La denuncia de la ONU sobre asesinatos y desplazamientos de migrantes abre un nuevo desafío para Sudáfrica, tres décadas después del final del apartheid. El país que recibió una amplia solidaridad internacional frente a la segregación racial afronta ahora la expansión de los discursos de odio contra ciudadanos de otros Estados africanos
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha alertado del aumento de la xenofobia y los delitos de odio contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Sudáfrica desde principios de 2026.
El organismo sostiene que al menos cuatro migrantes han sido asesinados y cincuenta mil han sufrido desplazamientos forzados por la actuación de civiles y grupos organizados de carácter paramilitar. También ha recibido informes sobre secuestros, saqueos, destrucción de negocios, desalojos ilegales y restricciones de acceso a la sanidad y la educación.
La denuncia, recogida en una información de IPS fechada en Ginebra, sitúa al país ante una contradicción histórica: Sudáfrica contó durante décadas con una movilización internacional contra el régimen racista del apartheid, mientras que ahora ciudadanos de otros países africanos son víctimas de violencia y discriminación dentro de sus fronteras.
Las autoridades sudafricanas han cuestionado parte de las cifras sobre asesinatos. Alegan que algunas muertes pueden estar vinculadas a delitos comunes y no a ataques contra la inmigración. La policía investiga varios de los homicidios.
Una movilización internacional contra el apartheid
El apartheid, institucionalizado en 1948, convirtió la segregación racial en política de Estado y privó de derechos políticos, económicos y sociales a la mayoría negra de la población.
La oposición al régimen se extendió mucho más allá de las fronteras sudafricanas. Según la Organización de las Naciones Unidas, la cuestión de la discriminación racial en Sudáfrica figuró en la agenda de su Asamblea General desde 1946.
Tras la matanza de Sharpeville, en la que la policía mató a 69 manifestantes el 21 de marzo de 1960, el Consejo de Seguridad reclamó al Gobierno sudafricano que abandonase sus políticas de apartheid y discriminación.
En 1963, Naciones Unidas pidió a los Estados que interrumpieran la venta de armas a Sudáfrica. El embargo adquirió carácter obligatorio en 1977. La presión internacional incluyó también iniciativas para limitar el suministro de petróleo y suspender los intercambios culturales, educativos y deportivos con las instituciones vinculadas al régimen.
La Asamblea General calificó el apartheid como crimen contra la humanidad en 1966. Siete años después aprobó la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.
Gobiernos, organizaciones sociales, sindicatos, universidades, artistas y movimientos ciudadanos participaron en campañas de boicot y solidaridad. Esa presión contribuyó al aislamiento internacional del régimen y respaldó la resistencia encabezada dentro y fuera del país por las organizaciones sudafricanas.
El valor documental de aquella lucha y de sus víctimas también ha llegado al cine. Aquí Madrid abordó el legado del apartheid a través de la obra del fotógrafo Ernest Cole, cuyas imágenes ayudaron a mostrar en el exterior la segregación cotidiana impuesta a la población negra.
De la solidaridad africana a la violencia contra migrantes
Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas y no raciales en abril de 1994. Nelson Mandela asumió la presidencia en mayo de aquel año, después de haber pasado veintisiete años encarcelado por su oposición al apartheid.
La desaparición del sistema legal de segregación no eliminó, sin embargo, las profundas desigualdades sociales y económicas acumuladas durante décadas. El Comité de la ONU identifica esas desigualdades como una de las causas de la discriminación actual.
El desempleo añade presión al conflicto social. Según Statistics South Africa, la tasa oficial alcanzó el 33,6 por ciento en el segundo trimestre de 2026, con 8,5 millones de personas desempleadas.
En este escenario, algunos movimientos atribuyen a la inmigración irregular problemas como la falta de trabajo, la inseguridad o la saturación de los servicios públicos. El Comité denuncia que estos discursos han extendido estereotipos contra migrantes y solicitantes de asilo y han alentado campañas para expulsarlos de sus viviendas y comunidades.
Entre las víctimas se encuentran ciudadanos procedentes de países que apoyaron la lucha contra el apartheid. Mozambique afirma que once de sus nacionales han muerto en ataques en Sudáfrica. Nigeria y Ghana también han comunicado fallecimientos de ciudadanos suyos, aunque el Gobierno sudafricano cuestiona la motivación xenófoba atribuida a algunos casos.
La ONU exige protección y rendición de cuentas
El presidente Cyril Ramaphosa condenó el pasado 7 de junio la xenofobia, la violencia y la justicia por mano propia. En un discurso sobre política migratoria, recordó que solo las autoridades pueden exigir documentación o actuar frente a infracciones de extranjería.
El mandatario defendió un mayor control de las fronteras y una aplicación más estricta de las leyes migratorias. Al mismo tiempo, afirmó que Sudáfrica debe proteger los derechos humanos de todas las personas presentes en su territorio, con independencia de su nacionalidad.
El Comité de la ONU considera insuficiente la respuesta de las fuerzas de seguridad. Advierte de que numerosas agresiones no se denuncian por temor a represalias, desconfianza hacia la policía y desconocimiento de los mecanismos de protección.
El organismo reclama investigaciones eficaces, medidas contra los grupos racistas organizados y garantías para evitar la impunidad. También pide alojamiento adecuado, asistencia y acceso a los servicios básicos para las personas desplazadas.
La protección de estos migrantes representa así una prueba para el orden democrático construido tras el apartheid y para los principios de igualdad y dignidad humana que la comunidad internacional defendió durante décadas en apoyo de la población sudafricana.
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