Más de treinta docentes en fase de prácticas en la Comunidad de Madrid han denunciado que podrían recibir la calificación de «no apto» por no completar en plazo uno de los cuestionarios del Curso de Capacitación Integral Docente (CID), una formación obligatoria vinculada al proceso de acceso definitivo a la función pública docente.
Los afectados sostienen que la incidencia responde a un error administrativo «subsanable» y recuerdan que sí han superado el resto de evaluaciones del periodo de prácticas, incluidas las valoraciones de inspección educativa, equipos directivos y tutores.
La situación, trasladada por la Plataforma Prácticas Dignas – Docentes Madrid en una carta remitida a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, afecta a funcionarios docentes que aprobaron previamente un concurso-oposición y que ya ejercen en centros públicos madrileños.
Según explican, la consecuencia administrativa podría implicar la repetición íntegra del periodo de prácticas, la pérdida de destinos definitivos ya adjudicados y una penalización en el orden de elección de plazas del próximo curso.
El conflicto ha adquirido dimensión pública tras la difusión de una nota de prensa de la plataforma y la intervención del sindicato STEM, que también ha solicitado medidas excepcionales a la Dirección General de Recursos Humanos ante el incremento de incidencias detectadas durante el desarrollo del curso online.
Los afectados consideran que el problema refleja una combinación de exceso de carga burocrática, diseño complejo de los procedimientos digitales y falta de mecanismos de subsanación por parte de la administración educativa madrileña.
Un cuestionario pendiente puede invalidar todo el proceso
La Plataforma Prácticas Dignas asegura que la mayoría de los afectados asistieron a las sesiones presenciales del curso, completaron las actividades formativas y obtuvieron evaluaciones favorables de los responsables educativos encargados de supervisar sus prácticas. Sin embargo, no cumplimentar uno de los test del Aula Virtual está siendo considerada motivo suficiente para invalidar el conjunto del procedimiento.
En la carta dirigida a la consejera Mercedes Zarzalejo Carbajo, los docentes sostienen que se trata de «un trámite administrativo puntual y claramente subsanable» y advierten de que incluso se produjeron fallos técnicos que habrían impedido registrar correctamente tareas entregadas en plazo.
La plataforma subraya además que las bases reguladoras no establecen expresamente consecuencias automáticas derivadas de completar fuera de plazo la parte semipresencial del curso. Los afectados consideran desproporcionado que una incidencia administrativa puntual tenga efectos laborales y profesionales permanentes.
En su nota pública, la plataforma cifra en más de treinta los docentes potencialmente afectados y sostiene que el número podría aumentar a medida que nuevos casos contacten con la organización.
Consecuencias laborales y personales
Los docentes advierten de que el posible «no apto» tendría consecuencias inmediatas sobre su carrera profesional. Entre ellas, destacan la repetición completa del periodo de prácticas y la pérdida del destino definitivo obtenido tras el proceso selectivo.
También denuncian una penalización en el orden de elección de plazas para el próximo curso, circunstancia que les situaría por detrás de aspirantes con menor puntuación en la oposición. La plataforma califica esa medida de «punitiva e inexplicable» y sostiene que genera «angustia, estrés y preocupación» entre los afectados.
Según la carta enviada a la Consejería, la situación afecta además a docentes que ya habían reorganizado proyectos personales y familiares contando con la consolidación de su plaza definitiva.
Los afectados argumentan que el problema no deriva de una deficiente actividad docente, sino de errores formales en un contexto de elevada carga administrativa y laboral.
STEM reclama medidas excepcionales
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM) trasladó ya el 13 de marzo una petición formal al director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación para reclamar soluciones extraordinarias ante las incidencias detectadas en el Aula Virtual del CID.
El sindicato señala que la mayoría de problemas se concentran en determinados test, especialmente en el módulo 5, y denuncia que algunos plazos fueron inferiores a los establecidos en módulos anteriores. También menciona fallos técnicos durante los últimos días de entrega que habrían impedido grabar correctamente las respuestas.
