Esta pieza no narra el incendio. Lo hará otra, cuando haya hectáreas, causas y responsabilidades cerradas. Aquí hacemos algo distinto y previo: levantar acta de lo que la Comunidad de Madrid decía, gastaba, presupuestaba y necesitaba en materia de seguridad civil en el momento justo anterior a la primera llama. Cuatro ejes y un mismo hallazgo: la emergencia estaba escrita en los expedientes antes de estarlo en la sierra.
La víspera, día a día
Antes de abrir los cuatro ejes, la secuencia completa. No es la crónica del incendio —esa vendrá cuando el episodio termine—, sino el orden de los hechos: cada afirmación oficial junto al dato que, en ese mismo instante, la matizaba o la desmentía.
10-11 de junio de 2024. Carlos Novillo presenta el Plan INFOMA 2024 con 47 millones de euros —un 5,3 por ciento más— y proclama que Madrid tiene la mayor concentración de medios humanos y materiales de toda Europa. Sombra: es la primera aparición documentada de una fórmula que se repetirá, casi idéntica, cada verano.
Noviembre de 2024. Las Cortes aprueban la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, que fija una categoría profesional única y reconoce los pluses de peligrosidad, toxicidad y esfuerzo físico. Sombra: la Comunidad no la aplicará a una parte significativa de su plantilla, origen del conflicto que llegará hasta el fuego de julio de 2026.
Junio de 2025. Nueva campaña, 50,9 millones —un 8,4 por ciento más— y estreno de la helisuperficie rehabilitada de Las Rozas, «la joya de la corona». Novillo insiste en que Madrid es la región que más invierte por hectárea de Europa. Sombra: ese mismo verano arden Loeches, Tres Cantos y Villamanta.
15 de julio de 2025. La plantilla de bomberos forestales de Tragsa inicia una huelga que se prolongará durante meses. Sombra: la Administración deja pasar un año entero sin cerrar el acuerdo.
17 de febrero de 2026. La Comunidad anuncia cinco nuevos parques de bomberos —Cobeña, Loeches, Torrejón de Ardoz, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés—, un 23 por ciento más de infraestructuras, y Novillo defiende que «la carrera contra el tiempo es esencial». Sombra: esa misma semana, el Comité de Seguridad y Salud denuncia ante la Inspección de Trabajo el estado deficiente y peligroso de sus bases, con amianto incluido.
12 y 20 de junio de 2026. Campaña INFOMA 2026: 52,7 millones —un 3,5 por ciento más— y 6110 efectivos. Novillo repite que la región cuenta con la mayor concentración de medios aéreos y terrestres de Europa por hectárea forestal. Sombra: deflactado por el IPC, ese aumento es de apenas tres décimas reales; la inversión llega al verano prácticamente congelada.
16 de julio de 2026. Infobae revela que unos sesenta bomberos forestales públicos permanecen aparcados en Las Rozas, sin vehículos ni herramientas; Más Madrid lo atribuye a un choque personal del consejero. Sombra: seis días después, esa falta de personal será el argumento del propio consejero.
Miércoles 22 de julio de 2026. En rueda de prensa, Novillo presume del operativo antiincendios más potente de Europa, con más de quinientos sesenta efectivos diarios, y sostiene que Madrid puede auxiliar incluso a las comunidades vecinas; preguntado por el malestar del dispositivo, responde que está todo bajo control. Sombra: la plataforma sindical cifra en unos doscientos treinta los efectivos que faltan respecto al verano anterior.
23-24 de julio de 2026. Dos días después, la Comunidad solicita la Situación Operativa 3 de interés nacional —la primera de la historia en un incendio en España—, el mando pasa al Estado y a la UME, y Novillo admite que el fuego está en su momento álgido y fuera de la capacidad de extinción; se evacúan Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey bajo la consigna de que «la prioridad es salvar vidas». Sombra: el operativo «más potente de Europa» y la petición del máximo nivel de emergencia caben en cuarenta y ocho horas.
25 de julio de 2026. En Agropopular, Novillo habla de un monstruo y pide a los huelguistas «responsabilidad y lealtad» para que abandonen la huelga, mientras el Gobierno regional anuncia que estudia acciones jurídicas contra los sesenta forestales. Sombra: un bombero, Óscar de Castro, replica que combatir y reparar costará «muchísimo más ahora» que haber invertido a tiempo en prevención. Al cierre de la semana, el fuego roza las doce mil hectáreas y afecta a decenas de miles de personas: el mayor registrado en la historia de la región.
