La alta comisionada sobre los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indica que en ningún caso debe administrarse una vacuna contra la COVID-19 a la fuerza, porque «los derechos humanos no impiden la obligatoriedad de las vacunas, pero sí imponen límites sustanciales sobre cuándo y cómo se aplican».
Si la vacuna está disponible para todos, dijo, «puede ser puede ser aceptable condicionar el ejercicio de algunos otros derechos y libertades —como el acceso a escuelas o espacios públicos— a la vacunación».
Pero añadió que «la negativa de una persona a cumplir con una política de vacunación obligatoria también puede conllevar otras consecuencias legales, incluyendo, por ejemplo, multas adecuadas. Cuando se impongan sanciones, éstas deben ser proporcionadas y estar sujetas a revisión por parte de las autoridades judiciales».
Los mandatos, dijo, deben estar previstos en la ley y sólo deben considerarse cuando medidas menos intrusivas, como el uso de máscaras y el distanciamiento social, hayan fracasado de forma demostrable para satisfacer las necesidades sanitarias.