1. El hecho desnudo
La pieza anterior cerraba con un coste que ningún superávit confiesa: no el de gastar de menos en lo que ya existe, sino el de construir de cero lo que el crecimiento exige. Ese coste tiene un nombre poco vistoso y una dirección exacta. El nombre es depuradora; la dirección, Valdemoro.
Valdemoro tiene hoy 93.000 habitantes. Es una cifra que conviene retener, porque todo lo que sigue se mide contra ella. El municipio, uno de los grandes del sur metropolitano, lleva dos décadas creciendo a buen ritmo, y los planes urbanísticos hoy en marcha lo encaminan a unos ciento cincuenta mil habitantes. No es doblar la población: es un 50 por ciento más, unos cincuenta y siete mil vecinos nuevos sobre los que ya viven aquí.
Conviene, de entrada, poner esa cifra en su sitio. No es una aspiración de despacho ni un eslogan: son los planes urbanísticos hoy vigentes y tramitados los que, sumados, encaminan a Valdemoro hacia esos ciento cincuenta mil habitantes en las próximas dos décadas. Es un salto considerable —un 50 por ciento sobre la población actual— y, a la vez, un salto que consta en expedientes públicos, que se puede rastrear plano a plano. No hace falta recurrir a las cifras míticas que circularon en la etapa que la trama Púnica dejó marcada en el municipio —nunca formalizadas ni sometidas a información pública— para que el problema aparezca: basta con el crecimiento que ya está aprobado y en marcha.
Pero ese crecimiento, por más que conste en los planos, comparte un punto ciego con cualquier otra cifra que se maneje. No puede materializarse sin una infraestructura concreta, poco vistosa y de la que casi nunca se habla en los anuncios de crecimiento: una depuradora. Cada vecino nuevo que llega a Valdemoro no solo abre un grifo; también tira de una cadena, y esa agua sucia tiene que ir a algún sitio, tratarse y devolverse a un río. Sin capacidad de depuración no hay crecimiento posible; es tan simple y físico como eso.
Y aquí está el hecho desnudo, el que ordena todo este reportaje: la depuradora que Valdemoro necesita para crecer está prevista desde 2004 y, veintidós años después, sigue sin construirse. No es un proyecto reciente que vaya con retraso. Es una infraestructura que lleva más de dos décadas en los papeles, cambiando de ubicación, sorteando sentencias y acumulando plazos «indeterminados», mientras el municipio al que debe dar servicio no ha dejado de crecer ni un solo año. Valdemoro lleva veinte años añadiendo vecinos a cuenta de una depuradora que no existe.
Mientras esa infraestructura definitiva no llega, el municipio depura como puede. Sus aguas residuales van a parar a la estación de Soto Gutiérrez, en el vecino Ciempozuelos, una planta que Valdemoro comparte con dos municipios más y que su propio expediente urbanístico reconoce, sin rodeos, «al límite de su capacidad». Y para que los nuevos desarrollos logísticos puedan arrancar sin esperar a la depuradora que no llega, se recurre a un parche que dice más que cualquier denuncia: una depuradora «compacta provisional» dimensionada para apenas dos mil habitantes equivalentes, una tirita sobre una herida que necesita cirugía.
Este es el retrato de partida, y es el de una contradicción física, no ideológica. Un municipio que quiere sumar la mitad de su población actual sobre una infraestructura de saneamiento que lleva veinte años sin construirse, que hoy depura fuera de su término en una planta saturada y que tapa el hueco con soluciones provisionales. Cómo se ha llegado hasta aquí, por qué esa depuradora no se ha construido nunca y qué dice todo ello sobre el crecimiento que se proyecta para el conjunto de la Comunidad de Madrid es lo que cuentan las páginas que siguen.
