Bajo el lema «Nunca Más Muertos Evitables, Nunca Más Privatizaciones. La Privatización mata», profesionales sanitarios de todos los niveles y oficios, apoyados por sus familias y miles de personas se manifestaron este sábado 20 de junio de 2020 en cuarenta ciudades de España en defensa de la sanidad pública y reivindicando expulsar a la empresa privada del Sistema Nacional de Salud, convocados por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS).

Junto a CAS, convocaban la manifestación la Plataforma por un Plan de Choque, la Plataforma de Centros de Salud, y la Coordinadora de Médicos Internos y Residentes (MIR) que convoca huelga el 1 de julio para denunciar su escandalosa precariedad laboral

Desde la CAS se explica que estas manifestaciones han sido el encuentro de dos procesos, el primero de ellos los dieciséis años de lucha constante «barrio a barrio, pueblo a pueblo» silenciada sistemáticamente porque denunciaba al mismo tiempo «al PP, al PSOE y a las derechas nacionalistas que con sus votos apoyaron la Ley 15797 que permite la entrada del capital privado en la sanidad» así como «la complicidad de sus satélites sociales y sindicales», que ha contado «con los dueños de los medios de comunicación» tradicionales.

El segundo ha venido de la mano «del dolor y el miedo por la pandemia», cuando la reivindicación de la sanidad pública «se fue abriendo paso en cada barrio y en cada pueblo, esgrimida por la gente como un arma frente al esperpento de la extrema derecha, evitó que los fascistas ocuparan sus calles, al tiempo que los aplausos que bajaron de los balcones a los centros sanitarios, se fueron constituyendo en acusación por el desmantelamiento de la sanidad pública.

En Madrid, la manifestación, cumpliendo protocolos de seguridad y de distanciamiento, partió de Atocha, para llegar al Hospital Niño Jesús, actualmente en el punto de mira de los privatizadores.

Los cinco puntos reivindicativos de la campaña, suscrita por más de 160 organizaciones sindicales, profesionales, sociales y políticas de todo el estado, son:

1. Cuando el lucro entra por la puerta, la salud sale por la ventana: la privatización mata.

La Ley General de Sanidad no permitía la gestión por parte de empresas privadas de los recursos públicos sanitarios o sociosanitarios. Por esa razón, en 1997, PSOE, PP, PNV, CC y CiU aprobaron la Ley 15/97 de “Nuevas formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud”. A partir de su entrada en vigor, se sucedió la apertura de centros sanitarios gestionados por empresas privadas mediante concesiones por décadas. Paralelamente, se fueron desmontando los centros públicos de “gestión directa” y consecuentemente detrayendo dinero de la gestión directa, para pagar los cánones de estas empresas privadas. Añadido a ello, la proliferación de empresas privadas para prestar servicios dentro de nuestros Centros (Limpieza, Transporte Sanitario, Mantenimiento, etc.). Así como la instauración de las Unidades de Gestión Clínica.

Para los convocantes, la derogación de la Ley 15/97, impediría la gestión privada de la sanidad y los servicios sociosanitarios públicos.

Con el Blindaje de la sanidad, ningún centro sanitario del SNS podrá enajenarse o pasar a manos privadas. La supresión de los conciertos permitiría dedicar ese dinero a la reapertura de las camas y servicios que han sido cerrados en los últimos años, al aumento de plantillas, con implantación de un turno de tarde en aquellas especialidades médicas necesarias, eliminando las “peonadas” y horas extra, para utilizar al cien por cien los recursos, y evitar la emigración de muchos profesionales.

En base al interés general, se propone dedicar como mínimo a la atención primaria el 25 por ciento del presupuesto sanitario de cada territorio, incluyendo atención integral a la reproducción y a la sexualidad, así como atención odontológica y gerontológica.

2. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública

En consecuencia es preciso adoptar de forma prioritaria y urgente las siguientes medidas:

  • La investigación, fabricación, distribución y dispensación de medicamentos deberán estar sometidas a la planificación estratégica del Sistema Nacional de Salud.
  • Creación de una Industria Farmacéutica Pública que se ocupe de la investigación, fabricación y distribución de, al menos, los 433 medicamentos considerados esenciales por la OMS. Entre ellos necesariamente deben incluirse todos los hemoderivados que obtendrán la sangre de donantes altruistas, volviendo a manos públicas todas las donaciones actualmente privatizadas. Su germen debería ser el Centro Militar de Farmacia de la Defensa cuya experiencia es preciso extenderla al ámbito del Sistema Nacional de Salud.
  • Puesta en marcha de los estudios necesarios para desarrollar una industria sanitaria para aquellos elementos esenciales dentro del SNS: material de protección (mascarillas, EPIs, etc.), respiradores, test diagnósticos, etc.

3. Sanidad para todos y todas, sin requisitos ni excepciones

Se exige una sanidad pública, universal, gratuita en el momento del uso, de calidad, sin requisitos ni excepciones, incluidas las personas migrantes en situación irregular.

4. Cuidados de nuestros mayores con dignidad

Respecto a las experiencias resultado de la COVID-19 se exige:

  • Investigación y transparencia ante los posibles casos de negligencia y maltrato en las residencias durante la pandemia del covid-19. Cierre inmediato de aquellas que hayan incurrido en incumplimiento y devolución del dinero público recibido.
  • Ninguna contraprestación a empresas con el pretexto de la crisis del Covid-19. Nunca más dinero público para el negocio privado.
  • Servicios socio-sanitarios 100% públicos. Eliminación de los conciertos, subvenciones públicas, “gestión indirecta” de los centros, así como de cualquier tipo de mecanismo de colaboración público-privada.
  • Centros residenciales públicos y de calidad, con personal y gestión pública. Incremento de ratio de personal de todas las categorías y definición de los perfiles profesionales.
  • Vinculación de las residencias con el SNS a través de Atención Primaria.
  • Derecho a una plaza en residencia pública para todas las personas.

Estas exigencias son innegociables porque son de mínimos en una sociedad justa y solidaria en la que sus miembros se cuidan entre sí.

5. Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad

Se propone el establecimiento del «Principio de Precaución» como fundamental de la acción sanitaria en todos sus niveles, para no seguir actuando solo sobre los síntomas, sino sobre las causas, porque debemos «prevenir lo que no sabemos curar».

Un Sistema de Salud, basado en la prevención de la enfermedad debe planificar su actividad de forma coordinada con otros sectores sociales y establecer prioridades basadas en la reducción de las desigualdades sociales, en la mejora del estado de salud de la población y en la inversión en bienestar social, aunque para ello haya que cuestionar el “crecimiento” económico.

Los aspectos relacionados con la salud laboral deben pasar a ser competencia del Sistema de Salud con autoridad para intervenir sobre las condiciones de trabajo.

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