La Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias, Sanitarios y Sociosanitarios (AETESYS) ha denunciado públicamente que, tras 303 días desde el 1 de diciembre de 2023, SUMMA112 sigue incumpliendo la implementación del informe asistencial en las ambulancias de soporte vital básico (SVB) gestionadas por la empresa UTE SANIR, a pesar de que ésta ha cumplido con los requisitos técnicos estipulados.
La falta de este documento vulnera los derechos de los pacientes y pone en riesgo tanto su seguridad como la responsabilidad legal de los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES).
Según AETESYS, esta demora afecta gravemente a los derechos de los pacientes establecidos en la Ley 41/2002, ya que el informe asistencial es un documento esencial que garantiza la continuidad asistencial y documenta las intervenciones efectuadas durante el traslado.
La ausencia de dicho informe impide a los Técnicos en Emergencias Sanitarias cumplir con sus obligaciones profesionales, lo que podría tener graves consecuencias legales para ellos, además de afectar la calidad de la atención ofrecida.
El Artículo 15 de la mencionada ley establece la obligación de incluir información veraz y actualizada en la historia clínica del paciente en cada proceso asistencial, algo que no es posible sin un informe adecuado.
Otras comunidades autónomas, como Cataluña, ya disponen de informes asistenciales digitalizados en sus ambulancias de SVB, mientras que en la Comunidad de Madrid, las unidades de emergencia que dependen de SUMMA112 carecen de esta documentación, en contraste con otros servicios de urgencia como Cruz Roja o Protección Civil, que sí disponen de ella.
Ante la falta de avances, AETESYS ha anunciado que tomará medidas adicionales para exigir el cumplimiento de la ley y trasladará el caso al Defensor del Paciente para que intervenga en defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de emergencia.
Finalmente, AETESYS advierte que la inacción por parte de SUMMA112 sigue poniendo en riesgo la calidad de la atención sanitaria y la seguridad jurídica de los Técnicos en Emergencias Sanitarias, quienes continúan trabajando sin los medios necesarios para registrar adecuadamente sus intervenciones, en detrimento de los pacientes.