El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un Real Decreto-ley con un Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización para reducir rápidamente el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia, tal cual se define en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
El documento, que facilita el cumplimiento de los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania, impulsa también la electrificación de la economía, al agilizar las tramitaciones de las redes e infraestructuras y potenciar el almacenamiento y el autoconsumo. Del mismo modo, también promueve la sustitución de gas natural por gases renovables al facilitar su inyección en la red de gasoductos.
Adicionalmente, el MITECO activa medidas que permitan reducir de forma estructural la dependencia energética exterior, con 350 millones de euros en ayudas para incrementar la eficiencia de distintos sectores de la economía y potenciar el almacenamiento en las instalaciones de renovables.
También convoca una nueva subasta de renovables, con 3300 MW para centrales eólicas y fotovoltaicas, y lanza una consulta pública previa para actualizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), de modo que incorpore las medidas adoptadas en el plano nacional y en el plano europeo.
En un contexto en el que los veintisiete miembros de la UE han acordado reducir voluntariamente su consumo de gas, el Gobierno busca minimizar el impacto económico y social de un eventual corte de suministro de gas ruso. Por eso está preparando un Plan de Contingencia con medidas de ahorro de energía y actuaciones solidarias con el resto de la UE que se presentará a finales de septiembre.
En esta línea, las medidas aprobadas hoy se orientan a reducir el consumo rápidamente –los cambios de comportamiento pueden reducir la demanda de gas y petróleo un cinco por ciento a corto plazo– y a potenciar la electrificación de la economía y la reducción del consumo de gas de origen fósil.
Obligaciones adicionales al RITE
El Real Decreto-ley aprobado este 1 de agosto 2022 complementa el RITE, incrementando temporalmente las obligaciones de gestión y de consumo eficiente de los inmuebles de las administraciones públicas; los establecimientos comerciales, como grandes almacenes o centros comerciales; los espacios culturales, como cines o centros de congresos; o las infraestructuras destinadas al transporte de personas, como estaciones y aeropuertos. Con más detalle:
- Tendrán las temperaturas de calefacción y refrigeración limitadas a 19 y 27 grados centígrados respectivamente; contarán con siete días desde la publicación de la norma para hacer efectiva la limitación, que estará en vigor hasta el 1 de noviembre de 2023.
- Exhibirán en carteles o pantallas las medidas obligatorias de ahorro, entre otras adicionales que reduzcan el consumo. También tendrán siete días para cumplir y su vigencia será efectiva hasta el 1 de noviembre de 2023.
- Antes del 30 de septiembre deberán disponer de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior.
- El alumbrado de los escaparates tendrá que estar apagado desde las 22.00 horas. Esta disposición también se aplicará a los edificios públicos que estén desocupados en ese momento. Igualmente tendrán siete días para cumplir y lo tendrán que hacer hasta el 1 de noviembre de 2023.
- Aquellos inmuebles que hayan pasado la inspección de eficiencia energética antes del 1 de enero de 2021 deberán someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 2022, de modo que todos los edificios con un consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los últimos dos años.
Para ejecutar rápidamente las obras de mejora energética en los edificios de las administraciones públicas, éstas podrán aplicar procedimientos de contratación de urgencia. Además, estos contratos se ejecutarán en un plazo inferior a un mes desde su formalización.
