El Consejo de Ministros ha cerrado este martes el mes con dos decisiones que marcan el rumbo de la gestión institucional de la crisis: la aprobación de un plan de choque de 309 millones de euros para Ceuta, que incluye una exención total de cotizaciones para los ERTE vinculados a la crisis, y la activación por parte del Ministerio de Defensa de las reglas de enfrentamiento (ROE) para los militares desplegados en la ciudad.
Ambas medidas llegan en la víspera de la manifestación convocada para este miércoles, día 2 de septiembre, que ya ha abierto una fractura visible en el PSOE.
El decreto ya está en marcha
El real decreto-ley aprobado hoy, presentado por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, moviliza 309 millones de euros en los cuatro últimos meses del año: veintiún millones para servicios esenciales, noventa millones para seguridad, 118 millones para acogida humanitaria y ochenta millones para empresas y trabajadores. Aquí Madrid detalló hoy mismo el reparto completo de las partidas y el nuevo régimen de ERTE con exención del cien por cien en las cotizaciones empresariales, vigente hasta el treinta y uno de diciembre.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha aportado en la misma rueda de prensa una actualización de las cifras de menores: el Ministerio del Interior tiene ya filiados a 1612 menores migrantes no acompañados, de los que 1129 fueron identificados tras la entrada masiva de los días treinta y treinta y uno de julio, mientras que alrededor de quinientos ya se encontraban en la ciudad con anterioridad. El proceso de identificación, ha precisado Torres, todavía no ha concluido.
Defensa activa las reglas de enfrentamiento
La novedad institucional más relevante del día llega desde el Ministerio de Defensa, que ha autorizado a los militares desplegados en Ceuta a emplear armas de fuego con munición real en caso de autodefensa. La medida responde a los ataques sufridos por varias patrullas en las últimas semanas, algunos con piedras y botellas con líquido corrosivo. El armamento con munición real quedará limitado, sin embargo, a un efectivo de cada patrulla de cuatro o cinco militares, según ha confirmado el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, Marco Antonio Gómez.
Las asociaciones profesionales militares han pedido además que se dote a los efectivos desplegados de la condición de agentes de la autoridad y de una cobertura jurídica clara, de forma que puedan actuar frente a nuevas agresiones sin quedar expuestos a consecuencias legales por decisiones tomadas en fracciones de segundo.
La decisión de hoy se enmarca en una escalada que ya venía de semanas atrás.
El pasado veinticinco de agosto, el Consejo de Seguridad Nacional, reunido en sesión extraordinaria bajo la presidencia de Pedro Sánchez, declaró por primera vez desde la aprobación de la ley de 2015 una «situación de interés para la seguridad nacional» en relación con Ceuta, un mecanismo que hasta entonces nunca se había activado. Aquella decisión abrió la vía para reforzar la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas, un proceso que hoy culmina, al menos en su vertiente de reglas de enfrentamiento, con la instrucción de Defensa.
ONG: atención puesta en los menores
La atención de estas organizaciones sigue puesta en la situación de los menores no acompañados, después de que en semanas anteriores reclamaran que se respete el interés superior del menor frente a cualquier expectativa de retorno.
La cifra de 63,6 millones de euros que el nuevo decreto destina específicamente a la acogida de menores en Ceuta previsiblemente reabrirá ese debate en los próximos días, aunque de momento ninguna de las tres organizaciones principales que trabajan sobre el terreno: CEAR, Accem y ACNUR se ha pronunciado sobre la partida.
Debate político: la visita del Rey y la fractura del PSOE
El bloque político del día tiene dos frentes. Por un lado, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha negado que las palabras de Pedro Sánchez del lunes sobre una eventual visita de Felipe VI a Ceuta constituyeran un «reproche» a la Casa Real, insistiendo en que el presidente «constató una realidad»: la última visita de un monarca a la ciudad se remonta a noviembre de 2007. El PP ha acusado al Gobierno de frenar ese desplazamiento, algo que Moncloa ha negado, y fuentes gubernamentales han calificado la polémica de «falsa» y alentada por la derecha.
Por otro lado, la manifestación convocada para mañana miércoles en Ceuta y en más de 260 municipios españoles, impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias que preside la alcaldesa popular María José García-Pelayo, ha abierto una grieta interna en el PSOE. La ejecutiva regional socialista en Ceuta ha decidido secundar la protesta pese a las reticencias de Ferraz, mientras varios alcaldes del partido en distintos puntos de España han anunciado que acudirán a sus respectivas concentraciones desoyendo la recomendación de la dirección federal. Podemos, por su parte, ha convocado una concentración alternativa contra el racismo. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha lanzado un mensaje conciliador dirigido a los ceutíes: «Nunca os abandonaremos».
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado públicamente la convocatoria y ha difundido en sus redes la carta de Vivas pidiendo la participación ciudadana, mientras fuentes de su partido insisten en que la protesta «no es una concentración contra nadie, sino en apoyo de la soberanía nacional». Los organizadores han remarcado, no obstante, que se trata de un acto sin banderas de partido ni siglas en las pancartas, y que los propios ceutíes han pedido expresamente que no se politice su malestar.
Síntesis
El primer día de septiembre deja dos hechos operativos de peso: el decreto que traduce en euros y en plazos concretos el plan de choque para Ceuta, y una decisión de seguridad —las reglas de enfrentamiento— que reconoce, con matices, el deterioro de las condiciones de las patrullas militares desplegadas en la ciudad.
Ambas decisiones institucionales conviven con una crisis de cohesión interna en el PSOE a las puertas de la manifestación convocada para mañana, que se perfila como el próximo punto de inflexión en la cobertura de esta crisis.
