La transición energética como motor de reindustrialización, la inteligencia artificial como el gran reto para el empleo, la vivienda como principal emergencia social y la inmigración como una necesidad demográfica. Sobre esos cuatro pilares construyó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, una amplia intervención en el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que se desarrolla en la Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP) de Santander.
El líder sindical defendió que España atraviesa una situación que le da una oportunidad inédita para cambiar su modelo económico, puesto que hay «bases mucho más sólidas que las que precedieron a la crisis financiera de 2008», aunque advirtió que ese proceso solo tendrá éxito si se preservan el diálogo social, los derechos laborales y el modelo europeo de bienestar.
Lejos del crecimiento sustentado en el endeudamiento exterior y la burbuja inmobiliaria que caracterizó los años previos a la Gran Recesión, Sordo considera que el actual ciclo económico puede consolidarse apoyándose en la energía renovable, la reindustrialización y un empleo de mayor calidad.
El absentismo laboral, la banca, las plataformas digitales o el auge de la extrema derecha también han formado parte de su discurso.
IA y derechos laborales: la próxima gran negociación
Uno de los bloques centrales de la conferencia estuvo dedicado a la inteligencia artificial. Unai Sordo reclama regular la inteligencia artificial antes de que erosione los derechos laborales.
El líder de CCOO afirmó que la nueva revolución tecnológica presenta una singularidad respecto a las anteriores: no amenaza únicamente los empleos menos cualificados, sino también profesiones técnicas y de cualificación media y alta.
Aunque asumió que surgirán nuevas ocupaciones, sostuvo que la prioridad consiste en garantizar una transición justa mediante formación permanente y adaptación de las capacidades profesionales.
Su principal preocupación, sin embargo, se centró en los algoritmos que ya intervienen en procesos de contratación, evaluación, organización del trabajo e incluso despido.
En su opinión, si esos sistemas no se someten a control democrático, la legislación laboral corre el riesgo de quedar vaciada de contenido. Por ello defendió ampliar la transparencia sobre los algoritmos, reforzar el papel de la representación sindical y abrir una gran negociación específica sobre inteligencia artificial y relaciones laborales, en la que es imprescindible que estén representadas las organizaciones sindicales.
La energía como ventaja competitiva
Para el dirigente sindical, la descarbonización constituye mucho más que una política medioambiental. La necesidad de reducir las emisiones para combatir el cambio climático coincide, a su juicio, con una circunstancia excepcional para España: la posibilidad de convertir el abundante potencial solar y eólico en un factor de competitividad industrial.
El objetivo sería abandonar progresivamente un modelo económico apoyado durante décadas en bajos salarios y actividades de escaso valor añadido para construir otro basado en una energía limpia, abundante y competitiva capaz de atraer inversiones industriales.
Sin embargo, Sordo advirtió que esa transformación no depende únicamente de la política nacional. La creciente pugna entre Estados Unidos y China por el control de las materias primas estratégicas, las tierras raras y las cadenas de suministro convierten la transición energética en uno de los principales escenarios de competencia geopolítica.
Por ello reclamó una mayor autonomía estratégica europea que permita reducir dependencias exteriores en sectores críticos como la energía, la industria tecnológica o la inteligencia artificial.
Economía más sólida, pero con desigualdades
El líder de CCOO defendió que la economía española presenta hoy fundamentos mucho más consistentes que los existentes antes del estallido de la crisis financiera. Subrayó que el crecimiento actual combina creación de empleo, aumento de la productividad y mejora salarial, algo poco habitual en la historia económica reciente del país.
No obstante, recuerda que millones de personas trabajadoras continúan con salarios prácticamente estancados y que el fuerte incremento de los precios registrado desde 2020, especialmente en la vivienda, está deteriorando el poder adquisitivo de muchas familias.
Por ello insistió en que el acceso a la vivienda constituye el principal problema social de España.
La vivienda exige una respuesta pública
Sordo defendió reforzar la inversión pública destinada a vivienda social y ampliar de forma sostenida el parque residencial asequible.
Sin cuestionar el derecho de propiedad, justifica una intervención pública mucho más intensa que la desarrollada hasta ahora, puesto que el acceso a la vivienda afecta directamente a un derecho básico de ciudadanía.
Durante el coloquio, recordó además la experiencia de CCOO impulsando cooperativas de vivienda en etapas anteriores y defendió que ahora deberían ser las administraciones quienes recuperaran este tipo de iniciativas mediante suelo público, financiación y asistencia técnica.
Europa no debe competir rebajando derechos
El dirigente sindical rechazó igualmente los discursos que identifican la competitividad europea con una reducción de normas laborales, sociales o medioambientales.
A su juicio, existe margen para simplificar procedimientos administrativos, digitalizar servicios públicos y mejorar la relación entre ciudadanos y administraciones. Pero advirtió que otra cosa muy distinta sería utilizar la llamada simplificación regulatoria para justificar una desregulación que rebaje derechos conquistados durante décadas.
