Más de la mitad de las leyes aprobadas en España tienen su origen en las instituciones europeas. De las 246 leyes aprobadas en España durante los cinco años de legislatura del Parlamento Europeo (2019-2024), un total de cincuenta y una aplican reglamentos europeos o transponen directivas en el ordenamiento jurídico español y otras ochenta y una contienen referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias.
En total, un 53,6% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales (Congreso y Senado) españolas durante la pasada IX legislatura de la Eurocámara, tienen origen en las instituciones europeas, según un análisis realizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Entre las normativas aprobadas para transponer directivas y aplicar reglamentos europeos figuran las relacionadas con la conciliación familiar, los residuos e impacto de plásticos, el sector ferroviario, la gestión de la Política Agraria Común (PAC), la Ley de Comunicación Audiovisual o las medidas aplicadas como consecuencia de la invasión de Ucrania.
La cifra se ha mantenido significativamente estable en estos cinco años, a pesar de determinados momentos de menor actividad legislativa a escala nacional, destacando el peso cualitativo y cuantitativo que tienen las decisiones adoptadas en el Parlamento Europeo.
Durante este quinquenio, el Congreso de los Diputados y el Senado han aprobado un total de 246 leyes. De ellas, 132 normativas regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea (UE), es decir, derivan de directivas o reglamentos comunitarios o se enmarcan en la normativa fijada por las instituciones europeas.
De esas 132 provenientes de Europa, cincuenta y una responden al mandato de aplicación de reglamentos comunitarios o a la transposición al ordenamiento jurídico interno de España de directivas aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Entre ellas destacan las Directivas sobre residuos e impacto de plásticos, sobre cooperación fiscal en la UE, de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se adapta a la nueva realidad del mercado audiovisual; la Directiva que establece un espacio ferroviario único para la UE; el Reglamento que regula la nueva Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust); o el Reglamento que recoge las normas que deberán aplicar los estados miembros a la hora de diseñar sus planes estratégicos para adaptarse a la nueva PAC.
Las otras ochenta y una leyes contienen referencias a recomendaciones o decisiones europeas, es decir, respetan la línea marcada por las instituciones de la UE, aunque no respondan directamente a un mandato de transposición.
El balance total durante la pasada IX legislatura del Parlamento Europeo demuestra que, cada año, las decisiones adoptadas en la UE tienen una influencia directa en prácticamente la mitad de las normas que se aprueban en España.
A día de hoy, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, España está pendiente de transponer cincuenta y cinco directivas europeas, la mayoría de ellas con fecha límite de transposición en 2024, 2025 y 2026.
Dos de ellas, relacionadas con los gases de efecto invernadero, debían haberse transpuesto antes del 31 de diciembre de 2023, y otras tres tenían de plazo marzo, abril y mayo de 2024.