Militantes de Extinction Rebellion (XR) han cortado este 4 de junio 2021 la Gran Vía de Madrid en una iniciativa concertada con la fundación Fibgar, bajo el lema STOP ECOCIDIO, en protesta por los crímenes ambientales masivos que suponen la desaparición de las especies y reclamar el reconocimiento legal del «ecocidio» en el derecho internacional para protegernos contra la criminalidad ambiental a gran escala.
Argumentan estas asociaciones que acabar con la impunidad mediante el reconocimiento jurídico del ecocidio, tanto en el derecho español como en el derecho internacional, permitirá construir un potente marco legal para proteger la vida a nivel global.
Con el desfile de las especies amenazadas y la puesta en escena de sus cadáveres, Extinction Rebellion ha presentado en la Gran Vía el escenario de máxima catástrofe que es nuestra extinción, ya que en un solo año desaparecen las especies animales que hubiéramos perdido en cien años y el cuarenta por ciento de las especies vegetales están en riesgo de extinción, con un ritmo que se acelera.
Un funeral y una escena de crimen
El desfile de esculturas de varias especies ante la ciudadanía muestra una agonía de las especies animales, de los ecosistemas y también una amenaza de muerte para la especie humana: «La pandemia de la COVID-19 ya ha demostrado nuestra vulnerabilidad y nuestra total interdependencia con las especies animales y el deterioro de los ecosistemas. Ni la apuesta por la adaptación tecnológica ni el negacionismo logran aniquilar esta realidad» sostiene XR en un comunicado.
Al final del desfile, los cuerpos agonizantes ya convertidos en cadáveres y tumbados en la acera se han dibujado en sus contornos como si se tratara de la escena del crimen, porque «si el crimen se nombra y existe una tipificación penal de ecocidio, se puede reconocer ante un tribunal. Tarde o temprano también saldrán los nombres de los criminales y rendirán cuentas».
Según Maite Mompó, directora de la campaña Stop Ecocidio en España: «Si creamos el crimen internacional penal se podrá apuntar a los responsables directos de un ecocidio: estamos hablando de directores ejecutivos de corporaciones o miembros de gobiernos que dan permiso para que se produzcan estas prácticas. Nadie quiere ser comparado con un criminal de guerra».
indica que apuntar a los responsables directos no es una utopía jurídica porque el reciente juicio de Shell en Países Bajos lo demuestra: «la justicia ambiental avanza y construye lo que el tribunal de La Haya llamó un derecho a la vida. Porque el ecocidio también es un crimen contra la humanidad».
La campaña Stop Ecocidio, se origina en un movimiento internacional lanzado por la jurista Polly Higgins, y reclama a todos los estados su apoyo para el reconocimiento por la Corte Penal Internacional del delito de ecocidio.
Ciudadanía y justicia
Bélgica solicitó el 30 de diciembre 2020 que el ecocidio se incluyera en el Tratado de Roma que regula el derecho internacional y ya está tramitado el reconocimiento de este crimen en su propio derecho nacional. En Francia, en junio 2020, fue la ciudadanía, reunida en asamblea ciudadana climática, la que pidió al gobierno y al parlamento el reconocimiento jurídico inmediato del ecocidio y de los límites planetarios.
El movimiento Extinction Rebellion España reclama al gobierno español que la asamblea climática que ha programado para otoño 2021 trate de todos los temas de transformación profunda de nuestra sociedad, y en particular del ecocidio. Esta asamblea climática debería tener un poder vinculante y reunirse de manera presencial para que la ciudadanía pueda informarse, deliberar y decidir. El derecho a la vida y la tipificación penal del ecocidio deben estar en el centro de los debates.
El manifiesto Stop Ecocidio, promovido por Extinction Rebellion y la fundación Fibgar, reclama al gobierno español que se comprometa con el reconocimiento del crimen de ecocidio y que actúe ante y con la ciudadanía.