Centenares de miles de personas colapsaron este 13 de noviembre 2022 el centro de Madrid para reclamar una sanidad pública de calidad, universal y gratuita, acorde con las necesidades de una sociedad compleja como es la de la Comunidad de Madrid, en la que se sitúan varias de las localidades con más renta per cápita del país a pocos kilómetros de otras a la cola, dualidad que también se produce en los barrios de la capital de España.
Cuando se escucha a los principales líderes de la derecha se recuerda aquella época en la que los madrileños tenían que aprenderse el catecismo de memoria en la enseñanza primaria y creer en dogmas, misterios, limbos e infiernos que la propia iglesia católica ha ido matizando o eliminando con el tiempo, porque también el catecismo de la economía liberal debería haberse actualizado después de las consecuencias que ha tenido su aplicación en países señeros del capitalismo como el Reino Unido o los Estados Unidos, o en la propia Unión Europea, en la que se ha tenido que emplear dinero público para salvar a la banca cuando se ahogaba en su propia burbuja inmobiliaria.
Cuando se escucha a la presidenta de la Comunidad de Madrid repetir los mantras sobre las ventajas de la colaboración público privada, que en realidad se refieren a desviar dinero público para pagar servicios médicos o de la educación privatizados, no sorprenden las caras de incredulidad de los diputados de los grupos parlamentarios de izquierda por la falta de rigor intelectual porque se les descalifique simplemente como «comunistas» semana tras semana, y tampoco sorprenden las caras de complacencia de una mayoría de los diputados de los grupos parlamentarios de derecha, porque para eso sus abuelos ganaron la «pelea» a los abuelos de los otros, y ahora Madrid es suyo.
Y si solo son una mayoría de los diputados de las derechas los que manifiestan complacencia es porque ya aparecen entre ellos quienes, con preocupación, consideran agotado ese discurso, ya no suma adeptos, y recelan que la resistencia que empieza a manifestarse en la sociedad no acabe materializándose también en las urnas, como ha sucedido en la América del Donald Trump o el Brasil de Jair Bolsonaro, o parece estar a punto de suceder en Reino Unido después de llevarse por delante de Boris Johnson o a la evanescente Liz Truss tras su apuesta por bajar los impuestos, que debidamente analizada como causante de una descapitalización que hubiera llevado el reino a la ruina, ha sido esa imagen que vale más que mil palabras sobre que significaría una Isabel Díaz Ayuso en La Moncloa.
La sanidad pública termómetro de la calidad de vida
Decía Angels Barceló en la SER esta mañana del 14 de noviembre que «no habrá acuerdo con las cifras, pero que más da. La manifestación de ayer en Madrid en defensa de la sanidad pública fue de aquellas que se recuerdan para siempre. Por su afluencia, la ciudad de Madrid colapsada durante horas, y por lo que significa: los madrileños, de manera multitudinaria reclamando que le devuelvan a la sanidad pública, lo que Isabel Díaz Ayuso, con premeditación, se está cargando».
Es un buen resumen de lo que significó la manifestación de ayer en Madrid y de la corriente de opinión que se está generando por las consecuencias negativas de la privatización de servicios sanitarios.
Es verdad que faltan médicos en toda España y que las listas de espera son igualmente desalentadora en todas las comunidades autónomas, pero también es verdad que Díaz Ayuso no renovó seis mil contratos vinculados a la pandemia por la COVID-19, y también es verdad que ha intentado abrir ahora 87 puntos de atención de urgencias extrahospitalarias con el mismo personal que atendía anteriormente a 47, mediante el recurso a consultas por videoconferencia o pedir voluntarios mal pagados en su jornada habitual para hacer jornadas extraordinarias, y que esta idea peregrina le costado la relación con asociaciones profesionales que hasta ahora se habían mantenido al margen del conflicto, después de que médicos no dispuestos a soportar condiciones degradantes de trabajo y ataques personales a su integridad profesional decidieran pedir excedencias temporales hasta que cambien las circunstancias.
Es llamativa la queja de los consejeros del gobierno regional y de la propia Díaz Ayuso de que se trata de una huelga política, porque se trata precisamente de responder a decisiones políticas que congelan o reducen los presupuestos para la sanidad pública al tiempo que incrementan los capítulos destinados a la privatización de servicios sanitarios relacionados con la mayoría de las especialidades médicas.
Pero ese también es un recurso finito, para acortar una lista de espera de más de seis meses con el otorrino en La Paz, ofrecen ahora una cita en la Fundación Jiménez Díaz dentro de tres meses, así que la pregunta es cómo piensan los ideólogos de la sanidad privada responder al agujero que se está creando en Madrid por la falta de profesionales sanitarios que acepten condiciones leoninas de salarios y jornadas de trabajo.
