Ángel Víctor Torres, autoridad funcional de la respuesta estatal en Ceuta, cifra en 2.321 los menores ya filiados y sitúa entre 500 y 700 a quienes siguen en la calle. Otros 500 jóvenes que declaran ser menores están alojados provisionalmente con adultos y deberán pasar al sistema de protección infantil.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, actualizó este martes el balance de la emergencia migratoria de Ceuta. El responsable de la coordinación estatal contabilizó 2321 menores filiados, casi 300 más que una semana antes; calculó que entre 500 y 700 siguen en la calle y admitió que otros 500 jóvenes que declaran ser menores están alojados provisionalmente en dispositivos para adultos.
Torres aseguró que esos jóvenes no volverán a la calle y que pasarán a recursos de protección infantil cuando se habiliten las plazas. La declaración fija una obligación inmediata, pero no concreta cuántos ya tienen reconocida la minoría de edad ni el calendario del realojo. El Gobierno de España reconoce que la legislación impide mantener juntos a adultos y menores en los mismos recursos.
Las cifras describen grupos y fases administrativas distintas, por lo que no deben sumarse de forma automática. Los 2321 son menores ya filiados; el cálculo de unas 2400 personas de menos de 18 años que ofreció el lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, era una estimación global. Tampoco son necesariamente los mismos 500 menores cuyo traslado a la Península propuso el Ejecutivo en agosto.
La ley obliga a una atención infantil inmediata
El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros dispone que, cuando la edad de una persona indocumentada no pueda establecerse con seguridad, los servicios de protección de menores deben prestarle atención inmediata y comunicar el caso al Ministerio Fiscal. Confirmada la minoría, debe quedar a disposición del sistema autonómico de protección.
Por eso, compartir de manera prolongada los dispositivos de adultos no puede convertirse en la solución ordinaria. El alojamiento provisional evita que esos jóvenes regresen a las playas, pero obliga a separar espacios, completar la filiación y garantizar asistencia jurídica, sanitaria y socioeducativa adaptada a menores. La determinación de edad y cualquier eventual reagrupación familiar deben resolverse caso por caso y bajo el principio del interés superior del menor.
El Ministerio del Interior anunció el lunes que elevaría a cincuenta diarios los triajes de menores. Como explicó Aquí Madrid en la entrega anterior, el aumento de capacidad no cierra por sí solo el censo: la filiación, las pruebas de edad cuando procedan y la asignación de tutela siguen ritmos diferentes.
Dos traslados distintos y una disputa política
El realojo de quienes están en dispositivos de adultos no debe confundirse con la propuesta de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para trasladar a la Península a alrededor de 500 menores y tramitar allí sus expedientes. Esa fórmula, presentada el 27 de agosto junto con un crédito de 25 millones de euros para Ceuta, requería un convenio con entidades de acogida y la cooperación de las administraciones de destino.
Torres responsabilizó este martes al Partido Popular y al Gobierno ceutí del bloqueo de esas salidas. La parte señalada ha negado que ignorase la propuesta: la vicepresidenta de la ciudad, Kissy Chandiramani, confirmó el 17 de septiembre la recepción del correo y sostuvo que el servicio de menores pidió detalles sobre destinos, protocolo y alojamientos, sin que después hubiese más desarrollo. Al cierre de esta información no constaba una respuesta específica de la Ciudad al anuncio sobre los 500 jóvenes alojados con adultos.
El choque político no elimina la competencia de la Ciudad sobre protección de menores ni las obligaciones estatales de identificación, coordinación y traslado. La propia Ley de Extranjería permite convenios con entidades especializadas y acuerdos entre autonomías para asumir tutela y custodia; además, regula la derivación obligatoria durante una contingencia migratoria extraordinaria.
Seis mil adultos acogidos y una partida aún por aclarar
El balance ofrecido tras el Consejo de Ministros sitúa ya a más de 6000 adultos en recursos temporales, además de más de 2000 menores atendidos por separado. El Ejecutivo contabiliza 2546 triajes y mantiene como puntos críticos las playas de Benítez y el Trampolín.
Torres anunció también la aprobación de 88 millones de euros para habilitar nuevos recursos de acogida. Al cierre no se había publicado el desglose oficial del acuerdo, de modo que esa cifra no debe presentarse todavía como adicional a los 118 millones para acogida incluidos en el plan de choque de 309 millones aprobado el 1 de septiembre.
Desde el 10 de agosto, 6791 personas han regresado voluntariamente a Marruecos, según el Gobierno; 1309 lo hicieron durante la última semana y 222 este lunes. Interior añade 318 expulsiones. Son categorías jurídicas diferentes: el retorno voluntario parte de la decisión de la persona, mientras que una expulsión exige expediente y resolución administrativa.
El Tarajal suma obras y vigilancia diplomática
En paralelo, el Ministerio del Interior ha iniciado, según informó El País, los trámites para prolongar el espigón fronterizo del Tarajal. El proyecto reserva siete millones de euros a la obra y otros dos millones a señalización, balizamiento y una red de contención de alta resistencia suspendida hasta el fondo marino. Sustituiría la barrera flotante provisional de unos 500 metros instalada tras las entradas del 30 y 31 de julio.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, prevé reunirse esta semana en Nueva York con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según declaró Albares, abordarán los retornos y los mensajes difundidos en redes que llaman a intentar nuevas entradas el 23 de septiembre.
La advertencia sobre esa fecha es preventiva: al cierre no constaba que se hubiese producido un nuevo intento colectivo. Albares afirmó que Marruecos había comprometido su cooperación para impedirlo. La eficacia de esa coordinación y, sobre todo, el paso de los jóvenes a recursos adecuados serán las dos comprobaciones inmediatas de las próximas horas.
