El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado la defensa del derecho internacional y de las instituciones multilaterales en el centro de la posición española sobre Palestina tras reunirse en La Moncloa con la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.
La reunión, celebrada el 7 de mayo 2026, se produjo apenas un día después de que España reclamara formalmente a la Comisión Europea la activación del denominado Estatuto de Bloqueo para neutralizar en territorio europeo las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Albanese y miembros de la Corte Penal Internacional (CPI).
La iniciativa del Ejecutivo español supone uno de los movimientos diplomáticos más contundentes de un Estado miembro de la Unión Europea en defensa de responsables internacionales que investigan posibles crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en Gaza.
Según informó oficialmente La Moncloa, Sánchez y Albanese coincidieron «en la importancia de defender una aplicación ecuánime del Derecho Internacional y la independencia de las instituciones multilaterales».
Ambos abordaron además «la necesidad del cese inmediato de la violencia y la construcción de una paz duradera con dignidad y humanidad».
Durante el encuentro, el presidente del Gobierno entregó a la relatora de la ONU la Orden del Mérito Civil «por su extenso trabajo documentando y denunciando las violaciones del derecho internacional en Gaza», destacó el Ejecutivo.
Sánchez escribió posteriormente en la red social X: «La responsabilidad pública también implica la obligación moral de no mirar hacia otro lado. Es un honor otorgar la Orden del Mérito Civil a una voz que sostiene la conciencia del mundo».
España pide a Bruselas proteger a Francesca Albanese y a la CPI
La reunión con Albanese llegó después de que Pedro Sánchez remitiera una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitando la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea.
Este mecanismo comunitario permite neutralizar en suelo europeo los efectos de sanciones impuestas por terceros países cuando afectan a intereses o principios fundamentales de la UE.
En su escrito, el presidente español alertó de que las sanciones estadounidenses «suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional».
La petición española pretende proteger tanto a Francesca Albanese como a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional sancionados por Washington tras impulsar investigaciones relacionadas con la ofensiva militar israelí en Gaza.
El Gobierno español considera que las medidas adoptadas por Estados Unidos representan un ataque directo al sistema internacional de protección de los derechos humanos y a la independencia judicial de organismos internacionales.
La Moncloa subrayó que España ya trabaja para «recabar el apoyo de otros Estados miembros» con el objetivo de formar una coalición favorable a esta iniciativa dentro de la Unión Europea.
El Estatuto de Bloqueo se diseñó originalmente para contrarrestar sanciones extraterritoriales estadounidenses de carácter económico, especialmente las relacionadas con Cuba e Irán. Sin embargo, el Ejecutivo español plantea ahora extender su aplicación al ámbito de la justicia internacional y la protección de relatores y magistrados internacionales.
Francesca Albanese, una de las voces más incómodas para Israel
Francesca Albanese ejerce desde 2022 como relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.
Durante los últimos meses, la jurista italiana ha publicado varios informes en los que denuncia posibles crímenes de guerra, castigos colectivos y prácticas compatibles con el genocidio en Gaza.
Sus investigaciones y declaraciones han provocado fuertes ataques diplomáticos por parte del Gobierno israelí y de sectores políticos estadounidenses, que la acusan de mantener posiciones hostiles hacia Israel.
Albanese ha defendido reiteradamente la necesidad de aplicar el derecho internacional humanitario «sin excepciones» y ha reclamado sanciones internacionales contra responsables políticos y militares implicados en ataques contra población civil palestina.
Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han respaldado públicamente su labor como relatora de Naciones Unidas.
El respaldo español refuerza la estrategia diplomática sobre Palestina
La defensa de Francesca Albanese se enmarca en la estrategia diplomática impulsada por el Gobierno español desde el reconocimiento oficial del Estado palestino en 2024.
Pedro Sánchez ha intensificado en los últimos meses sus críticas a la ofensiva militar israelí en Gaza y ha reclamado un alto el fuego permanente, el acceso inmediato de ayuda humanitaria y el respeto al derecho internacional.
España mantiene además una posición especialmente activa dentro de la Unión Europea en favor de la protección de la población civil palestina y de la investigación internacional sobre posibles crímenes de guerra.
La decisión de solicitar la activación del Estatuto de Bloqueo supone también un mensaje político dirigido a Washington y a Bruselas en defensa de la autonomía europea en materia de justicia internacional y derechos humanos.
Actualidad
El pasado 10 de marzo, Pedro Sánchez reiteró durante su encuentro con el comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini, el apoyo de España a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
En aquella reunión, el presidente del Gobierno defendió «la imprescindible labor humanitaria» que desarrolla la agencia de la ONU en Gaza y alertó sobre la situación «catastrófica» que atraviesa la población palestina.
La UNRWA continúa denunciando la destrucción sistemática de infraestructuras civiles y el deterioro extremo de las condiciones de vida en Gaza. La agencia de Naciones Unidas advierte de que millones de personas afrontan una crisis humanitaria sin precedentes por la falta de alimentos, agua potable y atención sanitaria.
Por su parte, la Corte Penal Internacional mantiene abiertas investigaciones sobre posibles crímenes cometidos en el conflicto, mientras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han reclamado a la comunidad internacional medidas más contundentes para proteger a la población civil.
El Consejo de Europa y diversos expertos de Naciones Unidas también han reclamado el respeto al derecho internacional humanitario y han advertido sobre el riesgo de impunidad.
En el ámbito religioso, el papa León XIV ha reiterado recientemente su llamamiento a un alto el fuego inmediato y al reconocimiento efectivo de la dignidad y los derechos del pueblo palestino.
La presión internacional sobre Israel se ha intensificado en paralelo al aumento de víctimas civiles y a las denuncias de bloqueo humanitario sobre Gaza.
