El Plan General de San Agustín del Guadalix ya está vigente y fija un máximo de 1.341 viviendas nuevas. El informe de Canal de Isabel II incorporado a la evaluación ambiental exigía ampliar la EDAR y los colectores para admitir los desarrollos estudiados. El estado actual de esas obras debe comprobarse antes de ejecutar cada sector.
Un plan definitivo tras seis años de tramitación
San Agustín del Guadalix tenía 13.825 habitantes oficiales a 1 de enero de 2025. El Consejo de Gobierno aprobó definitivamente el PGOU el 11 de marzo de 2026 y la normativa entró en vigor con su publicación el 15 de junio. El acuerdo culmina una secuencia que arrancó con el informe de impacto territorial del Avance, de 4 de septiembre de 2018, siguió con la aprobación inicial y la información pública en 2020 y continuó con la declaración ambiental estratégica en 2023 y la aprobación provisional municipal en 2024, subsanada en 2025: seis años desde la aprobación inicial y casi ocho desde el informe territorial.
El texto delimita 1.550.621,76 metros cuadrados de suelo urbanizable sectorizado y otros 2.972.889,82 no sectorizados. De los catorce sectores delimitados, siete son residenciales al suroeste del casco, tres terciarios, tres industriales junto a la A-1 y uno dotacional para un cementerio. El máximo es de 1341 viviendas nuevas. El informe ambiental recuerda que el Avance manejaba 4110: la reducción entre versiones ronda el 67 por ciento, sin que eso permita atribuirla a una única alegación.
El nuevo suelo dialoga con un tejido anterior: casco, ensanches, polígonos y Valdelagua, además de tres actuaciones de dotación que aumentan edificabilidad. La A-1 ordena el crecimiento y constituye una barrera física al este. El río Guadalix y los arroyos del Caño, la Sima y la Fresneda cruzan el término; el plan reconoce una zona especial de conservación ligada al río.
Un municipio mediano con base industrial
Con 13.825 habitantes y 38,27 kilómetros cuadrados —unos 361 vecinos por kilómetro cuadrado—, San Agustín está en el tramo de los municipios de entre 5001 y 20.000 habitantes de la Ley de Bases del Régimen Local: la protección civil y la extinción de incendios solo pasan a ser servicios obligatorios a partir de los 20.000. Según la ficha estadística regional, el paro registrado era en 2025 de 3,64 personas por cada cien habitantes y, en 2023, la industria y la energía aportaban el 34,50 por ciento del PIB municipal y la distribución y la hostelería el 25,72 por ciento. Su presupuesto de 2025 fue de 15.344.845 euros; el de 2026 no se ha localizado en las fuentes consultadas, y de la deuda viva no consta una cifra contrastada. El alcalde, Roberto Carlos Ronda Villegas, es del PP, según el portal de plenos.
Un término casi todo protegido
El plan clasifica los 38.231.127 metros cuadrados del término así, según el BOCM: 30.636.185,29 de suelo no urbanizable de protección, el 80,1 por ciento; 3.071.430,38 de urbano consolidado, el 8,0 por ciento; 1.550.621,76 de urbanizable sectorizado, el 4,1 por ciento, y 2.972.889,82 de urbanizable no sectorizado, el 7,8 por ciento. La reserva latente casi duplica, por tanto, el suelo ya sectorizado. Esa última cifra bajó entre versiones: la declaración ambiental, sobre el documento de aprobación provisional de 2022, recogía 3.222.118,55 metros cuadrados, unos 250.000 más. El plan reconoce además, como condicionantes ambientales, la zona de especial conservación del Guadalix, las vías pecuarias, el suelo agrícola y el paisaje.
La reserva de vivienda protegida se concretará en los planes parciales, conforme a la ley vigente en cada momento: el plan no fija todavía cuántas viviendas protegidas habrá, y conviene no atribuirles un número que aún no existe. Una etiqueta de protección no dice por sí sola el precio máximo ni a quién llega.
Canal distingue agua de beber y agua que depurar
La declaración ambiental estratégica incorpora el informe de Canal de Isabel II de 2022. Estima para los desarrollos estudiados una demanda media de agua de 6.478 metros cúbicos diarios. La aducción podía atender esa fase, según Canal, y el depósito de 12.000 metros cúbicos tenía regulación suficiente; a techo de planeamiento de todos los municipios abastecidos, la segunda rama de la arteria tendría que reforzar el suministro. Valdelagua se abastece con recursos propios. La estimación no incluye futuras actuaciones en suelo urbanizable no sectorizado.
La otra mitad de la cuenta es más restrictiva: Canal dice que la EDAR de San Agustín carece de capacidad suficiente para los desarrollos propuestos. También diagnostica falta de capacidad general en colectores. Exige ampliar la depuradora, reservar suelo, adecuar aliviaderos y prever un tanque de retención. La declaración condiciona planes parciales, proyectos de urbanización y licencias a los informes, obras y puesta en servicio de las infraestructuras necesarias. La existencia de la EDAR no significa capacidad libre.
La Confederación Hidrográfica del Tajo tiene además competencias sobre cauces y vertidos. La evaluación identifica partes de los sectores industriales SUR-I2 y SUR-I3 en zona inundable de retorno de 500 años y pide reflejar la afección en cada ficha. Los costes de refuerzo de redes deben repartirse mediante los instrumentos y convenios de cada desarrollo; el importe total y el calendario de obra siguen pendientes de cotejo.
