Activistas de Greenpeace han organizado este 18 de junio 2022 una manifestación acuática, a lo largo de la dársena del río Guadalquivir en Sevilla, desplegando una pancarta flotante de cincuenta metros cuadrados y otras dos pancartas en varios kayaks con los lemas «Salvar el Agua» y «Transición Hídrica Justa ya», para demandar a los diversos partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas un cambio radical en la política de gestión del agua.
Este 17 de junio 2022 Madrid fue sede de las Naciones Unidas para hablar sobre desertificación y sequía y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que su prioridad para luchar contra este grave problema será centrarse en restaurar ecosistemas.
Cabe recordar que restaurar un bosque puede tardar más de cien años en ser efectivo para retener agua y evitar la sequía. Demasiado tiempo en plena emergencia climática, indica Greenpeace, que considera necesario actuar ya para abordar las causas que provocan estos impactos, como la agricultura y ganadería intensiva e industrial, el robo de agua, la mala gestión forestal o la contaminación, y «de nada de esto habló ayer Sánchez».
La elección de Andalucía para esta acción no es casual. La comunidad, que hoy se encuentra en jornada de reflexión, es una de las regiones más afectadas por la sequía y los problemas del agua. Las cuencas en peor estado del país son las del Guadalquivir y el Guadiana, con apenas un tercio de sus reservas. Por eso, el gobierno que se conforme tras los comicios de mañana debe acometer una reforma urgente que garantice, en cantidad y calidad, el acceso presente y futuro a este recurso básico.
La ciencia advierte que, en España, como consecuencia del cambio climático, el agua cada vez es -y será- más escasa, lo que supone un problema de primer orden. Actualmente las reservas de agua están al 48,17 por ciento de su capacidad, más de un 20 por ciento menos que la media de los últimos diez años.
A la escasez de lluvia, se suma el aumento de temperaturas que genera más evaporación, es decir, menos agua disponible. Estamos hoy mismo en una ola de calor excepcional para estas fechas. Y, por si fuera poco, sigue aumentando la contaminación del agua con vertidos urbanos, industriales y, especialmente preocupantes, los procedentes de la agricultura industrial y las macrogranjas, por su extensión y distribución difusa por todo el territorio nacional.
La agricultura y ganadería intensivas e industriales consumen más del ochenta por ciento del agua dulce, y es ahí donde deberíamos empezar a trabajar para poder gestionar mejor el recurso.
«España debe repensar cuánto, cómo y para qué riega. Necesitamos asumir que el cambio climático ya está suponiendo modificaciones en las aportaciones de agua y que los escenarios muestran posibles reducciones. Por eso debemos fijar un régimen de caudales ecológicos que garantice las necesidades de agua de las especies y los hábitats o, de lo contrario, estaremos llevando a España a una situación de colapso hídrico», comenta Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.
La agricultura será el sector que más sufra los efectos de la escasez de agua. Por eso, la organización remarca que es fundamental que este proceso de replanificación del uso del agua se haga sin dejar atrás a los pequeños agricultores.
Si no se hace de forma ordenada, serán las sequías o la situación de carestía de agua las que reduzcan las dotaciones y, con total seguridad, serán las partes más vulnerables del sector primario las que se verán más afectadas.
Por eso, demanda que se reoriente la política del agua hacia un nuevo modelo de uso y aprovechamiento del recurso a través de una transición hídrica justa, cuyo objetivo sea la sostenibilidad en términos ambientales y sociales.
Un cambio de enfoque hacia modelos de agricultura y ganadería ecológica, de baja huella hídrica y con políticas que redistribuyan el agua disponible con criterios de eficiencia productiva y laboral.
Greenpeace concluye que necesitamos reducir el regadío intensivo e industrial, acoplándolo a la disponibilidad de agua que el cambio climático ya está provocando, garantizando el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural y al relevo generacional del campo, y poniendo fin a la vulneración de los derechos humanos y laborales que a menudo ocurren en el sector.