La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha multado con 203,6 millones de euros a las seis principales constructoras que operan en España por alterar, durante más de veinticinco años -desde 1992 a 2017- con prácticas monopolistas, las adjudicaciones públicas para la construcción de infraestructuras de todo tipo.
Sin embargo, la multa es una cantidad irrisoria en comparación con los beneficios obtenidos en todos esos años, estimados en unos 210.000 millones. Deberían devolver todo lo robado. Como se exige a cualquier ladrón de poca monta.
A pesar de que el cártel -grupo de empresas monopolistas- actuó durante un periodo de tiempo prolongadísimo y por importes descomunales, la sanción es de apenas doscientos millones. En un cálculo estimado -el 33 por ciento de los beneficios de 2007 multiplicado por veinticinco años- las seis empresas deberían devolver al Estado -devolvernos- 72.500 millones. Eso sin incluir los intereses acumulados durante un cuarto de siglo. Porque eso es lo justo. Porque es un atraco continuado de dinero público.
Las empresas sancionadas por la CNMC y las cantidades respectivas son: Acciona Construcción, S.A. (29,4 millones), Dragados, S.A. [que pertenece a ACS] (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5 millones) y Sacyr Construcción, S.A. (16,7 millones).
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, en otro caso de práctica monopolista, ha pedido una multa cuatro veces el beneficio obtenido y la devolución de tales ganancias. E incluso una indemnización a otras empresas perjudicadas.
Desde 1992, las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Entre los miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc. Durante los años de reuniones semanales las seis empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento para compartir las ofertas técnicas y la información como licitadores incumpliendo la legislación. Las propias empresas disolvieron este sistema monopolista en el año 2017.
Fueron los años del boom más extraordinario de la construcción en nuestro país. Cuando se llevaron a cabo innumerables obras públicas aprovechando los fondos de cohesión que compensaban la dolorosa entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1996, que tuvo continuidad con el boom de la década de 2000. El récord de beneficios sumados de las cinco más grandes alcanzó su máximo en 2007 con 8700 millones.
Según la propia CNMC, las conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Un robo sistemático de dinero público -de nuestro dinero- cometido en miles de concursos de las distintas Administraciones Públicas, desde la central y las autonómicas hasta las diputaciones y los ayuntamientos.
Además, las prolongadas prácticas monopolistas de este cártel de la construcción pública también dañaron gravemente a las otras empresas que se presentaron para conseguir los contratos públicos al no poder obtener una numerosa cantidad de ellos. Es decir, un número elevado de grandes empresas no monopolistas y medianas y pequeñas empresas sufrieron un serio perjuicio económico. También deberían indemnizarlas.
Multas en el sector eléctrico y otros
Pero no es sólo ha sido multado el oligopolio de la construcción. En otros sectores económicos también las grandes empresas dominantes han sido sancionadas por distintas prácticas monopolistas. Aunque son sólo la punta del iceberg nos permiten hacernos una idea.
Destacan -por su dolorosa actualidad- las sanciones a las eléctricas monopolistas. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado solo recientemente una acusación contra Iberdrola y cuatro de sus directivos por subir el precio de la energía eléctrica en los meses de noviembre y diciembre de 2013. La Fiscalía Anticorrupción pide una multa de casi 85 millones -cuatro veces el beneficio obtenido- y la devolución de tales ganancias. Así como una indemnización de unos 107 millones para las comercializadoras de energía eléctrica que resultaron perjudicadas.
Ya en enero del año pasado, las tres empresas de la electricidad más importantes en España -Iberdrola, Naturgy y Endesa- tenían abiertos tres procesos sancionadores por manipular precios en distintos periodos, y por los que se piden en total 50,3 millones de multa.
En el sector de la fabricación de automóviles la multa es de 171 millones por coordinar precios, descuentos y política comercial desde 2006 y hasta 2013. En el sector de producción de pañales para adultos la sanción es de 128 millones por repartirse el mercado y acordar la brutal subida de precios desde 1996 hasta 2014. La multa al cártel de la basura por repartirse clientes y licitaciones es de 98,2 millones.
Multas que no se cobran
La CNMC ha convertido en sanción unos 150 expedientes que totalizan en torno a los mil millones de euros. Sin embargo, hasta el momento, la CNMC no ha recibido ni un euro de todas esas multas. La capacidad de los monopolios para utilizar todas las armas legales a su disposición en realidad desactiva el cobro de las multas. Entre que la CNMC incoa el expediente, impone la multa y el supuesto momento de su cobro -si la sentencia definitiva del Tribunal Supremos, previo paso por la Audiencia Nacional, no la rechaza- habrán transcurriendo más de ocho años.