2. Las dos fases del bloqueo
Cuando una obra pública lleva veintidós años sin construirse, la explicación cómoda es la desidia: la Administración es lenta, los trámites eternos, el dinero escaso. Pero en el caso de la depuradora de Valdemoro esa explicación es falsa, o más bien insuficiente, porque el bloqueo no ha sido pasivo. Ha tenido dos fases muy distintas, y conviene separarlas, porque cada una dice una cosa diferente sobre cómo se planifica el crecimiento en esta región.
La primera fase es de inviabilidad ambiental, y dura once años. Cuando el Plan General de 2004 dibujó dónde iría la futura depuradora, la situó sobre los terrenos de El Espartal, un paraje del término municipal con valores naturales protegidos. No fue una elección pacífica. Cuando en octubre de 2011 la Comunidad de Madrid otorgó al proyecto su Declaración de Impacto Ambiental favorable, lo hizo despachando de un plumazo las 264 alegaciones que se habían presentado en contra. Y esa firma no cerró el conflicto: lo llevó a los tribunales.
Lo que vino después es la columna vertebral de esta historia. En 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estimando en parte un recurso de Ecologistas en Acción, anuló la reclasificación de varios suelos protegidos de Valdemoro que el Plan General de 2004 había recalificado para poder urbanizarlos, El Espartal entre ellos.
El Ayuntamiento recurrió, y en 2015 el Tribunal Supremo confirmó la anulación. Conviene ser exacto con el motivo, porque es donde reside la fuerza del argumento y también su honestidad: los tribunales no anularon nada por razones de agua ni de depuración. Anularon porque la recalificación de aquellos suelos protegidos se había hecho sin justificar, finca por finca, la pérdida de sus valores naturales; el informe ambiental era genéricamente favorable, pero no razonaba caso por caso. Fue una anulación por el suelo, no por el río.
El efecto, sin embargo, cayó de lleno sobre la depuradora. Al devolver El Espartal a la condición de suelo protegido, la sentencia dejó a la futura estación depuradora sin un emplazamiento legal donde asentarse: el sitio elegido en 2004 había quedado, por resolución firme del Supremo, fuera del alcance del urbanizador.
A la vez, y por una vía distinta, el propio estudio de impacto de la depuradora recibía reproches de peso: el Defensor del Pueblo respaldó a los ecologistas y trasladó al Canal de Isabel II la exigencia de subsanar las deficiencias con que aquel estudio había valorado los hábitats de interés comunitario, y el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo llegó a hacer seguimiento del asunto y a estudiar ubicaciones alternativas.
Una depuradora sobre suelo protegido, con la reclasificación anulada por el Supremo, un estudio de impacto cuestionado por el Defensor del Pueblo y el caso viajando a Bruselas: eso es inviabilidad ambiental en sentido estricto. No un capricho ni una lentitud, sino un proyecto mal concebido desde su origen, sobre el sitio equivocado, y al que la justicia y las instituciones de garantía fueron señalando, uno tras otro, que allí no podía ir.
Hasta aquí, la primera fase. Y aquí es donde el relato tiene que ser justo, porque lo que viene después ya no es inviabilidad, y confundirlo sería injusto y atacable. Resuelto por fin que la depuradora no podía ir a El Espartal, se abrió un proceso de consenso —un Consejo Asesor Municipal de Medio Ambiente en el que se sentaron el Ayuntamiento, el Canal, los grupos políticos y los propios ecologistas— del que salió una ubicación alternativa, junto al arroyo de la Cañada, pensada además para contribuir a la recuperación de ese cauce.
Es decir, hacia mediados de la década pasada el obstáculo ambiental estaba salvado y el emplazamiento, pactado. La depuradora tenía por fin un sitio viable y un acuerdo amplio detrás.
Y, sin embargo, diez años después sigue sin construirse. Esta es la segunda fase, y ya no es ambiental: es de pura inacción. Resuelto el dónde, desaparecido el conflicto, la obra no ha arrancado. A fecha de 2026, la depuradora propia de Valdemoro continúa «en fase de proyecto», con un plazo de ejecución que el propio Ayuntamiento califica de «indeterminado» y sobre el que admite, sin ambages, que «no hay tiempo» para tenerla lista al ritmo que el desarrollo urbano exige. Por eso, mientras tanto, se recurre a las depuradoras «provisionales».
