Miles de personas se han manifestado este sábado 24 de octubre en Madrid para defender las pensiones públicas, recuperar poder adquisitivo y exigir una subida del 6 por ciento para 2027. La movilización ha reunido a pensionistas y organizaciones sociales y sindicales con demandas que vinculan jubilación digna, salarios y derechos de las generaciones jóvenes.

La marcha, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) junto a otros colectivos, ha recorrido el centro de Madrid. La crónica de laSexta recoge dos estimaciones de asistencia: 25.000 personas atribuidas a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y 50.000 a la organización.

Poder adquisitivo y protección del sistema público

Los convocantes reclaman equiparar la pensión mínima al salario mínimo neto, actualizar las prestaciones de acuerdo con el índice de precios de consumo (IPC) real y recuperar una compensación anual por la pérdida de poder de compra. También piden eliminar las penalizaciones de la jubilación anticipada para las personas con carreras de cotización de cuarenta años o más.

La Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó la convocatoria con una tabla reivindicativa propia: protección de las pensiones frente a su privatización, eliminación de la brecha entre mujeres y hombres y jubilación anticipada sin penalización con treinta y cinco años cotizados.

Euronews también informa de la participación de personas llegadas de distintos lugares y de colectivos juveniles. La defensa de las pensiones actuales se plantea así junto a la de quienes todavía trabajan o están comenzando su vida laboral. Los manifestantes sitúan la suficiencia de los ingresos y la continuidad del sistema público como reivindicaciones compartidas.

Una demanda de ingresos y servicios para vivir con autonomía

El artículo 50 de la Constitución española, de 1978, establece la suficiencia económica en la tercera edad mediante pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente. Añade la promoción del bienestar mediante servicios sociales que atiendan necesidades de salud, vivienda, cultura y ocio.

Ese marco ayuda a comprender el alcance de la movilización: las organizaciones no solo reclaman una cuantía mensual, sino capacidad para afrontar la vida cotidiana y mantener autonomía. La reivindicación de cerrar la brecha de género y la presencia de varias generaciones sitúan la protección de la jubilación dentro de una agenda más amplia de igualdad y derechos sociales.

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