La Comunidad de Madrid ha aprobado tramitar la adjudicación de un nuevo contrato de servicios para la gestión del centro de atención a personas mayores dependientes Madrid Ensanche de Vallecas, que cuenta con 200 plazas, de las que 160 son residenciales y 40 destinadas a la atención diurna.

Para la atención de estas personas -tanto en la residencia como en el centro de día- se establece un gasto de once millones 223 217,15 euros, con un plazo de ejecución de tres años, a partir del 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de octubre de 2023.

Los usuarios de la residencia atendidos con cargo a este contrato, son personas dependientes mayores de 55 años, afectadas de demencia, sobre todo, de tipo Alzheimer, que les impida o limite gravemente para valerse por sí mismas. Por su parte, los usuarios del centro de día son dependientes mayores de sesenta años, afectados de discapacidad física o psíquica que les impida o limite gravemente para valerse por sí mismas, o bien mayores de 55 años afectados de Alzheimer.

A fin de garantizar la continuidad de este recurso para las personas con plaza asignada, y no siendo posible la prórroga del contrato anterior, se tramita uno nuevo por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, entre ellos «la oferta económica», que beneficia a las empresas que oferten a la baja sobre el gasto estimado como óptimo por la propia Administración.

Además, entre los criterios puntuables se incluye una serie de baremos de calidad como el desarrollo de actividades innovadoras aplicadas al cuidado de las personas dependientes o un plan anual de actividades de fomento de la participación, el ocio creativo, la cultura y la actividad física.

Se valorará también la cualificación y formación de los recursos personales, la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, las mejoras en la recogida diaria de las personas mayores que asisten al centro de día, el establecimiento de controles para las posibles caídas de los residentes desde las camas o la protección medioambiental, entre otros criterios.

Consecuencias de externalizar la gestión de residencias de mayores

El 6 de febrero de 2020, el consejero Alberto Reyero avanzó la posibilidad de no renovar la gestión de este centro a la empresa adjudicataria, porque habría «subcontratado a personal de enfermería para cubrir ausencias», una práctica que se prohíbe en los pliegos de condiciones.

En los últimos cuatro meses de 2019, la Comunidad de Madrid impuso siete penalidades de carácter grave a empresas que gestionaban residencias públicas por motivos como falta de higiene, descuido en la asistencia o escasez de personal.

El jueves 26 de marzo de 2020, tras conocerse el fallecimiento de una veintena de residentes en los centros Monte Hermoso y Mensajeros de la Paz, Alberto Reyero solicitó al Gobierno el apoyo de personal sanitarios de las Fuerzas Armadas, petición que le costó perder esas competencias, en favor de la Consejería de Sanidad.

Influyó también en esa decisión el que Reyero advirtiera al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero sobre la «discriminación de graves consecuencias legales» que suponía negar el acceso a la atención hospitalaria a los residentes «con grado de dependencia tres» o a pacientes con discapacidad que estuvieran internos en centros especiales para evitar el colapso de la Sanidad madrileña.

Reyero aseguraba que «tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de las residencias está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas» si no se les trasladaba a un hospital.

El 27 de mayo de 2020, la Fiscalía General del Estado mantenía un total de 171 investigaciones penales abiertas sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 en residencias de mayores y personas con discapacidad, de las que 81 correspondían a la Comunidad de Madrid.

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