Veinte años, entonces, en dos actos. Primero, una década larga perdida por haber colocado la infraestructura sobre un suelo que no la admitía, empeñándose contra alegaciones, sentencias e instituciones en un emplazamiento inviable. Después, otra década perdida por no construirla en el sitio que sí la admitía, una vez que ya no había excusa ambiental.
La primera fase revela cómo se planifica: forzando el sitio, despachando alegaciones, confiando en que los tribunales no lleguen. La segunda revela algo más incómodo: que incluso cuando el problema está resuelto y el consenso alcanzado, la infraestructura básica del crecimiento no se ejecuta, porque nunca es la prioridad. Y en ambas fases, sin excepción, hay una constante: el municipio no ha dejado de crecer ni un año, sumando vecinos sobre una depuradora que en 2004 estaba mal ubicada y en 2026 sigue sin existir.
3. El invitado que nadie invitó
Hasta aquí, la historia parece la de un retraso: una depuradora mal ubicada, unas sentencias, una década de inacción. Si fuera solo eso, tendría fácil arreglo —bastaría construirla de una vez en el arroyo de la Cañada y asunto resuelto—. Pero hay una razón más honda por la que esta infraestructura se resiste, y es la que convierte el caso de Valdemoro en algo más que una anécdota de mala gestión local. Porque, aunque la depuradora se construyera mañana, con la mejor tecnología y en el sitio pactado, el problema de fondo seguiría intacto.
Ese problema es el agua sucia, y es el invitado que no aparece en ninguna lista de convocados. En los folletos del crecimiento, en los planes parciales, en los anuncios de nuevos barrios y polígonos, se habla de viviendas, de empleo, de suelo, de conexiones. Del retorno de las aguas residuales no se habla nunca; es el convidado que nadie menciona. Y, sin embargo, se presenta siempre, puntual, porque lo trae la física: cada persona que llega a vivir a un sitio produce, todos los días, su caudal de aguas fecales, y ese caudal hay que verterlo a algún río. No es opcional, no se puede posponer y no admite racionamiento. Se le invite o no, se sienta a la mesa.
Aquí está la asimetría que casi nadie ve, y que es la clave de todo. El agua que entra en una ciudad y el agua que sale no son simétricas frente al río. La que entra, la de beber, se puede racionar: cuando aprieta la sequía, se corta el riego de parques, se prohíbe llenar piscinas, se pide reducir el consumo, y la demanda baja.
La que sale, no. Un municipio de cien o de ciento cincuenta mil habitantes genera su vertido los trescientos sesenta y cinco días del año, en invierno y en agosto, en año húmedo y en año seco. El inodoro no cierra en verano. Y es precisamente en verano cuando el río al que se vierte lleva menos agua. De modo que el estiaje encadena la peor combinación posible: el caudal del río se desploma justo cuando el volumen de aguas residuales que recibe sigue siendo el mismo. Lo que en primavera era un vertido diluido en un río caudaloso, en agosto es un río escuálido cargado con una proporción cada vez mayor de agua que ya pasó por las cloacas.
Y este es el punto donde hay que ser preciso, porque es lo que distingue un argumento sólido de una consigna. El problema no es que el agua «no quepa» en el río; hidráulicamente cabe, el cauce se la traga. El problema es la carga: lo que ese vertido lleva dentro. Porque una depuradora, por buena que sea, no devuelve agua pura.
Devuelve agua tratada, que es otra cosa: con la materia orgánica reducida, sí, pero todavía con nitrógeno, con fósforo, con restos que el tratamiento convencional no elimina. Ese efluente es inofensivo si hay agua limpia de sobra para diluirlo, y se vuelve tóxico si no la hay. La capacidad de un río para recibir aguas depuradas no depende, por tanto, de la depuradora: depende del caudal del propio río. Y ahí está el invitado que nadie invitó en su forma más incómoda: no lo resuelve construir una depuradora, porque la depuradora trata el agua, pero no fabrica el río que ha de diluirla.
