La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó este jueves 28 de julio 2022 una resolución que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal.
El texto, presentado originalmente por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza el pasado mes de junio, y copatrocinado ahora por más de cien países, señala que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho internacional existente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales.
También reconoce que el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho, y que los daños ambientales tienen implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.
La resolución, basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos, pide a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para todos.
Triple crisis medioambiental
Tras conocerse la noticia, el Secretario General de la ONU, António Guterres, se congratuló de la adopción de esta «resolución histórica» y dijo que este hito demuestra que los Estados miembros pueden unirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
«La resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables, como los defensores de los derechos humanos medioambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas», dijo en un comunicado difundido por su portavoz.
Añadió que la resolución también ayudará a los Estados a acelerar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de medio ambiente y derechos humanos.
«La comunidad internacional ha dado un reconocimiento universal a este derecho y nos ha acercado a hacerlo realidad para todos», afirmó.
Guterres subrayó, sin embargo, que la adopción de la resolución «es sólo el principio» e instó a las naciones a hacer de este derecho recién reconocido «una realidad para todos, en todas partes».
Cinco décadas de debates
En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo, que terminó con su propia declaración, fue la primera en situar las cuestiones medioambientales en el primer plano de las preocupaciones internacionales y marcó el inicio de un diálogo entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo sobre la relación entre el crecimiento económico, la contaminación del aire, el agua y los océanos, y el bienestar de las personas en todo el mundo.
Los Estados miembros de la ONU declararon entonces que las personas tienen un derecho fundamental a «un medio ambiente de una calidad que permita una vida digna y de bienestar», y pidieron acciones concretas y el reconocimiento de este derecho.
El pasado mes de octubre, tras décadas de trabajo de naciones en primera línea del cambio climático, como el archipiélago de las Maldivas, así como de más de mil organizaciones de la sociedad civil, el Consejo de Derechos Humanos reconoció finalmente este derecho y pidió a la Asamblea General de la ONU que hiciera lo mismo.
«Desde su aparición en la Declaración de Estocolmo de 1972, el derecho se ha integrado en constituciones, leyes nacionales y acuerdos regionales. La decisión de hoy eleva el derecho al lugar que le corresponde: el reconocimiento universal», explicó la responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la ONU, Inger Andersen, en un comunicado publicado este jueves.
El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano por parte la Asamblea General y de otros foros de la ONU, aunque no es jurídicamente vinculante -lo que significa que los países no tienen la obligación legal de cumplirlo-, será un catalizador para la actuación en favor de un medio ambiente sano y limpio y capacitará a los ciudadanos de a pie para exigir responsabilidades a sus gobiernos.