Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de EEUU para el Undécimo Circuito anuló el martes la orden judicial que desde 2023 bloqueaba a Georgia el uso de sus mapas de distritos electorales de 2021, al considerar que la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Louisiana contra Callais cambió de forma sustancial las reglas del juego.
En esa sentencia de abril, el Tribunal Supremo de Estados Unidos —formado por nueve jueces vitalicios, nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, con una mayoría conservadora de seis a tres tras los tres nombramientos de Donald Trump en su primer mandato— endureció de forma notable los requisitos para probar que un mapa electoral diluye el voto de los electores negros bajo la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto. Ahora los demandantes deben demostrar una «fuerte inferencia» de discriminación racial intencionada, y no solo el efecto discriminatorio del mapa.
El caso vuelve así al juzgado del juez Steve C. Jones, del Distrito Norte de Georgia, quien en 2023 había ordenado al estado crear distritos adicionales de mayoría negra en el Congreso y en ambas cámaras legislativas estatales. La sentencia no altera los mapas que regirán las elecciones legislativas del Observatorio Trump del 3 de noviembre, según coinciden los medios locales, pero sí certifica el nuevo margen de maniobra de los estados de mayoría republicana.
El gobernador Brian Kemp había convocado en junio una sesión especial para redibujar aún más los mapas de cara a 2028, presionado por Trump, que empuja a varios estados —Texas, Misuri, Indiana— a rediseñar distritos para conservar la exigua mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Los legisladores georgianos retrocedieron entonces ante las protestas de la comunidad negra. El presidente de la Cámara estatal, el republicano Jon Burns, resumió sin rodeos el nuevo escenario: «Los republicanos pueden abrirse camino con ‘gerrymandering’ hacia una mayoría permanente. Los tribunales sencillamente no tienen poder real para impedirlo», declaró. «La gente tendrá que hacerlo en noviembre.»
Esa frase distingue con precisión los dos planos de oposición que este Observatorio sigue por separado. De un lado, la oposición democrática amplia: los colectivos de voto afroamericano demandantes —entre ellos la fraternidad Alpha Phi Alpha— y organizaciones como el Democracy Docket, que litigan por vías judiciales e institucionales. De otro, la oposición partidista formal: el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que enmarca la ofensiva de mapas como un intento de «amañar» las elecciones, mientras California y otros estados demócratas responden con sus propios rediseños.
La conexión con el seguimiento de la opinión pública de cara a los midterms es aquí casi literal: el propio Burns admite que, agotada la vía judicial bajo el nuevo estándar, la respuesta solo puede venir de las urnas. La batalla de los mapas no decide el resultado del 3 de noviembre, pero sí las condiciones estructurales en las que se librará, y añade un frente más —tras el litigio del voto por correo ya registrado por este Observatorio— a la disputa sobre las reglas electorales antes de esa fecha.