Se dirá —y es cierto— que cada nuevo plan, también el del I-4, incluye su propia previsión de depuración. Pero conviene no confundir tres cosas. Una es depurar, que esos planes prevén. Otra es verter sin dañar, que ninguno resuelve, porque el agua tratada acaba en el mismo río que ya no la puede diluir.
Y la tercera es que una depuradora dibujada sobre un plano no es una depuradora construida: la estación depuradora municipal de Valdemoro también está «prevista», y lleva veintidós años siéndolo. Que cada desarrollo deba resolver su saneamiento con una planta «provisional» de dos mil habitantes equivalentes, a la espera de una infraestructura definitiva que no llega, no prueba que el sistema funcione: prueba que no está, y que cada promotor improvisa su parche mientras tanto. Prever es barato —es un trazo en un plano—; construir es lo que no ocurre.
Por eso Valdemoro no tiene un problema de calendario, sino de fondo. Se puede discutir cuándo se construirá la depuradora del arroyo de la Cañada; lo que no se discute es a dónde verterá cuando exista.
Y verterá, como todo el saneamiento del sur metropolitano, a la cuenca del Jarama y el Tajo, que —como veremos— hace tiempo que dejó de tener agua limpia de sobra. El parche de las depuradoras «provisionales» cobra aquí su verdadero sentido: no son solo una solución transitoria de capacidad, son la prueba de que se está autorizando a verter antes de haber resuelto si el río puede recibir el vertido. Se sienta a más invitados a la mesa sin haber comprobado si queda comida.
Conviene decirlo sin dramatismo, porque el dato basta: existen maneras de tratar el agua mucho mejor —tratamientos avanzados que retiran esos nutrientes, sistemas de reutilización que evitan verterla al río—, y las examinaremos más adelante, porque forman un capítulo propio.
Pero adelantemos su conclusión, que aquí importa: todas existen, todas funcionan y todas son caras, y ninguna figura en el presupuesto con el que se aprueba un nuevo desarrollo. El coste de tratar el agua sucia hasta el punto de que el río la admita no está en el escandallo de los ciento cincuenta mil habitantes de Valdemoro, ni en el de los ocho millones de la región. Es el invitado que nadie invitó y, por tanto, aquel para el que nadie ha puesto un plato.
4. El río artificial
Todo lo dicho hasta ahora es razonamiento: si se vierte mucho a un río que lleva poca agua, la carga se concentra. Suena a advertencia sobre el futuro. No lo es. En Madrid ya ha ocurrido, y hace tiempo. El río al que Valdemoro vierte —directamente o a través de sus vecinos— no es un río natural al que estemos a punto de forzar: es, en gran medida, un río que ya está hecho de agua depurada.
El dato es contundente y conviene dejarlo caer sin adornos. El Jarama, que recoge el grueso de las aguas residuales de la región, baja hoy con cerca del noventa por ciento de su caudal procedente de las depuradoras que vierten en él y en sus afluentes, el Manzanares, el Henares, el Guadarrama.
Es decir, de cada diez litros que lleva el Jarama, nueve han salido antes de una estación depuradora. El río no es el que diluye el vertido: el río es, casi por entero, el vertido. Y cuando ese Jarama se encuentra con el Tajo en Aranjuez, le aporta un volumen de aguas de origen residual que supera con creces el caudal propio del Tajo en ese punto. La confluencia se ve a simple vista: el Tajo llega con un tono verdoso y, aguas abajo del encuentro, se vuelve pardo. Un río que tiñe a otro.
Esto es lo que significa, con números, que un río «se vuelva efluente». No que muera, no que desaparezca: que cambie de naturaleza. Deja de ser un cauce natural que ocasionalmente recibe un vertido y pasa a ser un colector a cielo abierto que ocasionalmente recibe agua de lluvia. La proporción se ha invertido hasta tal punto que el efluente ya no es el huésped del río, sino su sustancia principal. Y todo esto —conviene subrayarlo, porque es el corazón del argumento— con la población actual.
