La Agrupación Reformista de la Policía (ARP) exige la inhabilitación a perpetuidad para cargo público de la comisaria principal María Estíbaliz Palma Varona, destituida como responsable de la Comisaría Provincial de Pontevedra por unas palabras que inducían a la violencia contra mujeres por agentes antidisturbios.
La Dirección General de la Policía decidió cesar a Palma como comisaria provincial de Pontevedra y abrirle expediente disciplinario por decir en un acto de homenaje a un agente que debió jubilarse por lesiones sufridas en los incidentes relacionados con el «process» de Cataluña que «hubo cuarenta y ocho horas en que parecía que la Policía Nacional se había transformado y, de repente, violaba, maltrataba y no sé qué cuántas cosas hacía más, que ya les gustaría a algunas que las violara un UIP (antidisturbios)», según adelantó en exclusiva elDiario.es.
La ARP sostiene que «cualquier defensa de la citada funcionaria una vez admitida sus palabras, discurso o pensamiento ideológico, no encaja en una institución democrática, no se puede admitir unas palabras más propia de personas que generan violencia, utilizando unas Unidades de Intervención ( UIPs) una imagen injustificada de un alto cargo de policía nacional, que dejado en mal lugar a miembros de estas unidades, merecen un respeto debido al compromiso que mantienen con la sociedad; una labor ingrata que no puede ser usada, para justificar unas palabras efectuadas por la citada funcionaria que producen repudio por parte de este sindicato».
Añade que el talante de esta comisaria debe ser analizado por unos servicios neutrales, ajenos a la Dirección General de la Policía, que practiquen una prueba que pueda definir la incompatibilidad de esta persona, que atenta al código deontológico, ético y profesional de cualquier miembro del Cuerpo de Policía Nacional.
También pide que de forma expresa, la comisaria debe «justificar que son plazas nacionales o republicanas, algo vergonzoso e injustificable en la mente de quienes pueden servir a la sociedad desde un alto cargo policial en el actual siglo veintiuno», en referencia a que en ese mismo acto dijo que recordaba que «estaba de comisaria en Pozuelo de Alarcón cuando pasó todo esto y ya me iba de Pozuelo y venía para Pontevedra. Pozuelo es una plaza nacional, no republicana. O sea, era un ámbito estupendo cuando dabas una charla. Pero hubo un momento… mis hijos con redes sociales decían: ‘Mamá, ¿qué hace la Policía en Catalunya?’»..
La ARP argumenta que esta funcionaria cesada, se ha podido beneficiar de una profesión, de unos ingresos y un bienestar profesional que pocos funcionarios de la administración general del estado poseen.
Y que sus subordinados y la sociedad por donde ha sido designada profesionalmente por la Dirección General de la Policía merecen una disculpa profesional y social, porque «justificar una presunta violación de miembros de la UIps, hacia mujeres o miembros de una determinada comunidad donde se produzcan hechos violentos, es intolerable, invita al odio, al margen del daño a la imagen que afecta a la credibilidad del Cuerpo de Policía Nacional».
La Agrupación Reformista de Policías exige por estas declaraciones la inhabilitación a perpetuidad para cargo público de la comisaria principal María Estíbaliz Palma Varona porque «su salida del Cuerpo de Policía Nacional sería una respuesta adecuada al daño causado a la institución policial que, en estos momentos se ve afectada por sus deplorables palabras».
