El relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Olivier De Schutter1, advierte a la Unión Europea (UE) de que necesita reinventarse para ganar la lucha contra la pobreza dando prioridad a las inversiones en salud, educación y protección social, en lugar de imponer recortes presupuestarios en nombre de la rentabilidad.

La Unión Europea debe replantearse su modelo de gobernanza socioeconómica con valentía si quiere cumplir con su compromiso de erradicar la pobreza, dijo este viernes el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos al término de una visita oficial a las instituciones de la UE.

«Aunque la Unión Europea ha hecho avances recientes en la erradicación de la pobreza, no debe caer en la autocomplacencia»», dijo Olivier De Schutter, quien señala que «el compromiso de sacar a veinte millones de personas de la pobreza para 2020 se ha incumplido en gran medida».

«Dado que la Unión Europea ha experimentado un crecimiento económico y de empleo constantes hasta muy recientemente, la única explicación de este fracaso es que los beneficios no se han distribuido de manera uniforme. Esto supone una derrota para los derechos sociales», añadió.

Una de cada cinco personas en la UE, el 21,1 por ciento de la población, estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019, lo cual representa un total de 92,4 millones de personas.

Además, un total de 19,4 millones de niños, que representan el 23,1 por ciento, viven en la pobreza en toda la UE, y 20,4 millones de trabajadores viven en riesgo de pobreza.

Las mujeres están desproporcionadamente representadas entre los pobres. El 85 por ciento de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres, y el 40,3 por ciento de ellas están en riesgo de pobreza.

La COVID-19 deja nuevos pobres

La crisis provocada por la COVID-19 ha afectado a muchos europeos que jamás habían experimentado la pobreza anteriormente. «He hablado con personas que han pasado hambre por primera vez, que se han visto expuestas porque carecen de hogar, y que sufren maltrato y abuso a causa de la pobreza», dijo De Schutter.

«La Unión Europea puede desempeñar un papel importante para impulsar los esfuerzos de los Estados miembros en su lucha contra la pobreza, especialmente a través de las recomendaciones de país que emite de forma anual. Pero en lugar de dar prioridad a las inversiones en sanidad, educación y protección social, estas recomendaciones a menudo han impuesto recortes presupuestarios en nombre de la rentabilidad. Desde 2009, los Estados miembros no han hecho más que recortar sus inversiones en estas áreas que son críticas para la reducción de la pobreza», señaló el experto de la ONU.

El Pacto Verde Europeo fue presentado a finales de 2019 por la presidenta von der Leyen como la nueva estrategia de crecimiento de la UE.

«La lucha contra la pobreza es la pieza que falta en este Pacto Verde. En teoría el Pacto Verde combina objetivos medioambientales y sociales, pero mientras esta buena voluntad no se traduzca en acciones concretas, millones de personas seguirán luchando por un nivel de vida digno en una sociedad que les abandona», señala De Schutter

Competencia para ver quién da menos

De Schutter destacó también que la incapacidad de la UE para hacer frente a «la carrera cuesta abajo» de los Estados miembros en materia de impuestos y de protección de los trabajadores socava sus esfuerzos para combatir la pobreza.

«Los Estados miembros compiten entre sí de forma inútil. Compiten en una carrera para bajar impuestos, salarios y protecciones para los trabajadores a niveles mínimos porque creen que así pueden atraer a los inversores y mejorar su competitividad en el mercado. Pero socavar los derechos sociales no sólo viola sus obligaciones internacionales, sino que además es malo tanto para empresas y trabajadores como para las arcas públicas. Cada año se pierden entre 160.000 y 190.000 millones de euros sólo por la competencia en materia impositiva. El resultado es que se desplaza la carga fiscal de las grandes empresas e individuos ricos hacia los trabajadores y los consumidores».

El experto de la ONU se reunió del 25 de noviembre al 28 de enero con representantes de instituciones como la Comisión Europea, el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo, la Autoridad Laboral Europea, el Comité Económico y Social Europeo, la Agencia de Derechos Fundamentales, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones, así como con representantes nacionales o locales de Francia, España, Italia y Rumanía.

También habló con numerosas organizaciones de la sociedad civil que representan a jóvenes y personas mayores, a la población gitana, a inmigrantes, a niños y a personas con discapacidad, así como con personas afectadas por la pobreza de todos estos grupos, y con trabajadores y agentes sociales.

Se necesita una estrategia audaz

«Quedé impresionado por la dedicación de las autoridades con las que me reuní», dijo De Schutter. «Pero la buena voluntad no es suficiente. Si Europa quiere ser pionera en el camino hacia una sociedad inclusiva, necesita una estrategia a nivel europeo de lucha contra la pobreza que sea audaz, comprometiéndose a reducir la pobreza en un cincuenta por ciento por igual en todos los Estados miembros de aquí a 2030».

«La crisis actual es la oportunidad para que Europa se reinvente situando la justicia social en el centro. El Plan de Acción para implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que debería incluir la Garantía Infantil y una propuesta para asegurar sistemas de ingresos mínimos adecuados en toda la UE, es una oportunidad que no debe ser desperdiciada».

El informe final de la visita del experto se presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2021.

  1. Olivier De Schutter (Belgium) es el relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos el 1 de mayo de 2020. De Schutter es profesor de derecho en UCLouvain y en SciencesPo (París). Fue el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación de 2008 a 2014, y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entre 2015 y 2020.
  2. Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo.
  3. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

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