La Comunidad de Madrid tiene el PIB por habitante más alto de España —47.220 euros en 2025, un 37,9% por encima de la media, según la Contabilidad Regional del INE—, pero suspende en 13 de 25 indicadores de derechos sociales. Es la conclusión del informe Semáforo de los derechos sociales en la Comunidad de Madrid 2026, que UGT Madrid presentó este 20 de octubre 2026 y que compara a la región con el resto de comunidades autónomas. El resultado: 13 indicadores en rojo, diez en ámbar y solo dos en verde, ambos de empleo.
«La comunidad más rica de España suspende en derechos», resumió Laura Muñoz Ibáñez, secretaria de Políticas Sociales del sindicato, que presentó el estudio junto a la secretaria general, Susana Huertas. Ambas lo enmarcaron en la huelga general del 11 de noviembre, convocada en todo el Estado por UGT y CCOO con la vivienda como eje.
Un umbral de la pobreza a precios de Madrid
La principal novedad del informe es metodológica. La estadística oficial —la Encuesta de Condiciones de Vida del INE— calcula un único umbral de la pobreza para toda España. UGT Madrid ha calculado uno propio para la Comunidad, a partir de los ingresos de la región: con él, una persona sola es pobre si ingresa menos de 1190 euros al mes, frente a los 1018 del umbral estatal.
Al cambiar la vara de medir, cambian las cifras. Según el sindicato, 568.923 personas (el 7,9% de la población) viven en pobreza severa en la Comunidad, con menos de unos 794 euros al mes para una persona sola; con el umbral de España, la estadística oficial cuenta 388.884 (el 5,4%). Y 1.670.761 personas, casi una de cada cuatro, están en riesgo de pobreza o exclusión, frente a 1.397.101 en las cifras oficiales.
Muñoz defendió que el informe no mide solo ingresos, sino el cumplimiento de los derechos que reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Constitución. «La desigualdad no es solo una diferencia de ingresos: es una diferencia de derechos», afirmó.
Trabajar ya no basta
El dato que el sindicato coloca en el centro es el de la pobreza laboral: 363.952 personas trabajan en la Comunidad de Madrid y aun así viven bajo el umbral de la pobreza regional, diez de cada cien ocupados. Con el umbral estatal, la cifra oficial es de 242.983.
El informe desglosa el efecto del umbral madrileño por grupos:
- Infancia. 249.914 menores de 16 años, 25 de cada 100, crecen bajo el umbral de la pobreza de Madrid (19 de cada 100 con el umbral de España).
- Personas mayores. Es el grupo en el que más cambia la foto: de 10 a 16 de cada 100 (223.228 personas de 65 y más años).
- Familias monomarentales. 45 de cada 100 personas viven bajo el umbral regional y 28 de cada 100 en pobreza severa. En la ciudad de Madrid, con el umbral de la ciudad, casi 6 de cada 10 están en riesgo de pobreza o exclusión.
- Inquilinos. De cada 100 personas que viven de alquiler, 46 están en riesgo de pobreza o exclusión y 18 en pobreza severa. Tener casa en propiedad tampoco protege a todos: 153.557 propietarios están en pobreza severa.
- Ciudad de Madrid. Con su propio umbral, 7 de 10 indicadores de pobreza están en rojo y 758.909 personas (el 21,7%) viven bajo el umbral, frente a las 458.143 que cuenta la estadística con el umbral de España.
Una red de protección con agujeros
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación estatal, llega a 227.840 personas en la Comunidad. El sindicato hace la cuenta: aunque todas ellas estuvieran en pobreza severa, al menos 341.083 personas en esa situación se quedarían fuera.
La Renta Mínima de Inserción (RMI) regional, que en el País Vasco o Navarra complementa al IMV, ha quedado en Madrid como ayuda de último recurso. Según UGT, hoy solo la cobran 123 familias. Los informes mensuales de la propia Consejería confirman la caída: 204 familias perceptoras en enero de 2026, 197 en febrero y 151 en marzo.
En servicios sociales, la Comunidad ocupa el puesto quince de diecisiete en gasto por habitante y es la penúltima en gasto sobre su riqueza. El informe calcula que la Administración regional dedica 2528 euros al año en servicios sociales a cada persona en situación de pobreza —contada con el umbral madrileño—, 421 euros menos que la media española. «No falta dinero. Lo que falta es querer llegar a la gente», sostuvo Muñoz.
Dependencia: 653 muertes en lista de espera en cinco meses
Entre enero y mayo de 2026, 653 personas murieron en la Comunidad esperando la ayuda a la dependencia, según el informe. Hay 12.612 personas con la dependencia reconocida que no reciben ninguna prestación, y la espera media es de 335 días, casi el doble de los seis meses que fija la Ley de Dependencia.
