Antoni Pelegrín López, fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Barcelona, ha denunciado a la compañía eléctrica Endesa, y a seis de sus altos ejecutivos, por «crímenes ecológicos», según la información publicado por el diario británico The Guardian y reproducido en el digital francés Slate.

Tras una investigación que ha durado tres años, el fiscal Pelegrín entiende que Endesa ha faltado a las normas de seguridad al infringir la reglamentación que protege a la fauna salvaje. El asunto está relacionado con el hecho de que por ser la península Ibérica una de las principales vías de migración aviar,  cada año millones de pájaros atraviesan los Pirineos y miles de ellos mueren electrocutados en los cables del tendido eléctrico

La información asegura que los pájaros pequeños apenas corren peligro pero que las especies más grandes se pueden electrocutar fácilmente al desplegar las alas. Un informe del diario El País, de 2018, ratifica que la electrocución es la primera causa de mortalidad en varias especies en peligro de extinción como el águila perdicera y el águila imperial ibérica, de la que solo quedan quinientas parejas.

Además, según la Sociedad Española de Ornitología (SEO) cerca de 33.000 aves de presa mueren cada año en los postes obsoletos, la mayoría con cables desnudos, del millón de kilómetros de tendido eléctrico del país.

Para el responsable de conservación de especies de la SEO, Nicolás López, quien ha participado en la investigación contra Endesa, a los miles de pájaros electrocutados anualmente hay que sumar «unos cinco millones más que mueren al chocar con los cables. Desde hace cuarenta años se conoce el problema y las medidas que hay que adoptar para evitar las electrocuciones, pero siguen instalando líneas nuevas que no respetan la reglamentación».

En 2013, Endesa presentó al gobierno catalán un plan para adecuar sus líneas a la normativa pero, según la denuncia, cinco años después solo se habían llevado a cabo «algunos ajustes fragmentarios». La información de Slate asegura que, sin responder a las acusaciones, Endesa afirma que en 2020 se gastó 2,2 millones de euros en arreglar los pilones defectuosos, y que en 2021 va a invertir 4,6 millones de euros en la protección de las aves.  

En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó la primera sentencia firme contra una eléctrica al ratificar otra de noviembre de 2017, que condenaba a Iberdrola Distribución Eléctrica a una sanción 100.001 euros por «infracción grave», por la electrocución de un pollo de águila imperial ibérica –especie en peligro de extinción- en uno de sus postes en el término municipal de La Herrera, en la provincia de Albaceta, y rebajaba la indemnización de 64.380 euros, establecida por la Consejería de Medio Ambiente,  a 42.920 euros, ya que aunque el águila quedó discapacitada y no podrá reincorporarse a su hábitat natural, «sí puede tener utilidad, al menos hipotética, con fines reproductivos». 

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