El plan de vivienda del Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, incluye medidas principalmente favorables a los arrendadores. La propuesta más destacada es el aval público a las fianzas de alquiler, que garantiza al casero el montante de la fianza sin aliviar la carga financiera del inquilino.
Además, se sugieren seguros de impago cuyo coste, aunque no especificado, suele recaer en los inquilinos a través de cláusulas potencialmente abusivas.
Esta orientación a proteger al arrendador es una constante en el enfoque del PP, buscando tranquilidad y seguridad para propietarios y bancos, más que ofrecer soluciones directas a quienes arriendan las viviendas.
Este plan de vivienda del PP, redactado en cinco folios que incluyen dieciséis medidas, se conoce cuando el precio de los alquileres en España ha crecido un seis por ciento en el primer trimestre de 2024, con un precio del metro cuadrado de 12,36 euros al mes de promedio.
Las subidas se producen en todas las comunidades autónomas y pueden alcanzar el once por ciento. La Comunidad de Madrid es la región con la vivienda más cara de toda España, y el metro cuadrado en la capital se sitúa en 18,32 euros al mes.
Impacto en los arrendatarios
El plan carece de políticas explícitas que aborden directamente las preocupaciones de los inquilinos, como el control de alquileres o la accesibilidad a viviendas asequibles.
A pesar de mencionar la colaboración público-privada para generar vivienda en alquiler a precios asequibles, los criterios establecidos por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, como ingresos mínimos elevados y rentas altas para viviendas de protección pública, limitan considerablemente el acceso a estas opciones, dejando a los arrendatarios en una posición vulnerable ante el mercado de alquiler libre.
Enfoque en la «okupación»
El PP destina una parte significativa de su estrategia a combatir la «okupación», proponiendo medidas como el desalojo rápido de viviendas ocupadas y sanciones más severas para quienes ocupan propiedades ilegalmente.
Estas propuestas reflejan una visión punitiva hacia un problema que también tiene raíces sociales y económicas, sin ofrecer soluciones constructivas para las causas subyacentes de la «okupación», como la falta de vivienda asequible y la exclusión social.
Incentivos para constructores y promotores Inmobiliarios
La política de vivienda del PP también incluye medidas para estimular la construcción y la rehabilitación de viviendas.
Propuestas como la liberalización de suelo para aumentar la oferta, la reducción de requisitos burocráticos para promotores, y beneficios fiscales significativos, como deducciones en el IRPF para propietarios que reactiven inmuebles vacíos, apuntan a dinamizar el sector inmobiliario.
Estas medidas, sin embargo, podrían favorecer más a los intereses de los promotores que a las necesidades reales de acceso a vivienda para la población.
Referencias Institucionales
El plan ha sido influido notablemente por las políticas implementadas en la Comunidad de Madrid bajo la administración de Ayuso, quien ha enfocado en la creación de vivienda asequible con criterios restrictivos de acceso.
Según la última oferta conocida sobre el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, los requisitos establecidos por el Gobierno de Díaz Ayuso para poder acceder a una renta asequible en San Sebastián de los Reyes fijan la oferta de una habitación y 44 metros cuadrados en 821,72 euros al mes más gastos de comunidad, con el requisito de ingresar al menos 2350 euros netos al mes.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida al frente, ha sido citado como ejemplo de la filosofía de «no hacer nada» en cuanto a nuevas políticas de vivienda, a pesar de las crecientes demandas por soluciones más equitativas y accesibles.
Este análisis de la política de vivienda del PP revela un enfoque que favorece claramente a los propietarios y promotores, mientras deja a un lado las necesidades urgentes de los inquilinos y trata de manera punitiva el fenómeno de la «okupación», sin abordar sus causas profundas.