Con motivo del trigésimo aniversario de los Pactos de Toledo, la Fundación Alternativas ha editado el Informe nº 19/2026 en el que se ofrece una visión integral y actualizada del sistema español de Seguridad Social.
Esta elaborado bajo la dirección de Octavio Granado y Carlos Bravo, del director del Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación, Jesús Ruiz-Huerta Carbonel, y la colaboración de otros diecinueve autores y autoras, economistas, abogados, sociólogos, funcionarios, universitarios, trabajadores de un amplio grupo de sectores y profesiones, expertos en cada epígrafe tratado y cuyas reseñas biográficas figuran al final del informe. Cuenta con un prólogo de la Ministra Elma Saiz Delgado y una Introducción del equipo editor.
Resulta necesario resaltar la necesidad de este Informe y agradecer a la Fundación Alternativas su publicación dada la importancia de los asuntos de los que trata y la difusión que merecen para el conocimiento general de nuestro sistema de Seguridad Social, sobre todo en estos momentos en los que desde diferentes frentes se intenta cuestionar la viabilidad de dicho sistema, pilar básico de nuestro Estado del Bienestar. La Introducción del propio Informe nos aclara perfectamente sus objetivos.
Quizás el mensaje más relevante, y para despejar cualquier duda, es que nuestro sistema de pensiones es viable ahora, en el medio y en el largo plazo, que las generaciones más jóvenes deben estar tranquilas y confiar en un sistema que nos garantizará una pensión en las mismas condiciones que a la generación de sus mayores. El Informe evita presentar una visión alarmista sobre el futuro de las pensiones pero tampoco esconde los riesgos y problemas que debe afrontar el sistema.
Esto es así porque, como sociedad; nos hemos dotado de un sistema que se encarga de ello, un mecanismo que viene funcionando desde hace treinta años, que se creó en el Parlamento, la Comisión del Congreso de los Diputados denominada Pacto de Toledo, donde están representados los grupos parlamentarios, pero también los sindicatos y asociaciones de empresarios, grupos sociales, con la colaboración de los profesionales expertos en cada materia y representantes de colectivos de la ciudadanía, y que la mayoría de las decisiones desde 1995 han sido tomadas por consenso. Eso es el Pacto de Toledo, una garantía de mantenimiento del sistema sin alterar su naturaleza pública ni el principio de solidaridad intergeneracional.
Cuando vemos tanta polarización en los momentos actuales, cuando la situación política está tan crispada, no debemos olvidar que en este país hemos sabido encontrar espacios para la discusión y el acuerdo de algo tan importante como la Seguridad Social, que garantiza las pensiones presentes y futuras, que lo hace con seriedad y rigor, analizando la situación actual para dotar suficientemente los recursos necesarios para las futuras pensiones.
El Informe de la Fundación Alternativas nos ofrece una visión amplia que nos permite conocer en profundidad nuestro sistema de protección social y nos permitirá seguir confiando en él, porque los mecanismos de propuestas, recomendaciones y control establecidos en el Pacto de Toledo están configurados con total transparencia.
El Pacto de Toledo ha conseguido que las reformas introducidas fruto del consenso no rompan la confianza en el sistema, que en otros países se ha visto comprometido por los enfrentamientos políticos que conllevan los ajustes y medidas necesarios para que el sistema siguiese siendo viable. En España el diálogo institucional y social ha servido para fortalecer la legitimidad del sistema.
Bueno sería, como se dice en la Introducción, que compromisos similares se pudieran alcanzar en otras áreas de la acción política, como la emergencia de protección civil, la educativa, la de financiación de las comunidades autónomas, compromiso medioambiental. Esperemos que estos momentos de crispación y división pasen y den lugar a políticos razonables de todas las adscripciones que consigan llegar a los acuerdos mínimos que espera la mayoría de la población.
El recorrido histórico que se hace al principio, y al que se refieren en los sucesivos capítulos, nos permite conocer los antecedentes de la protección social desde los gremios de artesanos de la Edad Media, la aparición de las cofradías de pescadores o marineros en el siglo dieciocho, o los seguros laborales de las grandes empresas en el siglo diecinueve, hasta que la exigencia del movimiento obrero y de esos mismos sectores autónomos que ya habían encontrado fórmulas de cierta protección, y que consiguieron que en el año 1883 el Congreso creara la Comisión de Reformas Sociales, muchas de cuyas recomendaciones se recogieron en futuras leyes, entre ellas en la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, y después con la creación del Instituto Nacional de Previsión.
Tanto durante el Gobierno de la Segunda República como en los primeros años del gobierno de la Dictadura franquista, se tomaron iniciativas para aprobar medidas encaminadas la protección de los trabajadores, pero no fue hasta la aprobación de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 cuando se produce el verdadero salto sobre el que se desarrollará el modelo actual, aunque todavía muy vinculado al empleo, las cotizaciones y con muchas diferencias entre trabajadores por cuenta ajena, autónomos o colectivos profesionales.
