El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclama que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluya tres medidas contra el fraude fiscal, entre las que se encuentra la ampliación de la plantilla de la Agencia Tributaria en unas 16.000 personas, para que entren en vigor en 2021 y recaudar a medio plazo 34.500 millones adicionales cada año.
En un comunicado, el sindicato recuerda que la mitad de los 70.000 millones del diferencial de recaudación fiscal de España con la zona euro se debe al 24,5 por ciento de la economía sumergida española respecto al 16,6 por ciento de la media europea.
Por ello, Gestha propone al Gobierno elaborar un estudio oficial sobre la economía sumergida en España, integrar a los más de nueve mil técnicos del Ministerio de Hacienda en un cuerpo superior de nueva creación y planificar en unos seis años el aumento de la plantilla de la AEAT, «de manera que nuestro país se equipararía a la media ponderada de las Administraciones tributarias de los países de la UE-27 y de la zona euro».
Gestha justifica estas propuestas argumentando que los técnicos de Hacienda en la AEAT representan el 83,4 por ciento de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en puestos de trabajo en las áreas operativas de la prevención y lucha contra el fraude, y creen necesario desplazar la investigación de particulares, autónomos y pequeñas empresas hacia las grandes evasiones tributarias.
Igualmente, indicó que los técnicos de auditoria y contabilidad representan el 90,8 por ciento de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en puestos de trabajo en las áreas operativas del control del gasto público y de las subvenciones en la Intervención General del Estado (IGAE).
En este sentido, Gestha reiteró su propuesta de «reorganizar la IGAE para garantizar un funcionamiento plenamente independiente de posibles injerencias políticas o económicas y conseguir un control del gasto público más eficaz».
Por último, el sindicato de técnicos de Hacienda señaló la necesidad de «asegurar el control de legalidad del gasto público e impulsar el control de eficacia y eficiencia en el destino de los fondos europeos» para lo que considera necesario «fortalecer las estructuras administrativas que ejercen las funciones de control, como la IGAE y finalizar con la externalización de determinadas controles y auditorías públicas que se viene realizando por determinadas empresas de la auditoría privada desde hace años».