La energía y los residuos: dos redes sin cuenta
En electricidad, la declaración ambiental recoge una alegación de la distribuidora Iberdrola de 2020: para asumir las demandas previas haría falta una subestación nueva, con 20.701 metros cuadrados libres, y una red anillada nueva. El plan cartografía la red eléctrica, pero no consta la potencia reservada para cada sector. En el término se suma otro proyecto ajeno al plan general: Data4 anunció en 2023 un campus de 530 millones de euros, con 80 megavatios de potencia total y 48 de carga informática, cifras de la empresa y no potencia contratada, y el BOCM del 31 de marzo de 2026 abrió información pública para ocupar vías pecuarias de Algete, Fuente el Saz, El Molar y San Agustín con una línea subterránea de 66 kilovoltios. La relación entre ese campus y el SAU-8 Los Árdales debe comprobarse en el proyecto.
La basura de San Agustín va a Colmenar Viejo. El municipio figura entre los 43 miembros de la Mancomunidad del Noroeste en la lista del BOCM de octubre de 2024 y, según el documento de la propia Mancomunidad, es uno de los siete que descargan directamente en su depósito controlado. El contrato que debe sustituirlo se ha caído una vez y se ha relanzado en octubre de 2026, con 1023,8 millones de presupuesto base. El plan integra un estudio de gestión de residuos, pero no constan el tonelaje del municipio, la capacidad del gestor a horizonte de desarrollo ni el margen de tratamiento de lodos de la ampliación de la depuradora. El artículo que la serie dedica al vertedero cuenta el sistema entero.
Riesgos y emergencias
Protección Civil sitúa a San Agustín en la zona I de la onda de avenida por rotura de la presa de Pedrezuela, la que se alcanzaría en la primera media hora, y le exige un plan de actuación municipal ante inundaciones, según la declaración ambiental. En un informe de enero de 2021, citado en ella, aconsejó además elaborar el plan territorial municipal y pidió medidas de autoprotección en el interfaz urbano-forestal: el municipio no es zona de alto riesgo de incendio forestal, pero tiene amplias zonas forestales de riesgo alto y muy alto. No consta una versión fechada del plan de protección civil ni una evaluación parcelaria del radón. En el pleno de 2026 se debatió, además, una moción sobre las condiciones laborales de la Policía Local, actividad institucional del grupo que la presentó.
Los Árdales es otra pieza del tablero
El SAU-8 Los Árdales mantiene expediente propio de las antiguas Normas Subsidiarias. Su modificación del plan parcial salió a información pública en abril de 2025 y la modificación de la reparcelación recibió aprobación inicial en marzo de 2026. Es suelo de actividad económica; no debe mezclarse con el techo de 1341 viviendas del PGOU. Su relación con las redes eléctricas y el tráfico de la A-1 requiere lectura conjunta de proyectos.
El informe ambiental de la modificación del plan parcial recoge que el sector afecta a la arteria A-1 de 500 milímetros de diámetro y al colector A4 del sistema de San Agustín, ambos del Canal, y pide determinaciones que protejan los suelos por los que discurren esas infraestructuras.
La cuenta del crecimiento no parte de cero: la ficha estadística regional asigna a industria y energía el 34,50 por ciento del PIB municipal de 2023. Un nuevo frente industrial, terciario y residencial suma demanda al mismo corredor y a servicios que dependen de obras. En San Agustín sí hay órganos que suman sobre el papel —Canal, la administración ambiental y urbanística—. La pregunta «aunque una operación quepa, ¿caben todas?» se desplaza a la ejecución simultánea y a la actualización de los informes de 2022.
San Agustín en el corredor
Visto desde el corredor, San Agustín no está solo. Según el resumen que hace el documento de alcance de Algete Norte de las alegaciones de Ecologistas en Acción, las conexiones exteriores de saneamiento de ese sector pasarían por la depuradora de San Agustín y por la de Arroyo Quiñones. Es una descripción de parte, que el estudio ambiental deberá confirmar o desmentir, pero apunta a una pregunta sin respuesta: cuánto margen conjunto tienen esas plantas. San Agustín y Algete comparten, además, el riesgo por rotura de la presa de Pedrezuela. Y San Agustín es uno de los cuatro municipios del Norte de la A-1 con informe de impacto territorial publicado; el suyo, de 2018, precede en casi ocho años a la aprobación definitiva del plan y en seis a Algete Norte.
Qué comprobar a partir de ahora
El plan aprobado no es una licencia general de obra. La comprobación es sector por sector: caudal certificado, colectores y EDAR ampliados, puntos de conexión, tráfico, financiación y respuesta a condiciones ambientales. La memoria de participación recogió 78 alegaciones; el plan incorpora también un informe detallado sobre ellas. Publicar una matriz que relacione cada compromiso con su fecha y responsable permitiría saber cuánto cuesta realmente el nuevo crecimiento.
Esas 78 alegaciones son escritos, no 78 personas: figuran propietarios, ciudadanía, grupos políticos y otros interesados. Una de ellas, de Podemos y Somos Vecinos, cuestionaba delimitaciones guiadas por la propiedad, pedía evaluar el tráfico y consideraba una futura parada de Cercanías: es intervención política, no una plataforma vecinal. La marcha de abril de 2025 terminó junto a la depuradora de San Agustín, pero protestaba por planes de Algete y El Molar, no por este plan general. No consta movilización callejera local contra el plan.
Quedan por comprobar el texto íntegro y las fichas finales de cada sector, la respuesta individual a las 78 alegaciones, el estado de las obras de la depuradora y los colectores, los convenios y costes de cada desarrollo, el tonelaje de residuos y la situación final del SAU-8.
Ficha extendida
Enlace de la ficha extendida de San Agustín del Guadalix
