El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo, ha defendido en una comparecencia en la comisión de reconstrucción del Parlamento regional, que se «deben recuperar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones» ya que «representan más de mil quinientos millones de euros que no ingresan las arcas públicas y los beneficiados son las personas con más poder adquisitivo».

En su intervención en la Comisión de Estudio para la Recuperación e Impulso de la Actividad Económica y Social de la Comunidad de Madrid, indicó que «con la crisis provocada por la pandemia, debemos tener todos los recursos económicos al servicio de los ciudadanos y no de las clases más favorecidas», informa Servimedia.

Consideró que de esta crisis no se sale con «las políticas neoliberales de siempre: privatizando servicios públicos y liberalizando suelo público con una ley del suelo para empresarios», sino que es «tiempo de personas, de la justicia social y el Gobierno de Madrid se debe a los ciudadanos».

Por otro lado, afirmó que no le parece mal que se puedan seguir prorrogando los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta diciembre, pero siempre que esas empresas «demuestren que no han podido abrir su negocio» y dijo que «no puede ser que el Gobierno de España esté pagando a las empresas por algo que no necesitan», porque «tenemos que tener herramientas para proteger los empleos y a los trabajadores, pero no queremos que se aprovechen», indicó.

Entre sus propuestas, incluyó la creación de un clúster sanitario que fortalezca el sector logístico, un protocolo específico en residencias de mayores, implantar el teletrabajo y un plan de empleo verde.

Defendió implantar el teletrabajo en aquellos puestos de trabajo donde se puedan desarrollar, alternándolo con el presencial y siempre que se haya negociado en el convenio colectivo las condiciones del mismo.

Además, planteó establecer un protocolo específico a seguir en todas las residencias de mayores con independencia de la titularidad pública o privada, derivando al hospital a las personas usuarias que desarrollen síntomas.

Asimismo, propuso incrementar la contratación del personal cualificado para garantizar la atención y cuidados de las personas usuarias de servicios sociales, algo que requeriría la negociación y mejora de los convenios colectivos de los trabajadores sociosanitarios, que actualmente cobran el SMI o menos al tener contratos parciales.

Violencia de género

Respecto a la violencia de género, propuso garantizar «la intervención integral a las mujeres en situación de violencia machistas, manteniendo y reforzando los recursos sociales de prevención, detección y apoyo a las mujeres expuestas a situaciones de violencia que, en este contexto, se pueden agravar y desarrollar».

Además, pidió un plan autonómico para hacer frente al impacto social de la COVID-19 en las familias, priorizando las ayudas para el bienestar social de las personas en riesgo de pobreza.

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