El PSOE de Torrelodones pide explicaciones al Gobierno municipal del PP por un contrato de 18.150 euros con una agencia de investigación privada para comprobar las bajas médicas de los empleados públicos. La medida coincide con la ofensiva de Alberto Núñez Feijóo contra lo que llama el «cáncer» del absentismo.
El Ayuntamiento de Torrelodones, gobernado por el PP y presidido por la alcaldesa Almudena Negro, contrató a una empresa de investigación privada para verificar si las ausencias por enfermedad de su plantilla estaban justificadas. Así lo ha denunciado el grupo socialista, que llevó el asunto al último Pleno municipal.
Según la documentación municipal que cita el PSOE, el contrato, por importe de 18.150 euros, tenía como objeto «controlar el absentismo laboral». Si se detectaban ausencias injustificadas, el Consistorio preveía comunicarlo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o abrir los expedientes disciplinarios correspondientes.
El portavoz socialista, Víctor Ibáñez, no discute que el Ayuntamiento persiga el fraude, sino el método. «Una Administración local debe gestionar sus recursos con rigor, pero también debe preocuparse por la salud de sus trabajadores y por las causas que pueden estar detrás de las ausencias laborales. Antes de recurrir a un detective, el Gobierno municipal debería explicar qué problema concreto pretende abordar, qué medidas preventivas ha puesto en marcha y por qué considera que esta es la respuesta adecuada», sostiene.
Las preguntas que el contrato deja abiertas
Que un ayuntamiento contrate detectives para comprobar bajas no es ilegal en sí mismo. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada permite encargar investigaciones sobre aspectos laborales. Pero, como recoge un análisis de la publicación especializada Derecho Local, exige que el expediente acredite un «interés legítimo» y que la vigilancia respete los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Tampoco puede invadir el domicilio ni la intimidad de los trabajadores. La Ley de Contratos del Sector Público obliga además a justificar por escrito la necesidad del contrato antes de licitarlo. Si el servicio se repite, no puede tramitarse como contrato menor.
Esos requisitos permiten formular las preguntas que el Gobierno municipal no ha respondido en público:
- ¿Qué problema había? ¿Cuál era la tasa de absentismo de la plantilla municipal antes del contrato y cómo se comparaba con la de otros ayuntamientos de tamaño similar?
- ¿A quién se vigiló y con qué criterio? ¿Se investigó a trabajadores concretos por indicios documentados o se hizo un control genérico?
- ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Cuántas bajas se comprobaron, cuántas resultaron injustificadas, cuántos casos se comunicaron al INSS y cuántos expedientes se abrieron?
- ¿Compensó el gasto? ¿Cuánto se ahorró, si es que se ahorró algo, frente a los 18.150 euros pagados?
- ¿Se probaron otras vías? ¿Se analizaron las causas de las bajas, se reforzó la prevención de riesgos laborales o se negoció con la representación sindical?
«La pregunta es si gastar 18.150 euros en contratar un detective para comprobar las bajas médicas es la mejor manera de afrontar este problema y qué resultados concretos ha obtenido el Ayuntamiento con este gasto», resume Ibáñez.
El «cáncer» de Feijóo y las mutuas
El caso de Torrelodones llega cuando la dirección nacional del PP ha convertido las bajas en uno de sus ejes económicos de campaña electoral para el 29N. En julio, ante el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, Feijóo calificó el absentismo de «un cáncer que no podemos pagar». También defendió que, «con o sin acuerdo», se siente a patronal y sindicatos «y tomar una decisión», según recogió Público. Cuestionó que los convenios garanticen el sueldo íntegro a quien está de baja: «Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones, pasa lo que ocurre». Añadió que «todo aquello que supere un 4-5 por ciento de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude» y recordó su etapa al frente del Insalud, que describió como «una fábrica de bajas».
El 29 de septiembre, en un acto de la patronal catalana Cecot en Terrassa, el líder popular concretó otra medida: permitir que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social den el alta médica en «determinadas patologías». Hoy, en las bajas por enfermedad común, las mutuas solo pueden proponer el alta; la decisión corresponde al médico del servicio público de salud o al INSS. Feijóo planteó también más médicos evaluadores y que las mutuas puedan hacer pruebas diagnósticas. Prometió proteger los ingresos de los enfermos graves.
Sin embargo, Feijóo no ha detallado ninguna de las dos propuestas. No ha dicho qué patologías quedarían en manos de las mutuas, qué garantías tendría el trabajador para recurrir un alta, ni cuánto dejaría de cobrar el resto de enfermos si se rebaja el complemento que hoy pagan muchas empresas por convenio. Tampoco ha explicado cómo cambiaría lo pactado en la negociación colectiva sin el acuerdo de una de las partes. No hay por ahora ninguna iniciativa legislativa registrada.
Lo que dicen los datos
El aumento del gasto es real. Según datos provisionales de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social recopilados por el Instituto Santalucía, la prestación por incapacidad temporal superó en 2025 los 18.400 millones de euros, el 1,1 por ciento del PIB, con un crecimiento cercano al 12 por ciento.
Lo discutible son las cifras de Feijóo. Los 30.000 millones de coste y los 1,16 millones de personas que, según él, faltan cada día al trabajo proceden de estudios privados sobre absentismo. Esos estudios suman en la misma bolsa las bajas médicas, los permisos retribuidos y otras ausencias justificadas, como han señalado los sindicatos y medios de comunicación. Llamar «absentismo» a estar enfermo es, precisamente, lo que reprochan al PP.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que evaluó la prestación por encargo del Consejo de Ministros, no propone recortar lo que cobran los enfermos. Su diagnóstico apunta a un fallo de diseño: quien paga la prestación (la Seguridad Social) no es quien concede la baja (los servicios autonómicos de salud). Por eso recomienda mejorar los sistemas de información y reforzar el INSS, según Redacción Médica. CCOO y UGT atribuyen buena parte del aumento a la saturación de la atención primaria y de las listas de espera, que alargan las bajas mientras el trabajador espera una prueba o una operación.
Reacciones
Las palabras de Feijóo en Bilbao provocaron una respuesta inmediata. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió que quien llama «cáncer» a las bajas y propone que los trabajadores enfermos cobren menos «deja claro de qué lado está». La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, replicó que «estar enfermo no es una elección». UGT acusó al líder del PP de confundir absentismo con enfermedad y de tratar a los trabajadores «como mera mercancía». CCOO criticó que se insinúe fraude por parte de los médicos que firman las bajas. En cambio, CEOE y Cepyme coinciden con el PP en pedir que las mutuas puedan dar altas y que las empresas dejen de pagar los primeros días de baja.
Mientras tanto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz mantiene abierta en el diálogo social la reforma de la gestión de las bajas. También extiende a más comunidades los convenios con las mutuas para agilizar pruebas y tratamientos, ya firmados por Cataluña, Baleares, Asturias e Ingesa.
Del debate nacional a la plantilla municipal
Para los socialistas de Torrelodones, el contrato del detective es la versión local de ese enfoque. «Nos preocupa que se extienda una visión de las bajas laborales centrada en la sospecha y la vigilancia, en lugar de abordar también sus causas y prevenir los problemas de salud. El control de posibles incumplimientos debe hacerse con todas las garantías, pero no puede sustituir a una política responsable de prevención y salud laboral», concluye Ibáñez.
El PSOE reclama que el Gobierno municipal haga públicos los resultados del servicio y explique si evaluó alternativas centradas en la prevención de riesgos laborales y en las condiciones de trabajo.