Primer eje — Las declaraciones
Cada verano, al presentar la campaña, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, repite una misma fórmula. En junio de 2024, al dotar el Plan INFOMA con 47 millones de euros, proclamó que Madrid era «la que dispone de mayor concentración de medios humanos y materiales de toda Europa». En junio de 2025, con 50,9 millones y la helisuperficie de Las Rozas recién rehabilitada como «joya de la corona», insistió en que era la región que más invierte por hectárea de Europa. Y en junio de 2026, con el plan elevado a 52,7 millones y 6.110 efectivos, volvió a presumir de «la mayor concentración de medios aéreos y terrestres de Europa por hectárea forestal». Tres campañas, el mismo superlativo comparativo: siempre «por hectárea», siempre «de Europa». Conviene atribuirlo como afirmación del consejero, no darlo por dato: nunca aparece acompañado del estudio comparado que lo sostenga.
La víspera del fuego no rompió el guion; lo llevó a su extremo. El miércoles 22 de julio, en rueda de prensa, Novillo aseguró que Madrid tenía el operativo antiincendios «más potente de Europa», con más de quinientos sesenta efectivos diarios, capaz incluso de auxiliar a las comunidades vecinas; preguntado por el malestar del dispositivo, respondió que estaba todo bajo control. Cuarenta y ocho horas después, entre el 23 y el 24 de julio, la misma Comunidad solicitaba la Situación Operativa 3 de interés nacional —la primera de la historia en un incendio en España— y su consejero admitía que el fuego estaba «fuera de capacidad de extinción». Aquí paramos, en el punto exacto donde la última jactancia se encuentra con la primera rendición. Lo que vino después es otra historia, y no es la de este balance.
Segundo eje — Los gastos
Del dicho al gasto ejecutado, el relato pierde lustre, y la pieza central son los medios aéreos, porque Madrid no los posee: los alquila a operadores privados. El expediente A/SER-018476/2021 —tramitado por la Consejería de Presidencia, no por la de Medio Ambiente, lo que lo sitúa en una caja distinta del INFOMA— fijó un presupuesto base de 11,69 millones para dos años y diez helicópteros, y se adjudicó por unos 10,3 millones a tres compañías: Sky Helicópteros, Eliance y Pegasus Aviación. El contrato que lo relevó en agosto de 2024 elevó ese presupuesto base a 15,1 millones por la misma dotación: un 30 por ciento más, base contra base. La misma capacidad aérea cuesta un tercio más en un solo ciclo; buena parte del «más inversión» no compra un helicóptero adicional, paga la inflación del alquiler de los que ya volaban.
Y ese alquiler arrastra sombras. El expediente registra penalidades al contratista en 2023 y en 2024, y dos de sus tres adjudicatarias —Pegasus y Eliance— figuran entre las empresas que la CNMC empezó a investigar en enero de 2026 por un posible cártel en las licitaciones de aviación de emergencia; es una investigación abierta, sin resolución, y rige la presunción de inocencia. La propia Eliance acumula incumplimientos ajenos a Madrid —Galicia le rescindió el contrato del 061 y la sancionó con 145.000 euros— y, en la propia región, Sanidad le abrió cuarenta expedientes de penalización en el servicio sanitario del SUMMA 112. Ni la «joya de la corona» es lo que aparenta: la helisuperficie de Las Rozas exhibida como estreno en 2025 es una base construida en 2008.
En tierra, el cuadro se repite. La Comunidad reconoció en 2024, al comprar vehículos, que su parque móvil superaba los veinte años de antigüedad; la renovación —dieciséis millones para veinticuatro vehículos eléctricos, y una nueva tanda de treinta y seis bombas rurales pesadas en julio de 2026— llega a cuentagotas sobre ese envejecimiento. Lo visible y fotografiable, en cambio, se financia sin fricción: 2,2 millones en vestuario nuevo y 26,9 en los cinco nuevos parques de bomberos —Cobeña, Loeches, Torrejón de Ardoz, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés—, un 23 por ciento más de infraestructuras levantadas, eso sí, en municipios de crecimiento residencial y bajo una métrica urbana: atender al 90 por ciento de la población en menos de diez minutos. Es ladrillo en el barrio, no anticipación en el bosque.
Tercer eje — Los presupuestos
Las cifras, leídas con lupa, dicen menos de lo que gritan los titulares. Para empezar, no son una sola caja sino tres, y conviene no sumarlas: el Plan INFOMA (52,7 millones en 2026, en su mayor parte gasto corriente), el presupuesto de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 (187,9 millones, un 4,8 por ciento más) y el capítulo de capital del Programa de Inversión Regional (los 26,9 millones de los parques). Tres consejerías, tres lógicas; fundirlas en un solo «récord» es contar tres veces la misma voluntad política.
Y, sobre todo, el INFOMA crece bastante menos de lo que aparenta. En euros corrientes pasó de 44,6 millones en 2023 a 52,7 en 2026: un 18 por ciento más. Pero, descontada la inflación media que publica el INE —del 3,5, el 2,8 y el 2,7 por ciento en esos años—, el aumento real de todo el trienio se queda en torno al 8,5 por ciento, y el de 2026 se reduce a tres décimas: la campaña que ardió llegó con la inversión real prácticamente congelada. El deflactor específico es aún más severo que el general: si los medios aéreos, que se alquilan, subieron un 30 por ciento en un solo ciclo, su coste real no crece, mengua.