STEM considera que el aumento de incidencias respecto a años anteriores apunta a «factores organizativos» que podrían haberse gestionado de otra forma. El sindicato rechaza interpretar la situación como una mayor negligencia del profesorado en prácticas y reclama proporcionalidad administrativa.
Entre las medidas solicitadas figuran el desbloqueo provisional de los módulos pendientes, la apertura de un periodo extraordinario de recuperación y una revisión de los factores que han provocado el incremento de incidencias.
Medidas propuestas por la UGT
También UGT Servicios Públicos Madrid ha reclamado una intervención urgente de la Consejería de Educación ante la situación que afecta al profesorado en prácticas. En una nota difundida el 21 de mayo, el sindicato exige medidas extraordinarias para evitar que decenas de docentes sean declarados «no aptos» por incidencias relacionadas con los cuestionarios online del Curso de Capacitación Integral Docente (CID).
UGT sostiene que los afectados han superado el proceso selectivo, han recibido evaluaciones favorables de inspección educativa, equipos directivos y tutores de prácticas, y han desarrollado con normalidad su actividad docente durante el curso escolar. Pese a ello, podrían perder el destino definitivo o verse obligados a repetir íntegramente la fase de prácticas por no completar en plazo un único cuestionario del entorno virtual.
El sindicato considera «absolutamente desproporcionado» que una incidencia técnica o administrativa puntual tenga consecuencias laborales de esa magnitud y recuerda que el propio diseño del CID, con múltiples módulos y cuestionarios sujetos a distintos plazos, ha incrementado la complejidad burocrática para un profesorado ya sometido a una elevada carga de trabajo. También denuncia cambios de criterio respecto a convocatorias anteriores, en las que sí existían mecanismos de recuperación o subsanación.
Entre las medidas planteadas por UGT figuran la reapertura extraordinaria de módulos pendientes, la aplicación de criterios de evaluación «proporcionados y razonables» y la apertura de un espacio de diálogo entre la administración educativa, las organizaciones sindicales y el profesorado afectado.
El debate sobre la burocracia docente
El conflicto coincide con el debate abierto en la Comunidad de Madrid sobre la carga burocrática que soporta el profesorado. El último acuerdo sectorial firmado entre la administración y varias organizaciones sindicales reconocía expresamente la necesidad de reducir trámites administrativos en los centros educativos.
El documento, aprobado por el Consejo de Gobierno en abril de 2025, incluía un compromiso para negociar «un plan de simplificación» destinado a disminuir la burocracia y mejorar el entorno laboral docente.
La Plataforma Prácticas Dignas sostiene que la situación actual evidencia precisamente las dificultades derivadas de esa sobrecarga administrativa. Los afectados describen un sistema con múltiples cuestionarios sujetos a fechas diferentes de apertura y cierre, circunstancia que multiplica los riesgos de errores formales en un contexto de intensa actividad docente.
Según explican, el profesorado en prácticas afronta además tareas adicionales vinculadas a tutorías, informes de evaluación, formación obligatoria y adaptación a los centros educativos.
Petición de diálogo a la nueva consejera
La plataforma ha solicitado formalmente una reunión con la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, para abordar el problema y estudiar vías de solución antes del cierre definitivo del curso escolar.
Los afectados consideran que todavía existe margen temporal para habilitar un módulo extraordinario de recuperación o mecanismos de subsanación semejantes a los utilizados en otras convocatorias y procedimientos administrativos.
En su comunicado, apelan a la «voluntad, flexibilidad y comprensión» de la administración educativa y recuerdan que el conflicto no afecta al desempeño profesional de los docentes evaluados favorablemente por inspección y equipos directivos.
Hasta el momento, la Consejería de Educación no ha comunicado públicamente si habilitará medidas extraordinarias para resolver las incidencias denunciadas por la plataforma y por el sindicato STEM.
