«Si rechazan la segunda cucharada, pasa al siguiente. A alguien hay que salvar»

Andrea Blandín

«Sesenta personas muertas, treinta y dos por coronavirus y el resto, por haberlas ido dejando, han fallecido de hambre», asegura Pablo Barredo, un celador que contrató la residencia Orpea Sanchinarro, donde los nuevos trabajadores aguantan en sus puestos una media de día y medio, porque no soportan lo que tienen que ver sobre lo que viven los usuarios allí dentro.

«No podía permitir el abandono y todo lo que ocurría dentro de Orpea Sanchinarro», asegura. «Llagas en la lengua del tamaño de la uña del dedo gordo; pañales con puntitos marrones que muestran infección de orina, y ni se los cambian ni atienden esa infección; gente con úlceras enormes; ver a todos los usuarios con las bocas llenas de roña, por falta de aseo, cada uno en su habitación totalmente desatendidos» son algunos ejemplos de las cosas «dantescas» que Pablo ha visto en dicha residencia.

El noventa por ciento de los usuarios de este centro son personas con algún tipo de demencia, por lo que el nivel de trabajo con cada uno de ellos es muy alto. Sin embargo, en cada turno solo había dos celadores y una auxiliar al cargo de toda una planta, entre setenta y noventa camas. «Una sola persona no puede atender a treinta y dos usuarios, menos, encima, si estamos contratados como celadores, que en casos habituales no tenemos ni los conocimientos», continúa.

Pablo redactó las denuncias correspondientes por lo que había visto en Orpea Sanchinarro, y al no recibir respuesta por parte del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, se puso en contacto con Carmen Flores, del Defensor del Paciente, a quien agradece ampliamente la ayuda que le ha dado para solucionar esta situación, que actualmente está en manos de la Fiscalía.

El portavoz de Orpea asegura que ellos no tienen constancia de esa denuncia, y que su departamento jurídico ya ha llevado a cabo las medidas pertinentes puesto que «Pablo Barredo ha mentido en todas sus declaraciones».

«A alguien hay que salvar»

En estas semanas de confinamiento, las personas que han fallecido en la residencia por causas ajenas al coronavirus han sido por hambre y dejadez. Y no porque la residencia no les suministre comida, porque siempre lo hacían, sino porque «a mí el personal de la residencia me ha dicho que si a la segunda cucharada la rechazan, pasa al siguiente. A alguien hay que salvar», asegura Pablo.

Por otro lado, una mujer se cayó y tuvieron que suturarla sin anestesia local, para cortar la hemorragia. «La mujer se retorcía de dolor», dice Pablo, que tuvo que hacer de auxiliar de enfermería porque no encontraban a la que estaba en ese momento en la residencia. Además, no se llamó a la ambulancia, lo cual hubiese sido lo mejor y más seguro para la usuaria.

Pablo trabajaba sin ningún tipo de EPI, y fue él quien descubrió dos casos de coronavirus. Al informar a los enfermeros, le dijeron que trasladase a las mujeres a unas sillas para llevárselas a otra planta. Este cambio de las usuarias lo hizo teniendo que tocar su piel, mientras los enfermeros le esperaban con los EPI puestos. La residencia asegura que, por supuesto, existen EPI, y que esta situación no ocurrió así.

La experiencia de Pablo en el centro empezó el sábado 28 de marzo de 2020 y al día siguiente no quería volver, como consecuencia de las atrocidades que había visto. Al salir de su turno, doble, porque la empresa se lo había solicitado, ya tenía claro que iba a denunciar la situación porque era inconcebible; y al llegar a su casa se puso a redactar todos los correos que el lunes por la mañana mandaría para que la gestión se pusiese en marcha cuanto antes.

Pruebas que demuestran lo que pasa

«El domingo yo volví para empaparme bien de lo que ocurría y cómo ocurría, y gracias a haber ido, ahora tengo todo tipo de pruebas que demuestran lo que digo», asegura. 

La empresa Orpea desconocía que Pablo Barredo, fundador y presidente de la Fundación Diario de un Cuidador estuvo durante cinco años cuidando de su madre con alzheimer. Cuando ella murió, hace siete años, se dedicó a luchar por las personas con cualquier tipo de demencia senil, por lo que tiene grandes conocimientos sobre cómo se tiene que atender a las personas con estas patologías. «Yo no era un celador más, por todos los conocimientos que ya tenía adquiridos previamente, y que ellos no sabían», asegura.

Pablo comenzó a trabajar «sin haber firmado ningún contrato ni cláusula de confidencialidad». La residencia niega esto, asegurando que hay un contrato firmado por él, y añadiendo que «en Orpea Sanchinarro ni siquiera existe el cargo de celador», por lo que el extrabajador estaría mintiendo sobre su cargo, que según el centro era de auxiliar.

Pablo Barredo concluye diciendo que se siente culpable por lo que ha visto, y que ha hablado con extrabajadores que «siguen sin poder dormir por lo que han vivido allí dentro».

Desde la oficina del Defensor del Paciente han presentado a la Fiscalía de Madrid más de setenta denuncias recibidas de familiares, para que investigue lo que está sucediendo en diversas residencias de la Comunidad.