero la Casa Blanca no ha identificado qué organismo aporta los fondos. Expertos y legisladores cuestionan su posible carácter partidista a cinco semanas de las elecciones legislativas.
Dirigentes republicanos se han sumado a las críticas contra tres anuncios protagonizados por Donald Trump y financiados por el Gobierno estadounidense. La campaña supera los 1,4 millones de dólares, según AdImpact, pero la Casa Blanca no ha identificado qué organismo aporta los fondos. Expertos y legisladores cuestionan su posible carácter partidista a cinco semanas de las elecciones legislativas.
Los mensajes comenzaron a emitirse el miércoles 23 de septiembre en cadenas nacionales, canales por cable, plataformas digitales y retransmisiones deportivas. Los tres terminan con la indicación «Pagado por el Gobierno de Estados Unidos».
El primero intercala imágenes de Trump con mensajes sobre rebajas fiscales, industria, orden público y lucha contra el comunismo. El segundo utiliza escenas nocturnas del monte Rushmore y fragmentos del discurso pronunciado por el presidente durante las celebraciones del 250 aniversario del país.
El tercero ha aumentado la controversia porque es prácticamente idéntico a un anuncio de la campaña republicana de 2024. Presenta a Trump caminando por un pasillo mientras su voz advierte de una «batalla final» contra los «globalistas» y los «belicistas».
La Casa Blanca los define como anuncios de servicio público
La Casa Blanca rechaza que se trate de propaganda electoral. Argumenta que Trump no figura como candidato en las elecciones del 3 de noviembre, que los anuncios no solicitan el voto y que su propósito consiste en recordar a los ciudadanos por qué deben defender el país.
La Administración también ha divulgado ejemplos de mensajes institucionales emitidos durante presidencias anteriores. Entre ellos cita la publicidad de George W. Bush sobre la reforma de Medicare, la promoción de las ayudas del Obamacare durante el mandato de Barack Obama y los anuncios de vacunación contra la covid-19 difundidos por el Gobierno de Joe Biden.
La diferencia señalada por los críticos es que aquellas campañas explicaban programas públicos concretos o informaban sobre prestaciones y medidas sanitarias. Los tres anuncios actuales se concentran en la figura del presidente y no indican cómo acceder a un servicio gubernamental.
La legislación prohíbe financiar propaganda partidista
La sección 718 de la ley presupuestaria de 2026 impide utilizar fondos aprobados por el Congreso para publicidad o propaganda dentro de Estados Unidos sin autorización legislativa. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, GAO, ha establecido además que el dinero público no puede destinarse a una campaña general diseñada para favorecer a un partido o a sus candidatos.
Ese criterio no impide que los organismos federales expliquen sus políticas y defiendan su actuación. La frontera jurídica depende del contenido, la finalidad, la identificación de la fuente y la relación del mensaje con las funciones oficiales del organismo que lo financia.
Por tanto, las críticas de legisladores y especialistas no equivalen todavía a una resolución que declare ilegales los anuncios. No consta un dictamen de la GAO, una auditoría concluida ni una decisión judicial sobre esta campaña concreta. Tampoco se conoce la partida presupuestaria empleada, una información necesaria para valorar si el gasto se ajusta a su finalidad autorizada.
Los principales demócratas de las comisiones de asignaciones presupuestarias de ambas cámaras remitieron el 24 de septiembre una carta a la jefa de Gabinete de la Casa Blanca. Exigieron la retirada de los anuncios, una relación completa de los gastos y medidas disciplinarias contra los empleados que hubieran autorizado su producción y emisión.
Las críticas alcanzan a la dirección republicana
La novedad política reside en que el rechazo ha superado las filas demócratas. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó que los anuncios «no deberían pagarse con dinero de los contribuyentes».
El senador republicano Mike Rounds, quien forma parte de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, declaró que no habría impulsado una campaña semejante. El también republicano John Kennedy sostuvo que ningún cargo público debería emplear fondos estatales para promocionarse.
Las objeciones no han provocado por ahora la apertura de una investigación parlamentaria. Los republicanos controlan la Cámara de Representantes y el Senado, por lo que una fiscalización formal antes de las elecciones dependería de que dirigentes del propio partido decidieran convocar audiencias o solicitar una revisión de la GAO.
La controversia se incorpora a la disputa más amplia sobre el control del presupuesto. El Observatorio Trump informó el 26 de septiembre de que el presidente había intentado retirar 810 millones de dólares aprobados por el Congreso. En ambos casos, el contrapeso depende de la capacidad de las cámaras y los órganos fiscalizadores para determinar cómo utiliza el Ejecutivo los fondos públicos.
Elecciones del 3 de noviembre
Trump no aparece en las papeletas del 3 de noviembre, pero su imagen y su agenda ocupan el centro de la campaña republicana. La similitud entre uno de los anuncios gubernamentales y una pieza electoral de 2024 plantea si el dinero público está reforzando indirectamente el mensaje del partido que intenta conservar el control del Congreso.
No existe una encuesta que mida específicamente la reacción ciudadana a estos tres anuncios. El último sondeo nacional de Reuters/Ipsos sitúa la aprobación general de Trump en el 32 por ciento, el nivel más bajo de sus dos mandatos. Entre los votantes registrados, los demócratas aventajan a los republicanos por 43 a 35 por ciento en la preferencia genérica para el Congreso.
Como explicó la entrega sobre la caída de la aprobación presidencial y el malestar por el coste de la vida, una medición nacional no permite proyectar directamente el reparto de escaños. La controversia publicitaria puede adquirir relevancia electoral si mantiene unidas las críticas demócratas y amplía la fisura republicana sobre el uso de los recursos públicos.
