La organización de Amnistía Internacional en Reino Unido informa de que ha visto documentos enviados por las autoridades locales a residencias de mayores en diferentes partes del país en los que preguntan cuántas camas pueden facilitar para pacientes de COVID-19, sin ninguna garantía de que tengan capacidad para acoger a estas personas sin riesgos para su personal sociosanitario y sus residentes habituales.

«Existe una renovada presión para que personas enfermas de COVID-19 sean dadas de alta e ingresadas en residencias de mayores, una vez más sin una evaluación independiente de la capacidad de éstas para acogerlas sin riesgos», señala Amnistía Internacional.

Cuando el número de infecciones aumenta rápidamente en el país, la organización de derechos humanos advierte que al dar de alta a pacientes sin los mecanismos adecuados para garantizar que las residencias pueden acoger sin riesgos a pacientes de COVID-19 se está aplicando «la misma política letal» que se aplicó al principio de la pandemia a pesar de conocer sus catastróficos resultados y las vidas que se perdieron como consecuencia de ello.

En los documentos que ha podido ver Amnistía, enviados la semana pasada por autoridades locales de todo el país a varias residencias de mayores, se preguntaba por el número de camas que podían proporcionar en sus instalaciones para pacientes de COVID-19 y se formulaba una serie de preguntas sobre la capacidad de prevención y control de infecciones de las instalaciones.

Sin embargo, a Amnistía le preocupa que, hasta la fecha, no se haya establecido —que se sepa— ningún mecanismo para asegurarse de que las residencias de mayores a las que se está pidiendo que acepten a pacientes infectados han sido evaluadas por un organismo independiente y profesional que garantice que cuentan con la infraestructura, el personal, los equipos, la formación y los sistemas necesarios para procurar una protección efectiva del virus a los y las residentes y al personal, y una atención adecuada para las personas infectadas que van a ingresar en ellas.

Dadas las presiones económicas que muchas de estas residencias están sufriendo debido a la disminución de la ocupación y el aumento de los gastos relacionados con la COVID-19, como la subida de las primas de seguros, a Amnistía le preocupa que las residencias se sientan obligadas a aceptar pacientes de COVID-19 sin tener los medios para hacerlo sin riesgos.

Amnistía ha visto informes según los cuales se iba a pedir al principal organismo regulador, la Comisión de Calidad de la Atención (CQC), que asumiera la función de evaluación. La organización pidió una aclaración a la CQC el pasado viernes 16 de octubre, pero no ha recibido respuesta hasta la fecha.

Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido, ha manifestado que «el alta de pacientes de COVID-19 y su ingreso en residencias de mayores llenas de personas vulnerables es uno de los mayores y más devastadores errores de la gestión de la pandemia por el gobierno. Y se está aplicando la misma política letal que se aplicó al principio de la pandemia a pesar de conocer sus catastróficos resultados y las vidas que se perdieron como consecuencia de ella».

Agrega que «no hay duda de que la primera serie de altas masivas de pacientes a quienes no se había sometido a ninguna prueba fue una violación de los derechos humanos de quienes vivían en las residencias y pudo haber causado muertes evitables».

Este octubre de 2020, Amnistía ha publicado un informe en el que se concluía que el ingreso de miles de pacientes ancianos sin haberlos sometido previamente a pruebas en residencias de mayores en Inglaterra al comienzo del confinamiento por el coronavirus fue una violación de sus derechos humanos.

Amnistía ha lanzado una campaña para pedir una investigación pública completa e independiente sobre la pandemia, que debería comenzar de inmediato con una fase provisional centrada en la población de las residencias de mayores.

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