Antes de sumar un solo vecino de los que Valdemoro y los demás desarrollos del sur proyectan. El río llegó a su condición de efluente sin necesidad de esos vecinos nuevos; el crecimiento no abriría esa puerta, la encontraría ya abierta y la empujaría más.
Aquí aparece el pasivo que ningún proyecto contabiliza, y merece explicarse despacio, porque no es una negligencia puntual, sino una falla de diseño del propio sistema de permisos. Cuando se autoriza el vertido de una depuradora, la autorización mira a esa depuradora y solo a esa: fija los límites que ese efluente concreto debe cumplir.
Y una planta puede cumplir escrupulosamente los suyos —ser, en sus papeles, una depuradora modélica— mientras el río al que vierte, sumados todos los efluentes que recibe de todas las plantas de la cuenca, incumple con holgura el buen estado ecológico que exige la Directiva Marco del Agua. Lo demostró la tesis doctoral de Antonio Bolinches: aun cumpliendo cada depuradora madrileña sus límites individuales, el tramo medio del Tajo no alcanzaría el buen estado, porque la norma regula el vertido de cada planta por separado y es ciega al efecto acumulado.
Cada promotor presupuesta el coste de construir su depuradora; ninguno, el de que el río no pueda absorber lo que esa depuradora, sumada a todas las demás, le echa encima. El daño no tiene dueño ni partida presupuestaria. Es común —lo hereda la cuenca entera— y es diferido , estalla años después, aguas abajo, cuando ya nadie relaciona el color del Tajo a su paso por Toledo con la licencia que se firmó en un pleno del sur de Madrid.
5. ¿Hay salida?
Llegados aquí, la pregunta honesta es la del lector que no se resigna: si el problema es la carga que el río no puede diluir, ¿no hay forma de tratar el agua mejor, de no verterla, de cerrar el círculo? La hay. Sería deshonesto sugerir lo contrario, y este reportaje no defiende que el crecimiento sea imposible, sino que se está haciendo sin pagar lo que cuesta.
Las soluciones existen, funcionan y algunas se aplican ya en España a gran escala: depurar a fondo para retirar lo que el río no puede diluir, sacar el efluente del cauce por la llamada tubería púrpura, o cerrar el círculo hasta reintroducir el agua en el consumo. Madrid, de hecho, tiene una de las redes de agua regenerada más extensas de Europa. El problema no es que no existan.
El problema es su letra pequeña, y es toda del mismo signo: ninguna es gratis y su coste no figura en el presupuesto con el que se aprueba un desarrollo; ninguna elimina el límite, solo lo traslada del agua a la energía; y ninguna se despliega donde no hay un gran consumidor con caja que la financie y volumen que la amortice. Ese catálogo, con sus cifras y sus casos, merece la pieza siguiente, y allí lo abrimos entero.
Lo que aquí importa es a quién dejan fuera. Un municipio que crece a base de barrios residenciales y polígonos logísticos no tiene ese perfil: su «cliente» del agua regenerada es difuso, sin la caja de una petroquímica ni la prisa de un centro de datos. La solución que sobre el papel está disponible, sobre el terreno se difiere allí donde el sujeto es la población corriente. Que es, precisamente, el caso de Valdemoro.
La conclusión, por tanto, no es que Valdemoro esté condenado, sino algo más incómodo: tiene salida, pero es cara, consume energía y exige una inversión pública sostenida que hasta ahora, como hemos visto con la propia depuradora, se difiere sistemáticamente. Decir «hay soluciones» es cierto y es, a la vez, la coartada perfecta: permite seguir aprobando crecimiento hoy con la promesa de que la técnica resolverá mañana lo que hoy no se paga. Pero una solución que existe y no se financia no es una solución: es una factura aplazada. Y la factura, como el agua sucia, siempre acaba llegando a alguien, aguas abajo.