La aprobación de la Constitución de 1978 inició una nueva etapa orientada hacia la universalización de la protección social. El artículo 41 recoge que «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres».
Por ir aclarando conceptos es bueno reseñar que con el término «Seguridad Social» debemos referirnos a las prestaciones económicas, pensiones, desempleo, Incapacidad Temporal, Prestaciones por nacimiento y cuidado al menor, complementos para paliar la brecha de género o cotizaciones deficitarias de autónomos, agricultores, pescadores, artistas,…, que se financian con las contribuciones de trabajadores y empresarios, y cuando es necesario por transferencias del Estado.
La «Asistencia Sanitaria», los «Servicios Sociales», el Ingreso Mínimo Vital, las Pensiones no contributivas son prestaciones que se definen vinculadas a la ciudadanía y no a la contribución laboral, sus dotaciones presupuestarias se financian cien por ciento con recursos tributarios, de los impuestos.
Separar la financiación de la Asistencia sanitaria y Servicios sociales con recursos tributarios y la Seguridad Social para las pensiones contributivas y otras prestaciones relacionadas con la vida laboral, con las cotizaciones de trabajadores y empresarios, ha permitido la estabilidad del sistema.
El Sistema Nacional de Salud es otro de los pilares básicos de nuestro Estado del Bienestar. La universalidad de su cobertura, la amplitud y calidad, los centros de salud y hospitales por todo el territorio lo convierten en uno de los mayores logros de la sociedad española. Su financiación, ya ha sido dicho, es con recursos tributarios, no contributivos.
Uno de los problemas que tiene una de nuestras «joya de la corona» es que todavía haya sectores importantes que no están integrados en el sistema general y que no siente el sistema sanitario público como suyo, son colectivos importantes de funcionarios, personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de la enseñanza o profesionales, todos con sus propias mutualidades, son miles de personas con gran influencia en la vida pública y que al no sentir el sistema como propio no ven la necesidad de defenderlo, protegerlo y dotarlo con suficiencia presupuestaria.
Ya estamos viendo como la insuficiencia de la dotación presupuestaria en sanidad, con el consiguiente deterioro, está empujando a la población a la necesidad de la contratación de seguros privados, con lo que eso supone para quien no puede acceder a ellos. Estamos corriendo el riesgo de que el sistema sanitario público se convierta en un sistema de segunda categoría.
Las reformas hechas en el sistema de Seguridad Social en 2011 y entre 2021 y 2024, garantizan un sistema de pensiones sostenible, financiado principalmente por cotizaciones sociales, con aportaciones solidarias del Estado cuando sea necesario, con la llegada a la jubilación de la generación del baby-boom.
Una aportación solidaria que las generaciones del baby-boom y anteriores también hicieron en sentido inverso. Los superávits de la Seguridad Social registrados entre 1967 y 2013 fueron entregados al Estado para financiar escuelas y universidades públicas, centros de salud y hospitales, políticas de empleo, etc, que han disfrutado todas las generaciones en cada momento. Es decir nos protegemos entre todos según nuestras necesidades, nada de conflicto intergeneracional.
Se esperan momentos de incertidumbre para los cuales nos estamos preparando mediante la Comisión del Pacto de Toledo que está en continuo estudio y análisis de la evolución del sistema. El envejecimiento de la población y la baja natalidad aumentará el gasto en pensiones lo que supone el verdadero reto para su sostenibilidad.
Con el objetivo de garantizar la suficiencia y viabilidad del sistema se ha llevado a cabo un profunda reforma consensuada en el marco del Pacto de Toledo, tanto con medidas de contención del gasto como de fortalecimiento de los ingresos que aseguren pensiones adecuadas y actualizadas.
Se ha establecido un mecanismo de evaluación denominada «cláusula cierre», que se hará cada tres años, de los ingresos y los gastos durante el periodo 2022-2050, cuando más presionado estará el sistema por la incorporación a la jubilación de la generación del baby-boom, es una garantía adicional para prevenir las necesidades que pudieran surgir.
Este seguimiento está fiscalizado no solo por la propia Comisión del Pacto de Toledo y el Gobierno, sino también por la Comisión Europea y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). La primera revisión trienal hecha en 2025 se ha pasado de forma satisfactoria.
Tenemos un sistema de Seguridad Social que se ocupa de las pensiones y otras prestaciones contributivas públicas que ha demostrado su eficacia, hemos sabido encontrar la fórmula para gestionarlo y protegerlo con el compromiso de toda la sociedad a través de sus representantes en los distintos ámbitos.
El futuro está garantizado, siempre que tengamos claro que el sistema público es el principal garante de nuestras futuras pensiones y no caigamos en las trampas de quienes cuestionan su viabilidad ya que bajo esa premisa pueden estar ocultando sus verdaderos intereses económicos.
Dejamos el enlace al Informe completo para su lectura y consulta,
