El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha pedido a España que adopte políticas públicas para combatir la llamada violencia obstétrica, que incluye malos tratos y abusos verbales y físicos a las mujeres embarazadas.
Las mujeres no deberían experimentar un trato abusivo y discriminatorio, señala este grupo de expertos en derechos humanos, que examinaron la denuncia de una parturienta sometida a intervenciones médicas innecesarias, en un caso visto también por los tribunales españoles, donde la mujer enfrentó estereotipos de género y discriminación.
Los expertos en derechos humanos de ese Comité respondieron a una queja presentada por una mujer de la localidad española de Lugo que fue sometida a intervenciones médicas innecesarias durante el parto de su hija, incluida la inducción al parto sin aparente justificación.
La mujer llegó al hospital para un chequeo con 39 semanas y seis días de embarazo y tenía contracciones irregulares, pero aún no había entrado en trabajo de parto. A pesar de ello, el personal médico decidió inducírselo.
El Comité concluyó que “cuando llegó al hospital no existía ninguna emergencia y, sin embargo, desde el momento en que fue admitida, se le sometió a numerosas intervenciones sobre las cuales no recibió ninguna explicación”. Además, no se le pidió su consentimiento.
Su hija permaneció siete días en la unidad de neonatología para ser tratada por una infección que, según argumentaron las abogadas de la mujer, podría haber sido causada por las intervenciones médicas excesivas e inadecuadas.
La víctima llevó su caso a los tribunales en España, pero, según las conclusiones del Comité, se enfrentó a estereotipos de género y discriminación durante todo el proceso judicial.
“Es hora de poner fin a la violencia obstétrica. Las mujeres no deberían experimentar un trato abusivo y discriminatorio durante el parto”, aseguró Gladys Acosta Vargas, vicepresidenta del Comité.
El Comité insta a España a proporcionar a la mujer una reparación apropiada por el daño que sufrió a su salud física y psicológica.
También pide a España que brinde a los profesionales de salud y operadores de la justicia una capacitación profesional adecuada en materia de derechos de salud sexual y reproductiva, y que se garantice el acceso a procedimientos legales efectivos en casos de violencia obstétrica.
Recomendaciones
El Comité, con sede en Ginebra, hizo otras recomendaciones a España, entre ellas:
- asegurar los derechos de la mujer a una maternidad sin riesgo y el acceso de todas las mujeres a una atención obstétrica adecuada;
- proporcionar a la mujer información adecuada en cada etapa del parto y requerir su consentimiento libre, previo e informado, en todos los tratamientos invasivos durante la atención al parto, excepto en situaciones en las cuales la vida de la madre o el bebé esté en riesgo, respetando la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva;
- evaluar la violencia obstétrica en el Estado que permita visibilizar la situación y así orientar las políticas públicas de lucha contra dicha violencia;
- asegurar el acceso a recursos eficaces en los casos en que los derechos de salud reproductiva de la mujer hayan sido violados, incluido en casos de violencia obstétrica
“Confío en que España tomará muy seriamente las recomendaciones formuladas en el dictamen, y que su amplia difusión promoverá cambios sustanciales en los protocolos de atención médica en muchos países”, dijo Acosta Vargas.