El sindicato cita además un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid según el cual 61,5 millones de euros del presupuesto de las residencias públicas acabaron pagando el convenio con la Fundación Jiménez Díaz, hospital del grupo Quirónsalud.
Salarios, vivienda, sanidad y escuela: los motivos de la huelga
Susana Huertas recordó que el sindicato registró el lunes la convocatoria de la huelga general en Madrid. «Una huelga le cuesta a quien la hace un día de salario. Por eso, cuando miles de personas deciden parar, es porque la situación ha llegado a un límite», afirmó. «En Madrid hay trabajo, pero el trabajo ya no garantiza poder vivir aquí». La secretaria general enumeró los motivos:
- Salarios. A comienzos de 2026, Madrid fue la única comunidad en la que los sueldos pactados en convenio subieron menos que los precios: con el mismo sueldo se compra un 0,7 por ciento menos.
- Vivienda. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, la vivienda y sus suministros se llevan el 36,3 por ciento del gasto de un hogar madrileño (33,2% en España). Entre 2015 y 2024, los sueldos subieron un 22,3 por ciento; el metro cuadrado de alquiler, un 42,4 por ciento, y el precio de compra, un 76 por ciento. Uno de cada dos pisos de alquiler de la Comunidad supera los 800 euros mensuales: quien ingresa lo que marca el umbral madrileño, unos 1190 euros, y paga 800 de alquiler, se queda con 390 euros para todo lo demás. Según el sindicato, 616.800 personas buscaron casa el último año sin conseguirla.
- Sanidad. Madrid es la comunidad que menos dedica a la sanidad pública en proporción a su riqueza (4% del PIB, frente al 6% de media) y la más privatizada. Cada habitante gasta además de su bolsillo 652,68 euros al año en sanidad.
- Educación. La escuela pública madrileña es la última de las diecisiete comunidades en gasto por alumno: 6502 euros, 1441 menos que la media.
Huertas expresó el apoyo de UGT Madrid al profesorado de la enseñanza pública, en huelga indefinida desde el 14 de octubre, y respondió a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, quien calificó de «inasumibles» las reivindicaciones docentes: «Lo inasumible es que la comunidad más rica de España sea la última de las diecisiete en lo que gasta por cada alumno de la escuela pública». Zarzalejo sostiene que la subida de 600 euros mensuales que reclaman los docentes costaría 665 millones de euros y que sus salarios han crecido un 22 por ciento desde que Isabel Díaz Ayuso preside la Comunidad.
Lo que reclama el sindicato
UGT Madrid pide, en primer lugar, estadísticas oficiales que midan la pobreza con un umbral propio de Madrid publicado cada año. Al Gobierno regional le reclama salarios suficientes a través de la negociación colectiva; más parque público de alquiler y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado; una inversión sanitaria de al menos el 6 por ciento del PIB; prestación inmediata para las 12.612 personas dependientes que esperan y ninguna espera superior a seis meses; que los 61,5 millones vuelvan a las residencias públicas; un gasto en servicios sociales al menos en la media estatal; una renta mínima ligada al umbral de la pobreza que complemente al IMV, y una fiscalidad progresiva.
Las preguntas que quedan abiertas
El informe pone cifras a una brecha que la estadística oficial no recoge, pero sus conclusiones dependen de una decisión metodológica —el umbral regional— que el INE no aplica y cuyos detalles de cálculo conviene examinar en el documento completo. Un umbral más alto eleva mecánicamente el número de personas pobres en una región de rentas altas; la pregunta es si refleja mejor el coste real de la vida, sobre todo el de la vivienda, que el sindicato documenta.
Algo parecido ocurre con los indicadores medidos sobre el PIB. Llegar al seis por ciento en sanidad supondría, con el PIB madrileño de 2025 (337.216 millones, según el INE), unos 6700 millones de euros más al año. UGT no precisa cuánto aportaría la «fiscalidad progresiva» que reclama ni qué impuestos regionales cambiaría. Y en un territorio con un PIB tan elevado, medir el gasto sobre la riqueza tiende a dejar peor a Madrid que medirlo por habitante; aun así, el propio informe la sitúa también en la parte baja de esa otra tabla en servicios sociales (puesto 15 de 17) y en la última posición en gasto por alumno.
Queda por conocer la respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a los datos sobre dependencia, renta mínima y servicios sociales, y si la Comunidad estudiará publicar un umbral de la pobreza propio, como pide el sindicato.
Informe completo: Semáforo de los derechos sociales en la Comunidad de Madrid 2026 · Informe ejecutivo
