Las demandas que han llevado a miles de personas a movilizarse por la vivienda encuentran una respuesta parcial en los reales decretos-leyes 28 y 29 de 2026. Aquí Madrid defiende su convalidación porque incorporan protecciones concretas para los hogares. Su insuficiencia obliga a mejorarlos y a exigir su cumplimiento.
Después de leer los dos análisis de Antonio Vallespín publicados en Aquí Madrid y examinar los textos de los decretos, considero necesario fijar nuestra posición editorial: los diputados de la Diputación Permanente deberían votar a favor de ambos.
Defiendo ese voto por sus consecuencias para las personas. Porque una familia necesita saber si podrá seguir viviendo en su casa. Porque quien envejece necesita conservar su entorno y sus cuidados. Porque un joven necesita alguna certeza para organizar su vida. Y porque perder la vivienda puede desencadenar daños que ninguna ayuda posterior consigue reparar por completo.
La acampada de la Puerta del Sol, surgida tras la manifestación contra el desahucio de Maricarmen Abascal, puso esas necesidades en el centro del debate. Sus reivindicaciones tienen una expresión concreta: continuidad de los contratos, protección frente a los desahucios sin alternativa habitacional, contención de las rentas y garantías para quienes alquilan habitaciones o encadenan contratos de temporada.
Los decretos responden a una parte de esas demandas. Explicar qué ofrecen y dónde se quedan cortos permite defenderlos con honestidad.
La estabilidad de un hogar merece protección
Como explica Vallespín en su análisis del decreto 28, la norma refuerza la continuidad de los alquileres de vivienda habitual. Tras el plazo mínimo, establece renovaciones sucesivas de cinco años, o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica, salvo comunicación de no prórroga en los plazos previstos.
Si el propietario decide no continuar, deberá, como regla general, indemnizar al inquilino. El importe será el mayor entre doce mensualidades y una por cada año de residencia, calculadas conforme a la referencia que establece la norma.
Esto reconoce algo que demasiadas veces queda fuera de la cuenta: una mudanza impuesta tiene costes económicos y personales. Cambian los desplazamientos al trabajo, la relación con el colegio, la proximidad de los familiares y la posibilidad de recibir cuidados.
El decreto no establece el contrato indefinido que reclama el movimiento. El propietario conserva la posibilidad de no renovar, generalmente pagando, y existen causas que excluyen la indemnización. Además, la entrada en vigor está prevista para el 15 de noviembre y el régimen transitorio preserva determinados preavisos anteriores.
Estas limitaciones importan. Pero también importa la mejora: la continuidad recibe más protección y la decisión de terminar la relación deja de carecer, por regla general, de compensación para el hogar afectado. [Real Decreto-ley 28/2026]
La administración debe actuar antes del desalojo
El análisis de Vallespín sobre el decreto 29 permite comprender la otra parte del problema: qué ocurre cuando una persona vulnerable puede perder su vivienda y carece de alternativa.
La norma contempla distintos mecanismos de suspensión, según el procedimiento y el demandante. No impide todos los desahucios ni protege de la misma manera a todos los hogares.
En determinados procedimientos por impago introduce una obligación especialmente relevante: acreditada la vulnerabilidad, la administración competente dispone de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o pagar o consignar las cantidades previstas. Si no lo hace, pasa a ocupar la posición deudora del inquilino y no procede el lanzamiento, manteniéndose el contrato hasta su expiración mientras persista la vulnerabilidad.
Aquí hay una respuesta directa a lo que reclama la calle: la intervención pública debe llegar antes de que la persona se quede sin hogar.
También hay límites que debemos explicar. La suspensión del artículo 2.2 puede finalizar por distintas causas y tiene una duración máxima de tres años; además, la vulnerabilidad del demandado no prevalece cuando el demandante es una persona física titular de dos viviendas o menos. Esa salvedad pertenece a dicho régimen y no debe confundirse con el mecanismo específico para determinados impagos.
Defender estas protecciones exige reclamar financiación, coordinación y capacidad de respuesta. Un derecho cuya aplicación se pierde entre informes y administraciones ofrece poca seguridad a quien tiene una fecha de desalojo.
Por respeto a la precisión, tampoco debemos asegurar que el decreto habría evitado el desahucio de Maricarmen sin conocer y examinar su expediente judicial. Su caso nos interpela; la conclusión jurídica necesita documentación.
