En un artículo publicado el 8 de marzo de 2024 en Sistema Digital, el catedrático emérito de Derecho constitucional de la Universidad Complutense Javier García Fernández analiza la parálisis que afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España, enfatizando la urgencia de encontrar soluciones ante el estancamiento provocado principalmente por el Partido Popular (PP).
Desde 2018, el PP se ha negado a acordar la renovación del CGPJ, buscando mantener un control que impida una mayoría progresista dentro del organismo. Esta situación ha generado una crisis institucional que compromete el funcionamiento de la Administración de Justicia y, por ende, los derechos de los ciudadanos.
García Fernández critica la postura del PP, que condiciona la renovación del CGPJ a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que sustraiga a las Cortes la capacidad de elegir a doce de sus vocales. El autor ve imposible cualquier acuerdo bajo estas condiciones, ya que la derecha política y judicial española, al rehusar la renovación, prefieren dejar moribundo al órgano de gobierno del Poder Judicial antes que permitir una composición que no controle.
El articulista destaca la paradoja de que un órgano constitucional esencial para el funcionamiento del Estado democrático esté inoperante. Remarca los problemas derivados de esta situación, como el retraso en las decisiones judiciales y la ineficiencia en la administración de justicia, lo que afecta directamente a millones de ciudadanos. Ante este escenario, García Fernández insiste en la necesidad de que tanto el Gobierno como las Cortes Generales adopten medidas provisionales para desbloquear la situación.
Como solución, propone una iniciativa basada en dos principios: el derecho transitorio, destinado a asegurar una transición armoniosa entre normativas, y la gobernabilidad como valor constitucional implícito que facilita la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía. A partir de estos fundamentos, sugiere modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para añadir un artículo que permita a las Cortes Generales nombrar provisionalmente a los veinte vocales del CGPJ si su renovación no se produce tras seis meses. Este nombramiento sería por un máximo de cinco años o hasta que se elijan los vocales mediante el procedimiento habitual.
El autor plantea que esta medida transitoria, aunque excepcional, sería constitucional y serviría como mecanismo de presión para superar el bloqueo. Argumenta que esta propuesta obligaría a las fuerzas políticas a negociar o, al menos, garantizaría una representación mínima que refleje la diversidad parlamentaria y evite la paralización total del órgano.
García Fernández justifica la constitucionalidad de su propuesta apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha reconocido la viabilidad de adaptaciones normativas en circunstancias excepcionales, siempre que no se instauren como soluciones permanentes.
En conclusión, el artículo de García Fernández aboga por una intervención audaz y pragmática ante una crisis institucional prolongada. Propone una salida que, si bien no es la ideal, pretende desatascar la renovación del CGPJ, crucial para la salud democrática y la eficacia de la justicia en España. La propuesta busca equilibrar el respeto a la Constitución con la necesidad imperante de restablecer la funcionalidad de un pilar fundamental del sistema judicial español.
