El Observatorio Trump registra hoy un giro procesal en uno de los litigios electorales más seguidos de las últimas semanas: la Administración de Donald Trump pidió el jueves al Tribunal Supremo que levante de urgencia el bloqueo judicial que pesa sobre su norma para restringir el voto por correo, justo cuando Carolina del Norte comienza hoy a enviar las papeletas para las midterms del 3 de noviembre.
La jueza federal Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, dictó el 27 de agosto una orden de restricción temporal que bloquea partes clave de la norma del Servicio Postal, aprobada al calor de la orden ejecutiva que Trump firmó en marzo. Talwani concluyó que la medida es «probablemente inconstitucional» y prácticamente imposible de cumplir a tiempo para noviembre, según recogió CBS News. El jueves celebró una vista en Boston sobre si convertir ese bloqueo en una medida cautelar más larga, sin llegar a resolver.
Horas después, el fiscal general adjunto D. John Sauer, procurador general de Estados Unidos, presentó ante el Tribunal Supremo —nueve jueces vitalicios nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, con mayoría conservadora de seis a tres tras los nombramientos de Trump en su primer mandato— una segunda petición de urgencia en apenas seis semanas. Sauer alegó que la orden de Talwani causará «un daño irreparable» porque, además de Carolina del Norte, Alabama empezará a enviar papeletas el 9 de septiembre, según recoge SCOTUSblog.
El episodio reabre el hilo del voto por correo que este Observatorio sigue desde finales de agosto: la disputa enfrenta a veintitrés estados de mayoría demócrata y el Distrito de Columbia —que impugnaron la orden ejecutiva junto a colectivos como la League of Women Voters— con una Casa Blanca que ya logró el 24 de agosto que el propio Supremo levantara una medida cautelar anterior por motivos procesales, sin pronunciarse sobre el fondo.
La oposición demócrata formal reaccionó con dureza. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer (D-Nueva York), sostuvo, según recogió Democracy Docket, que «American voters will pick their leaders — not Donald Trump», subrayando que serán los votantes, no el presidente, quienes decidan el resultado electoral.
El fondo del litigio —si el Ejecutivo o el Servicio Postal pueden imponer requisitos a estados que constitucionalmente controlan sus propias elecciones— sigue sin resolverse. Lo que cambia hoy es la urgencia: el propio Gobierno admite ante el tribunal que el calendario electoral ya está en marcha, lo que convierte cualquier decisión del Supremo en las próximas horas o días en un factor con efecto inmediato sobre cómo millones de electores reciben su papeleta.
Para el seguimiento de opinión pública de cara a las midterms, el episodio añade un frente muy concreto —el mecanismo mismo de votar— a un cuadro ya adverso para Trump: según Silver Bulletin, su aprobación neta se sitúa en -19,5 puntos y los demócratas mantienen una ventaja de 6,6 puntos en el voto genérico al Congreso.
Que la batalla legal se libre justo cuando empiezan a salir las primeras papeletas por correo sitúa el litigio en el centro de la campaña, no como un episodio judicial aislado.
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