La asociación Pedalibre se ha hecho eco de declaraciones y filtraciones a la prensa desde el Ayuntamiento de Madrid, sin que ninguna asociación o colectivo ciclista tuviera conocimiento, sobre que la nueva ordenanza de movilidad sostenible que se prevé aprobar este verano obligará a los menores de dieciocho años al uso de casco cuando se muevan en bicicleta.

Pedalibre exige la retirada de esta medida de la próxima ordenanza de movilidad de Madrid, porque «el casco obligatorio genera un efecto disuasor del uso de la bicicleta y no mejora la seguridad».

Pedalibre advierte que iniciará cuantas acciones judiciales sean necesarias para restituir el derecho que resultara conculcado al incluir la nueva ordenanza una restricción sobre un tema ya regulado en una ley de ámbito superior, el Reglamento General de Circulación.

Añade que esta medida echa por tierra las recomendaciones de usar el casco e impone una obligación que, de acuerdo con la experiencia que existe, genera un efecto disuasor del uso de la bicicleta y su seguridad.

Y advierte que cada cierto tiempo salta a los medios, normalmente de manos de aseguradoras o asociaciones de automovilistas, el tema del casco que, junto con el carné ciclista o la necesidad de un seguro, son argumentos que, bajo la apariencia de incrementar la seguridad ciclista, esconden una oscura intención de usar menos la bicicleta, generar inseguridad jurídica para las víctimas de accidentes  y no reducir ni los privilegios ni el abuso de automóviles o motos.

En esta ocasión, sostiene Pedalibre, el Ayuntamiento de Madrid, hace suya la propuesta de la patronal del automóvil según la cual «Decir que hay que fomentar la bici o reducir los coches para aumentar aceras, no ayuda al sector».

Y se posiciona así en contra de lo que en 2013 manifestó, junto con otros municipios, sobre la propuesta inicial de la DGT, cuando María Seguí era la directora, de hacer obligatorio el casco: 

«[…] Estimamos por tanto que los posibles efectos positivos de la imposición del uso del casco como medida paliativa de las peores consecuencias de los accidentes de tráfico que muy ocasionalmente sufren los ciclistas urbanos, podrían verse superados con creces por sus efectos negativos. Estos efectos negativos serían consecuencia del descenso del uso de la bicicleta y de su impacto sobre la salud pública (incremento de los índices de obesidad y de enfermedades coronarias), sobre la calidad del medio ambiente urbano y sobre la propia seguridad del tráfico en general. A este respecto no debemos olvidar que la bicicleta, por sus especiales características, es un vehículo potencialmente muy seguro tanto para el propio usuario como para los demás usuarios de la vía. Mucho más seguro que otros vehículos privados, como las motocicletas o el automóvil. En particular, un descenso en el uso de la bicicleta como consecuencia de la obligatoriedad del uso del casco ciclista, podría ir acompañado de un incremento paralelo del uso de motocicletas y ciclomotores, con las consecuencias negativas que cabe imaginar para la seguridad global de tráfico urbano.

Y acordando “Instar a la Dirección General de Tráfico a que en el Proyecto de Reforma del Reglamento General de Circulación que está en fase de redacción, no incorpore la obligación de utilizar casco para circular en bicicleta por la ciudad”*

Esta postura nos llevó, en su día, a felicitar al Ayuntamiento de Madrid

Ahora, este mismo Ayuntamiento, unilateralmente, decide variar lo que dicta el Reglamento General de Circulación que apoyó, hace más restrictiva en Madrid una norma de carácter estatal y reduce la seguridad a un elemento que presenta serias dudas de su efectividad ante colisiones con automóviles: el casco, que, incluso, hay firmas comerciales de cascos que reconocen esta limitación, que va en contra de lo que masivamente se reivindica desde el movimiento ciclista europeo y hace caso omiso de la experiencia de países que en principio lo aplicaron y que tuvieron que echarse atrás

Descuida así, lo que realmente incrementa la seguridad de los ciclistas y promueve su número: las infraestructuras ciclistas protegidas de calidad (carriles bici – red ciclista) y culpabiliza al ciclista de la falta de seguridad, despreciando que es el tráfico motorizado, como por desgracia se demuestra todos los días, el verdadero responsable de la inseguridad en nuestras ciudades.

Este anuncio del Ayuntamiento de Madrid, se suma a los numerosos despropósitos y ataques que venimos sufriendo que ha motivado masivas manifestaciones en bicicleta. La última, el pasado 24 de abril 

Exigimos al Ayuntamiento de Madrid, la retirada inmediata de esta medida y otras lesivas a la bicicleta (restricción aparcamiento, prohibición túneles, etc.) en la próxima ordenanza de movilidad y le instamos a informarse y actuar de acuerdo a la evidencia científica y la promoción de la movilidad sostenible. Asimismo, nos reservamos cuantas acciones judiciales sean necesarias para restituir el presunto derecho conculcado y la presunta vulneración de una ley de ámbito superior

En el listado de Ayuntamientos e Instituciones que se manifestaron en 2013 contra la obligación del casco ciclista en las zonas urbanas aparecían: 

Ayuntamiento de Alagón, Albacete, Alcobendas, Alcorcón, Alicante, Alovera, Aranjuez, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cartes, Castrillón, Córdoba, Donostia-San Sebastián. Ejea de los Caballeros, El Prat  de Llobregat, Fuenlabrada, Gandía, Gavà. Granollers, Jaca, Las Palmas de Gran Canaria, Leganés, Lleida, Logroño, Lorca, Madrid, Majadahonda, Mérida, Montcada i Reixac, Murcia, Olivares, Ourense, Sabiñánigo, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat, Sant Feliu Llobregat, Santander, Sevilla, San Sebastián-Donostia,Tarifa, Tarragona, Terrassa, Torrelodones, Valencia, Yebes, Zamora y Zaragoza

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