Sordo defendió que precisamente el modelo social europeo constituye un pilar básico y uno de los principales activos competitivos del continente y que renunciar a él supondría un grave error estratégico.
España necesita inmigración
El líder de CCOO rechazó frontalmente los discursos que presentan la inmigración como una amenaza para el Estado del bienestar y sostuvo que España necesitará incorporar población extranjera durante las próximas décadas para sostener su mercado laboral y su sistema de protección social, y tanto las empresas como los propios partidos que rechazan esta idea, lo saben y son conscientes de esta necesidad. Hizo alusión también a la hipocresía de un sector de los empresarios, que necesitan a esas personas trabajadoras «para seguir explotándolas».
El verdadero debate, afirmó, no consiste en decidir si debe existir inmigración, sino en organizar procesos migratorios seguros, ordenados e integradores.
En su opinión, la extrema derecha está logrando imponer un marco de debate basado en la escasez y en la competencia por recursos limitados, cuando está demostrado que no se da el caso, enfrentando a colectivos vulnerables entre sí.
El auge de la extrema derecha y el papel de los sindicatos
La reflexión política ocupó buena parte del turno de preguntas de los periodistas.
Sordo alertó de que las nuevas extremas derechas ya no cuestionan únicamente determinadas políticas públicas, sino el propio entramado institucional construido tras la Segunda Guerra Mundial y la Transición española.
En ese cuestionamiento situó a sindicatos, organizaciones empresariales, medios de comunicación, universidades y comunidad científica como instituciones sometidas a una creciente deslegitimación.
Preguntado por los gobiernos autonómicos donde participa Vox, explicó que el diálogo social solo puede funcionar cuando existe un reconocimiento mutuo de la legitimidad institucional. «No hace falta compartir la misma ideología», aseguró, «pero tienen que aceptar el marco constitucional que reconoce a los sindicatos como interlocutores sociales». Recordó que durante años CCOO ha desarrollado programas de integración laboral y asesoramiento a personas migrantes junto a distintas administraciones.
Sin embargo, sostuvo que cuando un gobierno cuestiona el papel institucional del sindicato o anuncia que pretende eliminar ese tipo de iniciativas, resulta muy difícil construir nuevos proyectos con garantías de continuidad. Por ello aconsejó a los que utilizan el odio contra los sindicatos, que recapaciten y piensen en el panorama que supondría la desaparición de las organizaciones sindicales y la atomización de estas organizaciones. Pidió prudencia y concentrar los esfuerzos en la negociación colectiva y la defensa directa de las personas trabajadoras mientras persista ese clima de confrontación institucional.
Volvió a denunciar la mala fe de aquellos que aseguran que los sindicatos se mantienen gracias a las subvenciones, aportando el dato de que, en el caso de CCOO, los ingresos por las cuotas de sus afiliados financian las actividades del sindicato, por lo que no «nos obligarían a cerrar la persiana» quitándonos la subvención.
Glovo, banca y absentismo
Las preguntas también permitieron conocer la posición del sindicato sobre algunos conflictos laborales de actualidad.
Respecto a Glovo, Sordo insistió en que ningún modelo empresarial puede basar su rentabilidad en el incumplimiento de la legislación laboral o en la utilización de falsos autónomos.
Sobre el incremento de las bajas médicas, rechazó que el fenómeno pueda explicarse únicamente por un supuesto abuso de los trabajadores y señaló causas, quizá la más importante, como el deterioro de la atención sanitaria y los prolongados tiempos de espera para pruebas diagnósticas o tratamientos relacionados con las incapacidades laborales transitorias. El envejecimiento de la población ocupada, la insuficiencia del sistema de cuidados o los riesgos psicosociales, son otros factores mencionados por Sordo.
En relación con la banca, lamentó los continuos procesos de reducción de plantilla, alertó sobre la exclusión financiera derivada del cierre masivo de oficinas y denunció el aumento de la presión comercial que soportan los empleados del sector.
Un modelo económico con cohesión social
Más allá de cada uno de los asuntos concretos, toda la intervención de Unai Sordo estuvo atravesada por una misma idea: la modernización económica solo será sostenible si avanza al mismo ritmo que la protección social.
La transición energética, la digitalización o la inteligencia artificial pueden abrir una etapa de prosperidad para España, sostuvo, pero únicamente si esas transformaciones se acompañan de una regulación adecuada, una inversión pública suficiente, unos servicios públicos robustos y un diálogo social capaz de distribuir los beneficios del crecimiento.
Ese fue, en definitiva, el hilo conductor de una conferencia que combinó economía, política y relaciones laborales para defender que el verdadero reto no consiste solo en crecer, sino en decidir cómo se reparte ese crecimiento y qué papel desempeñan las instituciones democráticas, y especialmente las organizaciones sindicales, en ese proceso.