Hay un dato que incluso para quienes no dominan la terminología económica resulta clarificador, Madrid es la comunidad con mayor renta per cápita de España con 32.048 euros en 2020, y la que menos dedica por persona a la sanidad pública, 1207 euros en 2021, cinco euros menos que en 2020. Estas son las decisiones políticas a las que respondía ayer la ciudadanía madrileña.
Parece difícil revertir con rapidez esta situación, sobre todo cuando se incrementa la necesidad de dar respuesta al mismo tiempo a otros problemas sociales sobrevenidos por la paralización económica que supo la pandemia en 2020 y 2021, y en este 2022 por la guerra en Ucrania, pero sí resulta indiscutible que se necesitan más recursos públicos, en Madrid, en España y en la Unión Europea, y que esos recursos públicos solo se consiguen recaudando más impuestos.
Los gobiernos europeos ya están en ello, el gobierno de España también, pero el gobierno de Madrid promueve todo lo contrario, se reduce el IRPF en una iniciativa que solo tiene beneficios claros para quienes ganan sueldos elevados, porque un uno por ciento de mil euros resulta irrelevante, pero de diez mil euros son ya cien euros que se pueden gastar en unas cañas, meter en una hucha o en un seguro complementario de salud.
Es verdad que ayer se oyeron gritos de «Ayuso dimisión», pero no era una reivindicación política, sino de protesta por una mala gestión, es verdad que representaron a la presidenta con una nariz alargada como Pinocho, pero tampoco era un ataque político, sino un signo de que se está perdiendo credibilidad y de que sus constantes referencias a que Madrid tiene la mejor sanidad pública de España no sirven para tapar una realidad que cada vez se muestra con más crudeza: nuestros mayores no tienen la atención necesaria en las residencias o el médico de familia ya nos les atiende presencialmente en la consulta, los especialistas citan con meses suficientes para que la dolencia haya pasado por si sola o haya aflorado como urgencia atendida en un hospital, el número de pediatras ha disminuido sensiblemente y en algunos municipio como Tres Cantos se ha dado la situación de estar solo uno disponible para un censo en torno a los ocho mil menores de catorce años, todo ello fruto de que «de cada dos euros presupuestados para la sanidad pública en Madrid, uno termina en bolsillos privados».
Por eso compartimos el que da igual que hayan sido doscientas mil o seiscientas mil las personas que convergieron en Cibeles en cuatro marchas desde Nuevos Ministerios, Atocha, el Hospital de La Princesa u Ópera, levantando pañuelos blancos en solidaridad con los profesionales de la sanidad que ya se llevan movilizando como «Marea blanca» desde hace cuatro años «pisando el asfalto de Madrid y mirando a los ojos a sus conciudadanos para decirles lo que no les dejan ver, de forma directa, sobre la mala praxis y perniciosa política edulcorada de la que somos víctimas y sobre las gravísimas consecuencias que persiguen eliminar el rastro universal y de calidad que nuestra Sanidad Publica tenía», escribía hace unos días la coordinadora de ese movimiento Carmen Esbrí.
En Madrid, ayer, se volvió a aplaudir a médicos, enfermeras y celadores por haber mantenido las iniciativas de la «Marea blanca», y se guardó un minuto de silencio por los fallecidos en las residencias de ancianos durante los momentos más duros de la COVID-19 entre gritos de «No son muertes, son asesinatos», valorando que la Fiscalía haya decidido ahora amparar las demandas de los familiares para que se aclare lo sucedido y nunca más pueda repetirse esa falta de humanidad en las residencias.
Añadiré que la esperanza de muchos «hijos de la posguerra» que llegamos a pensar de buena fe que se cumpliría aquel aserto de Alfonso Guerra de «España no la reconocerá ni la madre que la parió» después de los gobiernos socialistas de Felipe González, y que hemos asistido desolados a la reversión de muchos derechos humanos y civiles cada vez que la derecha ha alcanzado el poder, podamos constatar que estos últimos años de sucesivos presidentes de la Comunidad de Madrid que tuvieron que abandonar de mala manera el cargo, más la suma actual de los años de presidencia de Isabel Díaz Ayuso, hayan servido de vacuna para que la gestión política del futuro, sea el gobierno del color que sea, se aparte de esa deriva privatizadora de lo público y, todo lo contrario, apueste por una administración pública con recursos suficientes para satisfacer las necesidades fundamentales de toda la sociedad.