En un giro controvertido, la mayoría parlamentaria del PP y Vox en Baleares ha aprobado una nueva «Ley de Transparencia» que, paradójicamente, conduce al cierre de la Oficina Anticorrupción de la región.
La reforma legal promueve un cambio en el tratamiento de las investigaciones de corrupción, otorgando al gobierno la potestad de dictaminar y, potencialmente, desestimar las indagaciones en curso.
Bajo la nueva legislación, las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos se tornarán parcialmente confidenciales, marcando un cambio significativo respecto a su anterior carácter público.
Además, las denuncias de corrupción ya no podrán mantenerse anónimas, un aspecto crítico cuando se considera que más de la mitad de las denuncias recibidas durante el mandato actual fueron presentadas de manera anónima.
Cristóbal Milán, quien hasta ahora dirigía la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares (OAIB), expresaba este 27 de marzo de 2024 a la Cadena Ser su preocupación por el «desamparo» que esta ley representa para los ciudadanos.
Siguiendo sus declaraciones, la capacidad de denunciar irregularidades en el sector público, que abarcaba desde asuntos administrativos hasta casos de corrupción, queda severamente mermada. De las quinientas denuncias presentadas a la Oficina, unas trescientas habían sido tramitadas, pero con la nueva ley, el futuro del resto es incierto, pues serán transferidas a la inspección de servicios de la Comunidad Autónoma sin garantías de un seguimiento adecuado.
Esta decisión ha desencadenado críticas por parte de expertos y ciudadanos, quienes ven en ella un claro retroceso en la lucha contra la corrupción. La Oficina Anticorrupción de Baleares había jugado un papel fundamental, no solo en la recepción y tramitación de denuncias sino también en el seguimiento de las medidas adoptadas para corregir irregularidades detectadas.
Milán también destacó el impacto negativo de la ley en investigaciones de alto perfil, como el caso de las mascarillas investigado por la fiscalía europea, donde la Oficina había identificado operaciones irregulares. La nueva regulación amenaza la transparencia y la efectividad de tales investigaciones, sometiendo el proceso a la posible influencia gubernamental.
La ley se contrapone además a tendencias internacionales y europeas hacia una mayor transparencia y protección para los denunciantes. Especialmente con la Directiva Europea de lucha contra la corrupción en trámite y las recomendaciones de la ONU sobre la mesa, Baleares parece moverse en dirección contraria, limitando la transparencia y la capacidad de rendición de cuentas.
Finalmente, con la implementación de esta ley, la transparencia patrimonial de los cargos públicos sufrirá un duro golpe, restringiendo el acceso público a las declaraciones de bienes. Esto, según Milán, no solo supone un retroceso en la lucha contra la corrupción sino que también contradice los esfuerzos legislativos en otras regiones de España, como el País Vasco, donde se promueve la creación de entidades independientes de control y transparencia.
La comunidad balear y observadores de toda España esperan ahora las repercusiones de esta decisión, que podría marcar un punto de inflexión en la percepción pública de la lucha contra la corrupción y la transparencia gubernamental en las Islas Baleares.