Las garantías deben alcanzar a habitaciones y contratos temporales
El decreto 29 incorpora medidas relacionadas con otras experiencias que alimentan la movilización.
Incluye el alquiler de habitaciones en la definición de arrendamiento de vivienda habitual. Exige que los contratos temporales respondan a una causa real, expresa y acreditable, cuya prueba corresponde al arrendador. Refuerza la prohibición de cobrar al inquilino gastos de gestión inmobiliaria y formalización e impide exigirle seguros de impago.
También regula, bajo condiciones, la posibilidad de ejecutar reparaciones necesarias y descontar su coste de rentas futuras después de requerir al propietario y cumplir el procedimiento establecido.
Son garantías que afectan a la vida diaria: disponer de una vivienda habitable, conocer los gastos exigibles y evitar que una etiqueta contractual prive de derechos a quien vive de forma permanente en un inmueble.
En materia de precios, la respuesta es parcial. No hay una congelación general ni una reducción obligatoria del cincuenta por ciento de los alquileres. La limitación extraordinaria de las actualizaciones contempla supuestos sin incremento y, en los demás casos, un nuevo pacto entre las partes o, si no existe, un máximo del dos por ciento hasta finales de 2027. Los topes generales de renta inicial de los artículos 17.6 y 17.7 dependen de la declaración de zona tensionada.
El decreto añade una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos que cumplan sus requisitos y medidas para ampliar la vivienda asequible. No contempla la expropiación general de las viviendas de los fondos. [Real Decreto-ley 29/2026].
Razones de humanidad para un voto favorable
Nuestra posición se apoya en valores que pueden compartir diputados de distintas ideologías.
La dignidad. Una persona vulnerable merece una respuesta pública que evite daños previsibles cuando pierde su hogar.
La estabilidad familiar. Permanecer en una vivienda permite sostener la escolarización, el trabajo y los cuidados. Quienes defienden a las familias tienen aquí una oportunidad concreta de protegerlas.
La seguridad jurídica. Aclarar las obligaciones de propietarios, inquilinos e intermediarios favorece relaciones más previsibles y protege también a quienes cumplen las reglas.
La responsabilidad pública. La emergencia residencial requiere que las administraciones asuman obligaciones y costes. Los mecanismos de pago y compensación deben funcionar para que la protección sea efectiva.
La propiedad y su función social. La Constitución reconoce la propiedad privada y establece que su función social delimita su contenido. También encomienda a los poderes públicos promover una vivienda digna e impedir la especulación. Ese marco permite discutir medidas proporcionadas sin convertir cada protección del inquilino en una descalificación del propietario. [Constitución, artículos 33 y 47].
La responsabilidad por las consecuencias del voto. Quien rechace los decretos debería explicar qué alternativa concreta ofrecerá las protecciones que contienen y cuándo estará disponible. La crítica necesita hacerse cargo de los hogares que quedan esperando.
Convalidar y exigir resultados
Las dudas sobre constitucionalidad, financiación y efectos económicos merecen un examen serio. La invocación de valores humanos no resuelve por sí sola todas las objeciones jurídicas. Tampoco la convalidación garantiza que las medidas se ejecuten bien.
Por eso nuestra defensa del voto favorable incluye una exigencia: recursos suficientes, información accesible, aplicación efectiva y evaluación pública de los resultados. También reformas que atiendan a quienes quedan fuera.
Los dos decretos se complementan. El 28 refuerza la continuidad del alquiler; el 29 incorpora medidas frente a determinados desahucios y abusos contractuales, junto con instrumentos para ampliar la vivienda asequible. Su convalidación preservaría ambas vías de protección.
Aquí Madrid seguirá examinando sus carencias y el comportamiento de las administraciones responsables. Esa vigilancia forma parte de la posición que defendemos.
Los diputados de la Diputación Permanente tienen ante sí una decisión que alcanza a la vida de muchas personas. Les pedimos que voten a favor de ambos decretos y que asuman después la obligación política de exigir resultados.
La dignidad, la estabilidad de las familias y el cuidado de las personas vulnerables son valores que nuestros representantes invocan con frecuencia. Esta votación ofrece una oportunidad para darles consecuencias concretas.
