El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó este martes 4 de agosto de 2020 la vigencia de la Monarquía parlamentaria como modelo político del Estado consagrado en la Constitución, y alertó de que en un Estado de Derecho se juzga a personas, no a instituciones.

Lo dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el tradicional balance previo a las vacaciones de verano y el día después de hacerse pública la marcha de Juan Carlos primero debido a la repercusión de las informaciones sobre el presunto cobro de comisiones y manejo de dinero en paraísos fiscales, informa Servimedia.

Aparcando las críticas vertidas contra esa decisión por parte de ministros de Unidas Podemos, Sánchez aseveró que el Gobierno manifiesta su «absoluto respeto» por las decisiones tomadas por la Casa del Rey, y en concreto por lo que implica de «distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real».

Después de que Pablo Iglesias e Irene Montero subrayaran ayer que la marcha del Rey emérito deja a la Monarquía en una situación comprometida, Sánchez enfatizó que en España ha habido casos de supuesta corrupción vinculados a partidos políticos y a agentes sociales y no se ha cuestionado el régimen de partidos o el modelo de diálogo social. «Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas», concluyó, y señaló que el ex jefe del estado ha dejado claro que está a disposición de la Justicia.

Cree, por tanto, que la respuesta institucional ante esas informaciones es «la que corresponde a una democracia vigorosa», ya que los medios de comunicación han publicado la información a la que han tenido acceso, los jueces están haciendo su labor, y la Casa del Rey «ha marcado distancias».

El presidente subrayó que, especialmente en el actual momento de crisis social y económica consecuencia de la pandemia, España necesita estabilidad e instituciones robustas, abonadas en la ejemplaridad, la transparencia y la regeneración, y cree que es la línea marcada por la Jefatura del Estado y, por tanto, la «adecuada».

A pesar de las reiteradas preguntas, Sánchez aseguró que no tiene información de dónde está Juan Carlos I y tampoco respondió a las dudas sobre sus vías de financiación una vez fuera del Palacio de La Zarzuela y sin la asignación de la que disfrutaba hasta que le fue retirada por Felipe VI. Aseguró que corresponde a la Casa del Rey proporcionar la información que considere, y que en los Presupuestos Generales del Estado está la financiación de la institución.

A la pregunta de por qué no informó de la decisión del rey emérito a sus socios de Unidas Podemos, aseguró que los despachos entre el Jefe del Estado y el presidente del Gobierno son discretos, confidenciales, y él respeta la obligación de que queden en ese ámbito.

Sánchez reiteró que la decisión representa la intención de Felipe sexto de «marcar distancia» con los hechos investigados y avanzar en parámetros de ejemplaridad y transparencia. Se mostró además convencido de que esa actitud recibe el «reconocimiento» y el «aplauso» de la mayoría de los ciudadanos, con independencia de lo que voten.

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