Vídeos verificados por elDiario.es muestran a militares golpeando a personas migrantes ya reducidas en distintos puntos de Ceuta. Fuentes de Moncloa anunciaron a ese medio una investigación, pero Defensa todavía no ha detallado quién la instruirá, qué hechos abarcará ni si adoptará medidas cautelares sobre los efectivos identificables en las imágenes.
El Gobierno de España ha prometido investigar las agresiones atribuidas a militares desplegados en Ceuta después de que elDiario.es publicara y verificara varios vídeos en los que aparecen uniformados golpeando con defensas a personas migrantes. La respuesta conocida procede de fuentes de Moncloa citadas por ese periódico, no de una resolución o un comunicado oficial que concrete la apertura y el alcance de las diligencias.
Las imágenes descritas por el medio corresponden a distintos episodios de las últimas semanas. En uno de ellos, varios militares persiguen a un joven cerca de Loma Colmenar, lo derriban y lo golpean cuando ya está en el suelo. Otro vídeo recoge a uniformados empujando a personas hacia una zanja y usando las porras sobre ellas. El periódico sitúa un tercer caso durante la noche del miércoles 23 de septiembre junto a la antigua fábrica del Guano, cerca del asentamiento del Trampolín.
En este último episodio, elDiario.es afirma que contrastó las imágenes con cinco testigos. Según sus testimonios, dos militares golpearon a un joven y tres personas recibieron asistencia hospitalaria por lesiones. La redacción del Observatorio no ha examinado los vídeos originales ni los partes médicos, por lo que atribuye la verificación y las circunstancias al medio que publicó la investigación.
Defensa no ha precisado cómo investigará los hechos
Fuentes de Moncloa expresaron al periódico su «consternación y condena» y aseguraron que el Gobierno abriría una investigación. Sin embargo, el Ministerio de Defensa rehusó contestar a las preguntas del medio. Al cierre de esta entrega no constaba una comunicación pública que identificara al órgano instructor, los episodios incluidos, los plazos o la eventual apertura de expedientes disciplinarios.
El eurodiputado Jaume Asens reclamó a la ministra Margarita Robles que los efectivos identificados dejen de patrullar de manera cautelar mientras se esclarecen las responsabilidades. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) había solicitado días antes información a Defensa y pidió investigar cualquier conducta delictiva, además de garantías jurídicas para el personal desplegado.
La promesa de Moncloa llega después de otras denuncias relacionadas con el despliegue. El 12 de septiembre, elDiario.es informó de que un vehículo militar bloqueó durante unas dos horas el acceso a la base de No Name Kitchen mientras las voluntarias preparaban un reparto de alimentos. La información recogía insultos, comentarios sexistas y la denuncia de una activista a la que un militar arrojó ceniza. No consta públicamente si este episodio forma parte de la investigación anunciada.
El Real Decreto 681/2026, que declaró la situación de interés para la seguridad nacional, estableció una coordinación reforzada bajo la dirección del Gobierno, pero mantuvo a cada autoridad dentro de sus atribuciones ordinarias. Aclarar la cadena de órdenes, las reglas de actuación y la identificación de los efectivos resulta por ello imprescindible para fijar responsabilidades individuales y de mando.
Más de cien jóvenes trasladados desde el Guano para su filiación
Mientras sigue pendiente esa investigación, la Policía Nacional desplegó este sábado un dispositivo en la antigua fábrica del Guano para identificar a jóvenes que declaraban ser menores y dormían en el asentamiento o entre las rocas. El Faro de Ceuta cifra en más de cien los trasladados a la Jefatura Superior, de acuerdo con fuentes policiales, aunque al cierre no existía un balance oficial.
La filiación debe determinar su identidad y separar a quienes son menores indubitados de las personas cuya edad aún requiere comprobaciones. El operativo no resuelve por sí solo el problema de protección: los recursos infantiles permanecen saturados y las nuevas instalaciones todavía están en obras. La consecuencia inmediata exige conocer cuántos jóvenes quedaron bajo tutela, dónde fueron alojados y cuántos regresaron a la calle tras las comprobaciones.
Un decreto de devoluciones todavía sin texto público
En paralelo, El País informa de que el Ejecutivo prepara un real decreto ley para acortar los procedimientos administrativos y judiciales de devolución a Marruecos. Según ese diario, el Gobierno aspira a aprobarlo en el Consejo de Ministros del martes, pero el texto no se ha hecho público ni consta una confirmación oficial de su contenido.
El borrador descrito reduciría a cinco días naturales el plazo para impugnar determinadas denegaciones, daría tramitación preferente a los recursos y permitiría devolver a algunos solicitantes antes de agotar todas las vías de impugnación. También se debate archivar solicitudes cuando su titular abandone un centro de acogida. Esta última medida todavía no contaría con consenso entre los ministerios implicados.
La Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo, establece que la presentación de una solicitud suspende la devolución, expulsión o extradición hasta que exista una resolución o una inadmisión. El encaje del decreto deberá preservar el examen individual, la asistencia jurídica, el control judicial, la protección de las personas vulnerables y el principio de no devolución cuando exista riesgo para la vida, la libertad o la integridad.
La jornada deja así tres decisiones pendientes de comprobación: el alcance real de la investigación sobre los militares, el destino protector de los jóvenes identificados en el Guano y el contenido jurídico del decreto de devoluciones. En los canales institucionales consultados no constaban este sábado nuevas declaraciones de Ángel Víctor Torres sobre estos asuntos.
