Docentes de la Universidad de Costa Rica han suscrito un pronunciamiento en defensa de la justicia constitucional y la independencia judicial, después de que el Gobierno calificara de «golpe de Estado» una sentencia sobre la designación de magistraturas suplentes. Los firmantes advierten de que el conflicto compromete principios esenciales del Estado de Derecho costarricense.
El profesor Nicolás Boeglin, colaborador de Periodistas en Español y docente de Derecho Internacional Público, ha remitido a esta redacción el pronunciamiento suscrito por profesores de la Universidad de Costa Rica.
El documento expresa una «profunda preocupación» por el proceso de designación de magistraturas suplentes de la Corte Suprema de Justicia, la resolución adoptada por la Sala Constitucional y las posteriores reacciones del Poder Ejecutivo y del oficialismo parlamentario.
La sentencia sobre las magistraturas suplentes
La controversia se agravó el treinta de julio, cuando la Sala Constitucional resolvió el recurso de amparo 26-13498-0007-CO y dictó la sentencia 2026-13498.
El tribunal dejó sin efecto los acuerdos de la Asamblea Legislativa destinados a devolver a la Corte Suprema la nómina de candidaturas y solicitar una lista nueva.
La sentencia también ordenó a la presidenta del Parlamento, Yara Jiménez, disponer lo necesario para que el Pleno vuelva a conocer la nómina «en la próxima oportunidad posible».
Como medida transitoria, la Sala prorrogó los mandatos de las magistraturas suplentes cuyo periodo había vencido en diciembre de 2025. Esta prórroga solo puede utilizarse para evitar la paralización del tribunal en asuntos urgentes e indispensables.
La resolución se aprobó por cuatro votos frente a tres. Según informó Delfino.cr, la Asamblea debía elegir nueve magistraturas entre las dieciocho candidaturas remitidas por la Corte Plena en octubre de 2025.
El mismo medio señaló que, a catorce de julio, 123 expedientes no habían podido resolverse debido a inhibitorias o recusaciones de integrantes titulares y a la ausencia de suplentes disponibles.
Rechazo a la acusación de «golpe de Estado»
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, respondió a la sentencia calificándola de «golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa», según recogió El País.
Los profesores firmantes rechazan «el uso irresponsable del concepto de golpe de Estado» para describir un desacuerdo surgido dentro del funcionamiento ordinario de las instituciones.
A su juicio, emplear esa expresión en una controversia entre poderes «desvirtúa su significado histórico y jurídico, deteriora la deliberación pública y puede contribuir a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas».
El pronunciamiento reconoce que las decisiones judiciales pueden ser analizadas y criticadas públicamente. Sin embargo, sostiene que, mientras permanezcan vigentes, las autoridades y la ciudadanía deben respetarlas, sin perjuicio de acudir a los procedimientos institucionales previstos para solicitar su revisión o modificación.
Una llamada en defensa del Estado de Derecho
Los docentes respaldan la sentencia porque consideran que preserva la protección de los derechos fundamentales, la independencia judicial y las potestades constitucionales de la Asamblea Legislativa.
El texto recuerda que la democracia no se limita a la celebración de elecciones ni al principio de mayoría. También requiere separación de poderes, controles institucionales independientes, respeto a la Constitución y garantías efectivas para los derechos fundamentales.
«Ninguna autoridad se encuentra por encima del Derecho, y ninguna puede legítimamente desconocer las competencias constitucionalmente atribuidas a los demás poderes del Estado», sostienen los firmantes.
El pronunciamiento concluye con un llamamiento a la comunidad jurídica y académica y a la ciudadanía costarricense para defender la República democrática, el Estado constitucional de Derecho y la independencia del Poder Judicial.
Firmantes del pronunciamiento
La relación se reproduce íntegramente y en la forma en que aparece en el documento remitido a esta redacción:
- Prof. Gustavo Chan Mora
- Profa. Vera Violeta Salazar Rojas
- Prof. Alejandro Guevara Arroyo
- Profa. Maureen Jiménez Gómez
- Prof. Luis Felipe Rodríguez Vargas
- Profa. Andrea Marcela Gutiérrez Baltodano
- Profa. Ana Lucía Blanco Villalobos
- Prof. Juan Pablo Salazar Carvajal
- Prof. Eric Alfredo Chirino Sánchez
- Prof. Jorge Sáenz Carbonell
- Profa. Ana Lorena González Valverde
- Profa. Marcela Muñoz Muñoz
- Profa. Rosaura Chinchilla Calderón
- Prof. Víctor Barrantes Marín
- Prof. Jaime Ordoñez
- Profa. Tania Morales Martinez
- Prof. MANUEL ROJAS SALAS
- Prof. José M. Cisneros Mojica
- Prof. Alberto Jiménez Mata
- Profa. Anahí Fajardo Torres
- Prof. Daniel González Álvarez
- Profa. Marilú Rodríguez Araya
- Profa. Maripaz Sancho Miranda
- Prof. Erick Gatgens Gómez
- Prof. Norman José Solórzano Alfaro
- Prof. Marvin Carvajal Pérez
- Prof. Mauricio Castro Méndez
- Prof. Alfonso Chacón Mata
- Prof. Gabriel Espinoza
- Prof. José Carlos Chinchilla
- Profa. Lilliana Rivera Quesada
- Prof. Frank Álvarez
- Profa. Marianela Aguirre Rodríguez
- Profa. Ana Karen Cortés Víquez
- Prof. Jose Manuel Arroyo
- Profa. Xiomara Gutiérrez Cruz
- Prof. Nicolás Boeglin
- Profa. Marcela Gonzalez Solera
- Prof. Guillermo Arce Arias
- Prof. emérito Walter Antillon Montealegre
- Profa. Ana Elena Alvarado Salazar
- Prof. emérito Javier Llobet
- Profa. Sofia Cordero Molina
- Profa. jubilada Claudia Arroyo Borroni
- Profa. Anahí Fajardo Torres
- Prof. jubilado Edgar Gutierrez Espeleta
- Profa. Yendry Muñoz Vásquez
- Prof. jubilado Omar Vargas Rojas
- Profa. Adriana Acuña Leiva
- Profa. jubilada Mayra Campos Zúñiga
- Prof. José David Ramírez Roldán
- Profa. jubilada Cecilia Ivette Villalobos Soto
- Prof. Carlos Tiffer Sotomayor
- Prof. Edgar Odio Rohrmoser
