Doce organizaciones jurídicas y sociales han presentado este 18 de marzo de 2021 una denuncia ante la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en Madrid, en la que se pide al Gobierno que paralice la «venta ilegal» a Marruecos de un patrullero de altura que sería fabricado por Navantia, por «contravenir la legislación española para el comercio de material de defensa y el derecho internacional», informa Ahmed Ettanji.

La venta, anunciada el pasado enero por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se enmarca dentro de la reanudación del conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario, y una escalada de la represión marroquí a la población civil saharaui en las zonas ocupadas del Sahara Occidental verificada por las organizaciones internacionales de derechos humanos como recoge la denuncia, y de la que se hizo eco los pasados días el Gobierno alemán.

Los denunciantes sostienen que esta situación obliga a la Administración española a denegar las autorizaciones de exportación de equipos militares a Marruecos según la Ley 53/2007 de 28 de diciembre de 2007, el Real Decreto 679/2014 (que incorpora también limitaciones previstas en las normas internaciones) y la Aplicación de la Posición común 2008/944/PESC aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 8 de diciembre de 2008.

La venta de la fragata que amenaza a la población saharaui también viola la responsabilidad jurídica de España como potencia administradora de iure del territorio no autónomo del Sahara Occidental reconocida por Naciones Unidas y la propia justicia española y europea; y el compromiso expresado en comunicado oficial el 13 de noviembre de 2020 por el Ministerio de Exteriores de «apoyo a la ONU para garantizar alto el fuego en el Sáhara Occidental».

Agregan que «la guerra actual entre Marruecos y el Frente Polisario a consecuencia de la ruptura del Acuerdo de alto el fuego de 1991, tras el asalto a Guerguerat por parte de Tercera Brigada motorizada de las fuerzas reales marroquíes, amenaza la estabilidad de la región por su posible extensión a la limítrofe Mauritania, que ha recibido incluso ataques de las fuerzas marroquíes al confundir a sus tropas con las del Frente Polisario, y los conflictos de Mali y Libia».

El retorno a las hostilidades es una preocupación expresada por la Unión Africana en su Asamblea Extraordinaria «Sobre Silenciar las armas» celebrada el pasado 6 de diciembre; y la empresa pública española Enaire encargada de gestionar la navegación aérea ha desaconsejado ya sobrevolar el Sáhara Occidental. 

La compra de armamentos por parte de Marruecos es un tema sensible como alega la denuncia teniendo en cuenta sus intereses expansionistas, que alcanzan las aguas canarias, y su precaria situación económica; ambos factores vinculantes en la normativa nacional e internacional para autorizar estas exportaciones.  

El Reino alauí, receptor de grandes ayudas españolas y europeas, desvía sus recursos a la compra de armamento cuando su propia población emigra de manera masiva ante la pobreza de un país cuyo indicadores económicos y sociales acreditan una situación de miseria grave y tasas de analfabetismo, mortalidad o déficit alimentario a la altura de los países africanos peor situados.

Esta denuncia llega tras la protesta el 27 de febrero 2021 ante la sede de Navantia en Cádiz por la población saharaui en la diáspora y el movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui, que insistió en que no debe utilizarse, como hizo la ministra Montero, «la depauperada situación económica de la provincia de Cádiz, donde se construirá la fragata, como excusa para esta venta ilegal que obliga a trabajadores y trabajadoras a elegir entre la fabricación de armas o el pan de sus familias».

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