El presidente Donald Trump ha convertido el acceso a determinadas ayudas y decisiones federales en argumento de campaña a cuatro días de las elecciones legislativas. En sus mítines ha relacionado indemnizaciones para afectados por el agua contaminada de Camp Lejeune, fondos para catástrofes y una autorización sobre el combustible E15 con la victoria de candidatos republicanos.
Las declaraciones no constituyen por sí mismas órdenes administrativas ni anulan las leyes que regulan esos programas. Introducen, sin embargo, la posibilidad de un trato político diferente según el resultado electoral o la relación del presidente con cada gobernador y senador. La revisión publicada este viernes por Associated Press documenta el mismo patrón en Carolina del Norte, Kansas, Ohio y Georgia.
Camp Lejeune: indemnizaciones creadas por una ley de 2022
El ejemplo más sensible afecta a militares, antiguos residentes y familiares expuestos durante décadas al agua contaminada de la base de Camp Lejeune, en Carolina del Norte. Trump anunció en Greenville que ya se habían entregado alrededor de mil millones de dólares y prometió acelerar la resolución de las reclamaciones legítimas pendientes si los republicanos conservan la Cámara y el Senado.
El presidente resumió después la condición ante sus seguidores: si su partido no gana, no habría dinero; si gana, los afectados lo recibirían. Preguntado posteriormente en la Casa Blanca, matizó que otra mayoría tendría que resolver los casos y que no podía hablar por una Administración distinta, aunque él continuará en la presidencia después de las legislativas.
Las indemnizaciones no nacen de una promesa electoral. El Congreso aprobó en 2022 la Camp Lejeune Justice Act dentro de la ley PACT, que abrió una vía para reclamar al Gobierno federal por enfermedades relacionadas con la exposición al agua entre 1953 y 1987. El Departamento de Justicia informa de que, hasta el 18 de septiembre, las ofertas de acuerdo superaban los 1100 millones de dólares y los pagos, los 879 millones.
Cada solicitante debe acreditar los requisitos legales y, en determinados procedimientos, la relación entre la exposición y la enfermedad. La elección del Congreso puede influir en presupuestos, supervisión y futuras reformas, pero no borra las reclamaciones ya creadas por la ley ni convierte su tramitación en una recompensa personal del presidente.
La recuperación del huracán Helene entra en la campaña de Carolina del Norte
Trump ya había utilizado una formulación semejante en septiembre. Durante un mitin en Gastonia afirmó que no enviaría más dinero para la recuperación del huracán Helene si el candidato republicano al Senado Michael Whatley perdía frente al demócrata Roy Cooper. Añadió inmediatamente que bromeaba.
La ayuda federal por catástrofes se canaliza mediante la ley Stafford, las asignaciones del Congreso, las declaraciones presidenciales y los programas administrados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Los estados y particulares deben cumplir los requisitos de cada programa. El presidente conserva facultades importantes, pero los fondos no son patrimonio de un candidato ni una aportación de campaña.
Cooper calificó las palabras sobre Camp Lejeune de insultantes y frustrantes. Whatley, preguntado por una televisión local, evitó censurar al presidente y afirmó que atender a los veteranos y sus familias constituye una prioridad.
Trump supedita el E15 permanente al senador republicano de Kansas
En Kansas, Trump vinculó la venta permanente durante todo el año del combustible E15 —una mezcla con un 15 por ciento de etanol— a la reelección del senador republicano Roger Marshall. Aseguró que mantendría esa medida con Marshall, pero no si ganaba el demócrata Adam Hamilton.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) puede conceder exenciones temporales a determinadas restricciones sobre la volatilidad de los combustibles. Una solución permanente y uniforme también puede aprobarse mediante una ley del Congreso. Por tanto, el resultado en Kansas no determina jurídicamente por sí solo la continuidad del E15.
La carrera, que habitualmente sería segura para los republicanos, permanece abierta. Una encuesta de CNN y SSRS elaborada entre el 20 y el 26 de octubre sitúa a Hamilton en el 49 por ciento y a Marshall en el 45 entre 838 votantes probables. La diferencia está dentro del margen de error de 4,5 puntos y no permite declarar un favorito.
Ohio y Georgia amplían el patrón a la relación personal
En Ohio, Trump señaló que probablemente no ayudaría de la misma manera al estado si la demócrata Amy Acton ganaba la gobernación. Lo justificó como una consecuencia de la «naturaleza humana»: no conocía a la candidata y dudaba de que mantuvieran la misma relación de trabajo.
En Georgia, el presidente aseguró que el candidato republicano al Senado, Mike Collins, podría llamarlo para solicitar ayuda, mientras representó una conversación hipotética en la que rechazaba una petición del senador demócrata Jon Ossoff. AP pidió a la Casa Blanca que explicara el conjunto de declaraciones.
El portavoz Davis Ingle respondió que Trump quiere conservar la mayoría republicana para continuar aplicando su programa y citó sus políticas fiscales, migratorias y farmacéuticas. La respuesta defendió la agenda presidencial, pero no aclaró si la Administración aplicaría criterios diferentes a estados gobernados o representados por demócratas.
La presentación de proyectos federales y privados como beneficios electorales ya apareció en la campaña de Georgia. Este Observatorio explicó cómo Trump utilizó la futura fábrica de Audi como aval de su política económica, aunque la inversión procede de la empresa y la producción completa no está prevista hasta 2031.
Una advertencia electoral no equivale todavía a una denegación
Ninguno de los ejemplos documentados prueba por sí solo que el Gobierno haya rechazado formalmente una reclamación, una ayuda por catástrofe o una exención de combustible debido a la afiliación de un cargo electo. Las frases pertenecen a mítines y deben distinguirse de una resolución administrativa recurrible o de una orden presidencial.
Su repetición sí altera el mensaje institucional. Presenta el acceso al Gobierno federal como una relación de reciprocidad con el presidente: los territorios que eligen a sus aliados obtendrían más atención y quienes votan a sus adversarios asumirían el riesgo de recibir menos.
Las elecciones decidirán qué partido controla el Congreso, no si los ciudadanos conservan los derechos reconocidos por una ley ni si un estado deja de cumplir los requisitos de un programa federal. Cualquier decisión concreta tendrá que apoyarse en competencias legales, presupuestos y procedimientos verificables. A cuatro días de la votación, Trump ha convertido esa diferencia entre derecho público y favor político en parte de su argumento para movilizar al electorado republicano.