6. Valdemoro es la maqueta
Podría pensarse que todo lo anterior es un problema de Valdemoro: un municipio con mala suerte, una depuradora gafada, un expediente que se torció. Sería un error cómodo. Valdemoro no es una excepción; es un ensayo a pequeña escala de lo que la Comunidad de Madrid se dispone a hacer en grande. Todo lo que hemos visto aquí —el crecimiento aprobado antes que su saneamiento, la depuradora diferida, el vertido a una cuenca sin margen, la solución que existe pero no se paga— no es un defecto de este municipio: es el método. Y el método se está aplicando, a la vez, a lo largo de todo el sur metropolitano.
Basta mirar el mapa de los grandes desarrollos que la región tiene en marcha. Solo en la Estrategia del Sureste de la capital, cinco ámbitos —Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros y El Cañaveral— suman más de 120.000 viviendas proyectadas, del orden de trescientas mil personas. Y la mayoría verterá sus aguas al mismo sistema: el Jarama y su afluente el Manzanares, ese río que, como hemos visto, ya baja con el noventa por ciento de su caudal de origen depurado y con el buen estado ecológico incumplido.
A una cuenca que ya es, en gran parte, efluente, se le pide ahora que asimile el retorno de trescientas mil personas más, sumadas a las que traiga Valdemoro y a las de todos los demás municipios del corredor. No es un invitado que se sienta a la mesa: son cientos de miles, y a una mesa donde hace tiempo que no queda comida.
Lo revelador es que el propio territorio ya está avisando, y con las mismas palabras en sitios distintos. En Los Berrocales, los vecinos denuncian la afección al arroyo de los Pradillos. En Los Ahijones y en Los Cerros se reclama proteger los corredores ecológicos del valle del Jarama. En Brunete se advierte, sin eufemismos, de un posible «colapso hídrico» ante las diecisiete mil viviendas proyectadas.
Cuatro desarrollos, cuatro protestas que parecen locales e inconexas y que en realidad señalan, todas, al mismo punto: el agua. No son quejas de vecindario. Son el mismo síntoma aflorando en cada lugar donde el crecimiento toca la misma cuenca exhausta.
Y aquí conviene volver a la cifra del principio, porque el salto de escala la ilumina. Valdemoro quiere pasar de 93.000 a ciento cincuenta mil habitantes: unos cincuenta y siete mil vecinos nuevos, cada uno con su grifo y su cadena. Y el saneamiento es lo que desnuda esa ambición: si la depuradora no llega ni para los 93.000 actuales, si la cuenca no asimila ni lo que hoy recibe, la discusión sobre el ritmo exacto de ese crecimiento —cuántos vecinos en 2035, cuántos en 2045— es casi académica. Esa mitad de más no cabe en el río. El futuro de Valdemoro se dirime, antes que en ningún pleno, en la capacidad de un cauce que ya está lleno.
Por eso Valdemoro es la maqueta. No por su tamaño, que es modesto, sino porque en él está entera y documentada la cadena que espera al resto: un crecimiento proyectado, una depuradora que no llega, una cuenca que no asimila y un tribunal que ya intervino una vez. Es el ensayo general del choque entre el sueño de los ocho millones y el límite del agua, representado primero en un escenario pequeño para que se vea con claridad antes de estrenarse en el grande. Lo que hoy le pasa a Valdemoro con sus ciento cincuenta mil es, punto por punto, lo que le espera a la Comunidad con sus ocho millones.
La depuradora que no llega a Valdemoro no es, entonces, un retraso administrativo. Es el primer lugar donde el límite se ha hecho visible. Y la pregunta que plantea no es cuándo se construirá esa planta, sino otra más incómoda que ninguno de los grandes planes de la región responde: cuánta agua sucia más puede recibir un río que hace tiempo dejó de ser un río. De eso —de quién gestiona ese límite, de quién lo paga y de si hay otra forma de crecer que no lo ignore— tratan las páginas que siguen.
