Ecologistas en Acción llevó a los tribunales una central de gas, y la asociación vecinal de Morata de Tajuña y Ecologistas en Acción, la quema de residuos en la cementera; hoy figuran entre quienes alertan del avance de las líneas eléctricas. En el pleno, el PP gobierna con ocho de trece concejales, frente a cuatro del PSOE y uno de Podemos-IU-Alianza Verde.
1 La central de gas, de 2001 a 2010
La primera gran movilización de Morata de Tajuña es de septiembre de 2001. Una central térmica de gas de ciclo combinado de 1200 MW, con 80.000 millones de pesetas de inversión y puesta en marcha prevista para 2005, reunió en su contra a Ecologistas en Acción, a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y a CCOO, además del portavoz local del PP, que discrepaba de la posición de su partido en la región; la manifestación se convocó para el 23 de septiembre, según Energías Renovables.
La documentación recoge además un litigio posterior cuya continuidad con el proyecto de 2001 debe acreditarse. El Consejo de Ministros declaró de utilidad pública la central en junio de 2007; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el acuerdo y, según una noticia publicada el 20 de mayo de 2010, el Tribunal Supremo estimó los recursos de la Comunidad de Madrid y de Ecologistas en Acción y confirmó la anulación: no cabe declarar la utilidad pública de una instalación eléctrica sin aprobar a la vez su proyecto ejecutivo, según LegalToday.
Entre los motivos de la oposición local que recoge la noticia figuraban la cercanía de la población, a unos 1,7 km frente a los dos exigibles, y la proximidad de la cementera y de una zona protegida por la Unión Europea. La Asamblea de Madrid había pedido en 2008 la caducidad de la autorización, y consta que el Ayuntamiento y la corporación se oponían. Años después, la FRAVM recogería que la asociación vecinal ya había logrado frenar una central de ciclo combinado en la localidad.
2 La cementera: de la denuncia a la sentencia
Portland Valderrivas, del grupo FCC, presentó el 15 de noviembre de 2011 su proyecto para usar residuos como combustible en la fábrica El Alto. Lo previsto incluía caucho sintético, plásticos, lodos de depuradora, neumáticos y tejidos animales, que la empresa llama «combustibles alternativos no peligrosos». En noviembre de 2012 la asociación vecinal presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por supuestas irregularidades en la tramitación; entre sus argumentos figuraban la falta de un «estado cero» del suelo con metales pesados en los cultivos de olivo y viña, y la distancia de 2,8 km al casco urbano, según lo publicado por Ecoticias.
El 25 de junio de 2013, la Dirección General de Evaluación Ambiental autorizó la quema, con hasta 50.000 toneladas anuales de neumáticos y hasta 240.000 de lodos secos; Ecologistas en Acción denunció que contradecía la jerarquía de residuos y pidió anular la autorización. En julio de 2013, la Asociación Vecinal y Ecologistas en Acción presentaron un recurso de alzada que alegaba incumplimientos de la normativa de residuos, ausencia de valores límite de emisión y la ampliación de tres a seis meses del plazo de medición de dioxinas y metales pesados, que calificaron de «absolutamente inadmisible».
La vía judicial terminó en el Tribunal Supremo, al que recurrieron en 2016 la asociación vecinal y Ecologistas en Acción, según Ecoticias. En julio de 2017 anuló la autorización de 2013, según Zero Waste Europe, por irregularidades de procedimiento, y el portavoz de la Asociación de Vecinos, Lorenzo Mora, celebró un fallo que consideraba justo y acertado. Pero la historia no acabó: vecinos y ecologistas denunciaron que la planta siguió quemando residuos dos meses después, y cuatro meses después en la versión de Zero Waste Europe, y que la Comunidad tramitó una nueva declaración de impacto sin proceso participativo previo, según Ecoticias.
Ecologistas en Acción ha seguido el asunto con comunicados cuyos titulares hablan por sí solos: «La cementera de Morata de Tajuña aumenta peligrosamente sus emisiones», «Inquietante aumento de emisiones contaminantes en la cementera de Morata de Tajuña» y «Protesta contra la incineración de residuos en Morata de Tajuña».
3 Contra los cables y las placas
El frente actual es eléctrico. La Asociación de Vecinos y Morata en Común figuran entre las cuarenta y cinco organizaciones ecologistas y sociales que respaldan un manifiesto contra la proliferación de plantas solares y líneas, fechado, por el nombre del archivo, en febrero de 2024. El texto habla de más de cincuenta proyectos y de más de diez mil hectáreas en la zona y cita expresamente el entorno de Morata y de Loeches por sus subestaciones y su densidad de líneas.
Mientras tanto, el Ministerio avanza con el bypass de la subestación y con la línea Belinchón–Morata, y las actas previas a la ocupación se convocaron para el 3 de noviembre. La primera información pública del bypass recibió alegaciones de la Asociación Ecología y Libertad; la segunda no recibió alegaciones.
4 La oposición en el pleno
En las elecciones de 2023 el PP obtuvo ocho de los trece concejales, el PSOE cuatro y Podemos-IU-Alianza Verde uno, según El Resurgir de Madrid. Fernando Villalaín fue elegido alcalde; y tras su renuncia, Gloria de la Torre, del PP, tomó posesión como alcaldesa a finales de enero de 2026. La corporación municipal reparte hoy el gobierno entre ocho concejales del PP y la oposición entre cuatro del PSOE y una de Podemos-IU-Alianza Verde.
En la Asamblea de Madrid, el diputado socialista Rafael Martínez Pérez registró el 19 de septiembre de 2024 una pregunta oral sobre la valoración del Gobierno regional del transporte público de Morata de Tajuña.
5 Sanidad, educación y movilidad
La Comunidad de Madrid anunció el 25 de marzo de 2026 una inversión de más de cincuenta y cinco millones desde 2019, con la ampliación del IES Vega del Tajuña (unos 2,5 millones y 140 plazas) y la reforma del consultorio local (154.000 €). Son inversiones autonómicas y no responden a una movilización documentada.
6 Lo que enseña el caso
Los antecedentes documentan oposición vecinal y recursos judiciales, con resultados descritos por las fuentes citadas. Para valorar el alcance de los fallos hay que consultar sus textos íntegros. No se ha acreditado la continuidad entre las centrales de 2001 y 2007 ni puede afirmarse que ningún tribunal haya examinado efectos acumulados. El manifiesto reclama una revisión territorial del despliegue energético.
El método del tenedor de siete púas orienta la revisión de controles sin presumir irregularidades. Las tres herramientas para estudiar la transformación del suelo permiten distinguir las fuerzas previas, los expedientes y sus consecuencias territoriales.
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