Cuarto eje — Las necesidades
Frente a la palabra, el gasto y el presupuesto, el cuarto eje es el más incómodo: lo que faltaba, y constaba que faltaba, antes del fuego. La plantilla forestal llevaba en conflicto desde el 15 de julio de 2025 —una huelga sin cerrar un año después—, con la Ley 5/2024 básica de bomberos forestales sin aplicar a buena parte de sus efectivos.
En pleno julio de 2026, unos sesenta forestales seguían «aparcados» sin vehículos ni herramientas. El nuevo modelo de Tragsa —cuatrocientos veinte personas todo el año frente a las quinientas cincuenta de los cuatro meses de máximo riesgo— dejaba el operativo con ciento diez trabajadores menos y las labores preventivas de invierno recortadas.
Las instalaciones eran un pasivo conocido. En febrero de 2026, el Comité de Seguridad y Salud denunció ante la Inspección de Trabajo que diecisiete de las veinticinco bases forestales incumplían la norma: edificios envejecidos, sin separación entre zonas limpias y sucias, y varias con cubiertas de uralita con amianto, un cancerígeno de retirada cara y regulada. Las deficiencias se habían comunicado durante años sin respuesta estructural: el coste de reposición diferido hecho carne, un lastre que no figura en ningún «23 por ciento más en infraestructuras».
Esta es la brecha del balance. Entre lo que se decía —el operativo más potente de Europa—, lo que se gastaba —alquiler encarecido y ladrillo en el barrio—, lo que se presupuestaba —un récord que la inflación deja casi plano— y lo que se necesitaba —plantilla, bases y prevención—, la distancia era pública y estaba documentada antes de la primera chispa. No hizo falta el incendio para verla. Cada anuncio de nuevo gasto seguía la estela de un agujero previo, hijo de una política que presenta la contención como buena gestión. Y ese mecanismo —vender la escasez como virtud— no es exclusivo del fuego.
El agua: el mismo guion, en voz baja
Se repite, más callado, en el agua; y no por casualidad con el mismo protagonista, porque Carlos Novillo es a la vez consejero de Medio Ambiente y presidente de Canal de Isabel II.
El argumento de escaparate lo resumió en marzo de 2025 el diputado del PP Daniel Portero —ingeniero de Caminos y voz del partido en materia de agua—: Madrid tiene «las tarifas más bajas», el litro más barato de España, una tarifa que «no se ha subido en diez años». Lo presenta como prueba de buena gestión. Es «el operativo más potente de Europa» trasladado al grifo: un superlativo comparativo vendido como virtud.
La sombra es idéntica en su lógica. Ese litro baratísimo convive con un coste de depuración que sube al ritmo que Bruselas endurece la norma de vertidos, y el propio Canal lo admite en su Plan Estratégico 2025-2030, presentado en febrero de 2025: una inversión «histórica» de más de dos mil millones de euros —un 56 por ciento por encima de la media de la última década—, de los que más de doscientos treinta se destinan expresamente a adecuar las depuradoras a «unas normativas cada vez más exigentes». Y el escalón que la tarifa congelada venía aplazando ya tiene calendario: el mismo plan fija subidas del tres por ciento anual entre 2025 y 2030. Diez años de tarifa nominal quieta no eran prudencia; eran infrarrecaudación acumulada que ahora reaparece a plazos.
Aquí el rigor pesa más que en ningún otro punto, porque el terreno resbala. La cifra hay que darla bien: Portero habló de «unos 1500 millones», que es la magnitud del plan anterior, el de 2018; el vigente asciende a más de dos mil, y la partida que va específicamente a la norma europea de depuración es de doscientos treinta millones. No conviene fundir esas cantidades ni rotularlas sin más como «tratamiento de lodos»: hay que bajar al documento y desglosar. Y la afirmación de que «el Canal ha asumido las multas de Europa» mezcla dos expedientes distintos: la sanción de 2018 por la Directiva de aguas residuales urbanas recayó sobre aglomeraciones andaluzas, Gijón y Canarias, no sobre Madrid; la condena de 2024 que sí toca a Madrid es la de nitratos de origen agrario, que es otra cosa. Atribúyase la afirmación —«el diputado sostiene que…»— y exíjase el expediente concreto antes de darla por buena.
Con esas cautelas puestas, la conclusión resiste y es la misma que la del fuego: el precio bajo no es el logro, es el síntoma. El vatio se paga; el litro no. Cuando el coste real de sostener un servicio esencial no se repercute —ni en la factura del agua ni en la reposición de los medios contra el fuego—, no desaparece: se acumula y regresa más tarde y más caro, disfrazado de plan «histórico», de tarifa que sube a plazos o de bases con amianto. El anuncio del gasto extraordinario, en el bosque o en el grifo, nunca cierra el agujero: lo confiesa.
