El Gobierno de Donald Trump ha publicado este martes una norma final que pone fin a la financiación federal a través de Medicaid y del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) para la atención de afirmación de género destinada a menores. La regla, adoptada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), entrará en vigor el 13 de octubre y prohíbe el uso de fondos federales para bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y cirugías en menores de dieciocho años en Medicaid, y de diecinueve en CHIP.
El presidente anunció la medida en Truth Social calificando esos tratamientos de «cirugías y prácticas bárbaras» que causan «daños irreversibles». El secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que la Administración pone fin «a la financiación federal de contribuyentes para procedimientos que rechazan el sexo en niños», mientras que el administrador de CMS, Mehmet Oz, defendió que la decisión «sigue la ciencia» y protege a los menores de «intervenciones experimentales» sin beneficio probado, según recoge The Hill.
La norma no afecta a la atención en salud mental, que sigue cubierta, y contempla un periodo de transición de hasta seis meses para los menores que ya reciben terapia hormonal. Los fondos estatales y los seguros privados podrán seguir cubriendo estos tratamientos si así lo deciden los estados; al menos veintisiete ya prohíben este tipo de atención a menores por ley propia.
La resistencia a la medida no proviene, de momento, de una reacción formal del Partido Demócrata, sino de organizaciones de la sociedad civil y del ámbito legal. La presidenta de la Human Rights Campaign, Kelley Robinson, afirmó que «cada joven tiene derecho a la atención médica que él, sus padres y sus proveedores médicos acuerden que necesita, sin que los políticos interfieran en estas decisiones».
Desde GLAD Law, el director legal Josh Rovenger sostuvo que la norma «levanta barreras entre los padres y su capacidad de tomar las mejores decisiones médicas para sus hijos» y anticipó una demanda judicial. La organización Advocates for Trans Equality señaló además que durante el periodo de comentarios públicos se presentaron cerca de 35.000 objeciones a la propuesta.
Esta distinción es relevante para el seguimiento editorial de este espacio: la oposición visible de hoy es institucional y jurídica —asociaciones de defensa de derechos civiles, bufetes especializados—, no una respuesta articulada desde la bancada demócrata en el Congreso. La Casa Blanca recuerda además que la mayoría de sus medidas anteriores contra la atención de afirmación de género —la prohibición de deportistas trans en competiciones femeninas o la eliminación de la «X» como marcador de sexo en pasaportes— ya han superado el escrutinio judicial, incluido el Tribunal Supremo.
La medida se enmarca en una estrategia sostenida desde el regreso de Trump al cargo, que incluye la retirada de fondos a hospitales que ofrecen estos tratamientos y la publicación, el año pasado, de un informe oficial que recomendaba limitar la atención a menores a la terapia psicológica. La mayoría de las sociedades médicas estadounidenses, incluida la Asociación Médica Americana, respaldan el acceso a la atención de afirmación de género bajo criterios clínicos establecidos.
De cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026, la política sobre menores trans se perfila como uno de los frentes culturales que la Casa Blanca sigue explotando activamente, en paralelo a los debates sobre gasto sanitario y el papel del Congreso. El seguimiento de opinión pública en la recta final de la campaña deberá precisar si estas medidas consolidan apoyos entre el electorado republicano o si, por el contrario, alimentan la movilización de los votantes que las organizaciones LGTBI llevan meses tratando de activar en las urnas.
