La Dirección General de la Policía ha aprobado este 19 de diciembre de 2022 un Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de género, orientación e identidad sexual, que tiene como objetivo establecer unas pautas de actuación con el fin de erradicar conductas constitutivas de acoso sexual en el seno de la Policía Nacional, reforzando así su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos y la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, dos de los objetivos recogidos en el Plan Estratégico Institucional.

El protocolo crea una Asesoría Confidencial en cada Jefatura Superior de Policía y en cada uno de los organismos centrales de la Policía Nacional, que será responsable de recoger y tramitar las denuncias relacionadas con esta materia.

La Policía Nacional está comprometida a consolidar una cultura de tolerancia cero respecto a comportamientos que sean constitutivos de acoso sexual o supongan un trato diferente por cuestión de género o por razón de identidad de género u orientación sexual, evidenciando un compromiso con la diversidad y la lucha por la erradicación de todo acto de violencia sexual, entre los que se incluyen los diferentes tipos de acoso. 

Recuperación de posibles víctimas

El objetivo general del protocolo es establecer las medidas necesarias para prevenir y actuar ante situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, o cualesquiera otras formas de discriminación por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual en la Dirección General de la Policía. Además de contemplarse medidas preventivas y de actuación ante ese tipo de situaciones, se facilitará la recuperación de las personas sometidas a situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual en el entorno profesional.

En el protocolo se establecen una serie de objetivos específicos como son formar y sensibilizar en la materia, para poder detectar dichas situaciones y evitar que se produzcan; garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las personas afectadas y, garantizar la aplicación de medidas para la protección de las presuntas víctimas, incluidas las medidas cautelares.

El protocolo se aplicará en su integridad cuando la persona afectada y la persona presuntamente agresora pertenezcan al personal funcionario de la Dirección General de la Policía, incluido el personal de cuerpos generales y el personal laboral. Además, será de aplicación al funcionariado en prácticas, así como al alumnado de la Escuela Nacional de Policía.

Si la persona afectada no forma parte del personal funcionario de la Policía Nacional, o de los cuerpos generales o personal laboral que presta servicio en este ámbito, se le informará de la existencia de este protocolo, y se le ofrecerán las medidas de prevención del acoso, así como información de los derechos que le asisten.

Además, a la persona presuntamente agresora, le será de aplicación, a petición de la persona afectada, el procedimiento especial establecido en el protocolo y, en su caso, el régimen disciplinario que corresponda.

Asesoría Confidencial para las víctimas

Se crea una unidad de acompañamiento y asesoramiento, que recibirá el nombre de Asesoría Confidencial y que, además, será la responsable de recoger y tramitar las denuncias y comunicaciones relacionadas con esta materia.

Esta asesoría existirá en cada jefatura superior de Policía y en cada uno de los organismos centrales que se recogen en el protocolo, siendo la responsable de asistir y apoyar a la víctima durante todo el proceso, informándola sobre sus derechos y las vías de actuación posibles ante su situación, así como de valorar si son precisas medidas cautelares.

Las Asesorías Confidenciales reportarán los casos de los que tengan conocimiento al Área de Derechos Humanos e Igualdad y a la Comisión Territorial de Seguimiento, a través de informe detallado de cada denuncia de acoso presentadas en su ámbito competencial.

Se encargarán de tramitar y gestionar las comunicaciones referentes a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, así como de la aplicación, seguimiento y desarrollo del procedimiento de actuación.

La Asesoría Confidencial será la responsable de asistir y apoyar a la víctima durante todo el proceso, informándola sobre sus derechos y sobre las distintas vías de actuación posibles.

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